Núñez abre otra pieza de los ERE contra cinco exaltos cargos y el exparlamentario del PSOE Ramón Díaz

Actualizado 31/03/2017 11:18:34 CET

SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, ha abierto una nueva pieza separada por la ayuda de 35.952.537,26 euros concedida a la empresa A-Novo Comlink España y ha incluido en la misma como investigadas a un total de 12 personas, entre ellas cinco exaltos cargos de la Junta de Andalucía y el exparlamentario andaluz del PSOE Ramón Díaz.

En un auto difundido por el TSJA, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada incluye como investigados en esta pieza separada a los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y a los ex directores generales de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete.

Asimismo, la juez incluye en la pieza por la ayuda a esta empresa, ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga, a los exasesores de Empleo María José Rofa y Ramón Díaz, así como a un abogado.

De igual modo, la magistrada investiga al presidente del Consejo de Administración de la empresa, Gilbert Weill, y al consejero delegado de A-Novo, Carlos Castiñeiras, a los que cita a declarar el próximo 1 de junio, así como a José F. Pardo Fernández, alto directivo de la empresa y representante e "interlocutor" con la Consejería de Empleo, y al 'intruso' Manuel Jiménez de Miguel, ligado al PSOE de Sevilla.

La juez precisa que, en esta pieza, se investiga la ayuda concedida a A-Novo Comlink en los años 2005-2010 por la Dirección General de Trabajo, de forma que el importe de la subvención ascendió a 35.952.537,26 euros.

De esta cantidad, 32.116.280,23 euros se destinaron como ayuda a la empresa para el pago de las indemnizaciones por suspensión de los contratos de trabajo y jubilaciones parciales de 224 trabajadores, de los que 223 estaban afectados por tres expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) desarrollados en 2005, 2007 y 2008, mientras que "un trabajador no figura incluido en ninguno de los ERTE analizados".

"PAGOS CRUZADOS"

Asimismo, los 3.836.257,03 euros restantes se corresponden con una ayuda a la empresa para el pago por compensación por la venta del inmueble mediante la formalización debida de una póliza de seguro cuyo asegurado es el presidente de la empresa, Carlos Castiñeiras, siendo la empresa la beneficiaria.

Según expone la juez, estas ayudas fueron pagadas por IFA/IDEA con cargo a los fondos recibidos de la Consejería de Empleo como "transferencia de financiación", mientras que su concesión fue realizada por la Dirección de Trabajo mediante dos convenios firmados con IDEA en febrero de 2006.

La magistrada asevera que el pago de la ayuda se efectuó utilizando el "irregular" sistema de "pagos cruzados".

En el auto, la juez dice que Gilbert Weill, como presidente del Consejo de Administración de A-Novo, firmó junto a Guerrero el acuerdo de fecha 18 de julio de 2005 "que originó las actuaciones descritas", mientras que Carlos Castiñeiras, como consejero delegado, figura como asegurado de la póliza "que enmascaraba la ayuda directa concedida a la empresa por la Junta por 3.800.000 euros".

De su lado, José F. Pardo, alto directivo de la empresa y representante e "interlocutor" con Empleo, fue quien "conociendo las bendiciones y permisividad con la empresa por parte de la Administración, sin mediar solicitud y sin que consten datos económicos, conseguiría ser beneficiario" de una póliza de rentas mensuales que oscilaban entre 6.421,38 euros (en 2006) y 10.043,88 euros (2015) mensuales, con un incremento anual del 4,5 por ciento y un coste de prima de 1.049.959,37 euros.

'INTRUSO' LIGADO AL PSOE DE SEVILLA

Respecto a Manuel Jiménez de Miguel, la juez asegura que se trata de la persona que "presuntamente sin prestar servicios efectivos para A-Novo y por el simple hecho de su pertenencia al PSOE de Sevilla, sin mediar solicitud y sin requisito para ello, sería beneficiario de una póliza especial por la que se le garantizaban" rentas mensuales que oscilarían entre los 2.159,75 y los 9.221,02 euros desde abril de 2008 hasta febrero de 2017, con un coste de prima de 495.251,69 euros.

Este dinero fue abonado por la Junta de Andalucía "mediante pago cruzado y contra los costes financiados respecto al ERE 18/08, a pesar de no estar incluido ni en este expediente ni en ninguno de los relativos" a la empresa, concluye la juez.

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