PSOE e IULV-CA alaban la diligencia en la actuación, mientras que el PP considera la misma "muy tardía"
SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, ha comparecido a petición propia en el Parlamento --uniéndose a la solicitud de otros grupos-- para informar de la conclusión del procedimiento de información reservada instruido en la Delegación Territorial de Sevilla tras las irregularidades detectada en la cobertura de puestos docentes en el Polígono Sur.
De la Calle, durante la celebración de la Comisión de Educación, ha destacado que, como consecuencia de este hecho, se ha dictado una instrucción por la que se regulan las pautas de actuación para todas la Delegaciones Territoriales de Educación sobre la provisión de puestos de trabajo específicos.
Además de la obligatoriedad de la provisión conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, la instrucción recoge especificaciones para aquellos puestos habilitados por convenios o acuerdos de colaboración cuya ocupación habrá de hacerse por convocatoria pública y con requisitos y méritos valorables y evaluables. Estos deberán quedar recogidos y avalados por las comisiones de seguimiento de los mismos. También se establece un seguimiento de los mencionados puestos y su registro a través del sistema integrado de gestión de los recursos humanos.
La titular de Educación ha indicado que se trata de una serie de pautas "tendentes a corregir cualquier vacío que haya permitido la adopción de medidas erróneas y a establecer medidas correctoras para que no vuelva a ocurrir incidencias de este tipo".
Ha recordado que las incidencias afectan al organigrama creado en esta zona deprimida de la capital hispalense, a la que la Consejería adscribió en su día a cuatro profesores no universitarios para colaborar en el estudio de las necesidades de compensación educativa del barrio.
Así, la consejera, que ha explicado que "la administración pública cuenta con mecanismos suficientes para restablecer los posibles errores o incumplimientos detectados en el normal desarrollo de su actividad", como es el caso del régimen disciplinario, ha recordado la apertura de sendos expedientes disciplinarios a los dos funcionarios que indica la información reservada.
Asimismo, y conforme a las propuestas del instructor y ante la "lógica pérdida de confianza", la delegada territorial de Educación, María Francisca Aparicio, ha procedido al cese de dos de sus jefes de servicio (Gestión de Recursos Humanos y Ordenación Educativa), puestos que son de libre designación y, por tanto, de libre remoción.
Una vez concluya la instrucción de los dos expedientes disciplinarios, De la Calle ha añadido que hará públicos los resultados y se adoptarán las decisiones que dirimirán cualquier tipo de responsabilidad existente, "pero hasta entonces debe prevalecer la objetividad, la legalidad y la garantías jurídicas para todo el personal inmerso en el procedimiento".
En este sentido, la consejera ha explicado que durante la instrucción de los expedientes se informará a las personas interesadas, que podrán formular alegaciones y que tendrán derecho al trámite de audiencia y vista del expediente.
Adelaida de la Calle ha subrayado que es "la primera interesada" en despejar cualquier duda que pueda haber en relación a la provisión de éste y de cualquier puesto que afecte a la Consejería y sobre los que haya "la más mínima duda"; si las hay, "se actuará con diligencia, tal y como lo hemos hecho, para, con indicios razonados, y no con conjeturas, averiguar lo que ha ocurrido y actuar en consecuencia".
La consejera ha manifestado que "somos servidores públicos y cumplir con los procedimientos, con el ordenamiento jurídico y velar por el interés general deben ser para nosotros máximas incuestionables".
Tras las primeras intervenciones de los grupos, De la Calle ha insistido en la necesidad de no hacer "causa general" ni "deslizar insinuaciones" sobre una administración en la que "son muchos los profesionales que trabajan día a día de una manera seria, responsable, eficaz e incluso entusiasta". "Corremos el peligro de hacer juicios sumarísimos mediáticos y partidistas, cuando saben que en la administración hay mecanismos para resolver casos como éste", agrega.
Por último, la titular autonómica de Educación ha aseverado que su departamento será "contundente" para la petición de responsabilidades "de cualquier índole" cuando se haya cometido o consentido "cualquier tipo de irregularidad".
PODEMOS ABANDONA LA COMISIÓN
La réplica del PP ha venido de boda de la diputada Patricia del Pozo, cuyo partido no ciñe el caso a "una única irregularidad", apuntando por contra a la "creación y mantenimiento de un único sistema opaco y paralelo" que "durante más de diez años no ha estado sometido a la normativa vigente de asignación docente bajo los principios de mérito, igualdad y capacidad".
Se trata, en su opinión, de una "conculcación clara y grave" de la legalidad vigente, con un sistema "que ha generado una enorme desconfianza en la ciudadanía" y con el que "no se ha librado ni uno de los servicios de la Delegación". Por ello, Del Pozo ha apuntado a la "impunidad" de las actuaciones, frente a las que se ha intervenido de forma "muy tardía".
Por parte de Ciudadanos, la parlamentaria Marta Escrivá ha apuntado a la responsabilidad del anterior delegado territorial de Educación, Francisco Díaz Morillo, y ha instado a la Consejería a resolver "éste y todos los casos donde no haya una buena cobertura", sin que la continuidad de un profesor "dependa únicamente de un informe del director".
En lo tocante a la postura de IULV-CA, su portavoz en la comisión, Antonio Maíllo, ha alabado la diligencia en la actuación de la Consejería al afrontarlo de manera "transparente", si bien cree que el asunto "no ha acabado", expresando su preocupación por el ambiente de "impunidad" y por la conveniencia de replantearse los criterios de la selección ponderada.
Asimismo, la diputada del PSOE Adela Segura ha hecho hincapié en la actuación de Educación, mostrando su extrañeza por el hecho de que no se hayan hecho denuncias "ante tantas personas que han trabajado fuera de la norma".
La anécdota ha llegado durante el turno de intervención de Podemos, en el cual su portavoz de Educación, Libertad Benítez, no ha tratado el tema que se debatía y sí ha realizado un alegato a favor de la escuela pública y de apoyo a la huelga educativa convocada este miércoles a nivel nacional, tras lo cual se ha levantado y ha abandonado la comisión, junto al resto del grupo, para apoyar a los manifestantes, lo que le ha valido las críticas del PSOE.
Aunque Podemos volvió a la comisión para el debate del segundo punto --relativo a la problemática de los docentes de Educación Física--, el resto de comparecencias a petición de la formación morada y de preguntas fueron retiradas.
