SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
Coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, representantes de diferentes organizaciones sociales participantes en la campaña 'Pobreza Cero' han trasladado a los portavoces de la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales en el Parlamento de Andalucía sus reivindicaciones para luchar contra los niveles "escandalosos" de desigualdad que afectan tanto a España como al resto del mundo
El objetivo de esta reunión, en la que también ha participado el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha sido trasladarles las propuestas lanzadas por la campaña a nivel estatal, que este año lleva el lema 'Muévete contra la desigualdad obscena', reivindicando su cumplimiento también en el marco de las competencias autonómicas.
Así, en un comunicado, han señalado que durante todo el mes de octubre, numerosas localidades del Estado español están denunciando la "desigualdad obscena" que afecta gran parte de la humanidad, "una desigualdad que tiene causas y responsables, y que se da tanto entre países como en el interior de cada país".
"Esta desigualdad es muestra de una economía enferma", señalan, al tiempo que recuerdan que "hoy, las 8 personas más ricas del mundo poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad" y que la FAO ha anunciado que "el hambre en el mundo crece por primera vez en 14 años y afecta a 815 millones de personas".
Además, señalan que el Estado español "no es ajeno a esta realidad, donde la concentración de renta ha sido un proceso constante durante la crisis, a la vez que se ha incrementado el número de personas que viven en riesgo de pobreza y de exclusión social, se reducen los salarios y se incrementa el coste de vida".
"En Andalucía, casi 3,5 millones de andaluces, el 41,7 por ciento de la población, vive en riesgo de pobreza, según la tasa Arope. Estas cifras son escandalosas y obscenas, de la misma forma que la existencia de 12 billones de dólares en paraísos fiscales de todo el mundo", lamentan.
De este modo, las medidas propuestas por 'Pobreza Cero' para revertir esta desigualdad se agrupan en protección social, cooperación para el desarrollo y justicia fiscal. Sobre la primera, apuntan que las políticas públicas de protección e inclusión social son una de las formas más efectivas para atajar las desigualdades, frenar el incremento de la pobreza y la exclusión y que se propone reducir la brecha de inversión social existente con respecto al resto de la Unión Europea, hasta alcanzar un mínimo del 30% del PIB, adecuando los planes de estabilidad europea a este criterio.
Frente a esto, la campaña promueve ampliar las inversiones en educación y en medidas eficaces para la protección de la infancia, para reducir el desfase con la media europea; incrementar las inversiones en sanidad y anular el Real Decreto 16/2012 para restaurar la sanidad universal; recuperar los presupuestos para las políticas para la igualdad de género y los planes contra la violencia de género; ampliar las medidas de protección del desempleo y la inserción socio-laboral; elevar la Renta Mínima de Inserción, cumpliendo la Ley de Prestación de Ingresos Mínimos o Renta Mínima Garantizada; y cumplir la Ley de Dependencia y pagar las ayudas que se recogen en la misma.
Por su parte, sobre cooperación para el desarrollo, manifiestan que los estados tienen una responsabilidad de cooperar internacionalmente y dar asistencia para compensar las capacidades, recursos e influencia de otros Estados. Tienen además el deber de ayudar a la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas en otros países que, sea por las razones que fuere, no están en situación de poder garantizarla. Este compromiso ha sido renovado por la comunidad internacional, incluido el Estado español, con la firma en 2015, de la Agenda 2030.
"La cooperación al desarrollo debe estar orientada a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la defensa de los bienes públicos globales, y tiene que estar desligada de intereses comerciales, de seguridad y de control de fronteras", manifiestan, al tiempo que indican que desde 2010 el Estado español, tanto en el Gobierno central como en los gobiernos autonómicos, "ha dado marcha atrás en este esfuerzo de destinar el 0,7%, situándose en los niveles más bajos respecto a los países de la OCDE y en sus mínimos históricos. Andalucía se encuentra en el 0,14%, muy lejos de los compromisos que marca el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2015-2018".
Para ello, apuesta por recuperar el presupuesto de cooperación para el desarrollo en todos los niveles (estatal, autonómico y local) en línea con el compromiso con el 0,7 por ciento de la Renta Nacional Bruta, o el PIB en el caso autonómico. La recuperación debe poner el foco en la ayuda humanitaria, la educación para la ciudadanía global, los programas de género, el cumplimiento de la Agenda 2030 y el fortalecimiento del papel de la sociedad civil.
También impulsar elaumento significativo de la ayuda humanitaria, que debería alcanzar el diez por ciento de la ayuda al desarrollo, más aún en el contexto de emergencia para atender las cuatro grandes hambrunas existentes que afectan a 20 millones de personas en el Cuerno de África; Sudán del Sur; Sahel y Yemen y la crisis de desplazamiento global forzoso.
Por último, sobre justicia social, aseguran que "un sistema fiscal progresivo es la herramienta más importante a disposición de los gobiernos para luchar contra la desigualdad. El fraude fiscal y las prácticas fiscales injustas erosionan, por tanto, las políticas públicas sociales, ambientales y, en consecuencia, la calidad democrática de un Estado además de tener consecuencias en la pobreza y la desigualdad".
Así, ven "necesario que las políticas públicas sociales de protección e inclusión se financien a través de un sistema tributario justo y de medidas redistributivas. El fraude fiscal y la elusión fiscal siguen representando más del 9% del PIB del Estado español. Las grandes fortunas y grandes empresas siguen pagando proporcionalmente muchísimo menos de lo que les corresponde".
Ante esto, proponen aprobar una Ley contra el Fraude Fiscal que apunte hacia la erradicación de los paraísos fiscales y la lucha contra la evasión de capitales y contra la corrupción e implementar inmediatamente el Impuesto sobre las Transacciones Financieras.
