El Parlamento aprueba medidas para que Junta restituya derechos de docentes de universidades públicas

 

El Parlamento aprueba medidas para que Junta restituya derechos de docentes de universidades públicas

Publicado 20/04/2017 18:59:39CET

SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento andaluz ha aprobado este jueves, con un apoyo parcial de los grupos, una proposición no de ley defendida por Podemos Andalucía que recoge una batería de medidas para la restitución de los derechos del personal docente e investigador de las universidades públicas de Andalucía.

En virtud de la iniciativa aprobada, que ha sido transaccionada por otros grupos, la Cámara reclama a la Junta que reconozca quinquenios y sexenios y proceda a su retribución para el personal laboral de todas las universidades públicas de Andalucía con efectos a partir del 1 de enero de 2018.

Además, pide una nueva convocatoria de complementos autonómicos por parte de la Junta durante el primer cuatrimestre del curso académico 2017-2018; además de utilizar los instrumentos de negociación colectiva para cumplir con todo lo anterior.

De igual modo, pide estudiar la posibilidad de modificar el convenio colectivo del Personal Docente e Investigador (PDI) Laboral de las universidades andaluzas con el objetivo de que cuando en un área de conocimiento exista personal acreditado a contratado doctor que hubiese accedido a su plaza mediante concurso público, se adapte a la figura de contratado doctor, estableciendo así una carrera profesional que permita la estabilidad de ayudante doctor y contratado doctor interino.

También reclama que se celebre la mesa de negociación de Universidad de la Junta para seguir abordando y dar solución definitiva a los problemas del sector; poner en marcha convocatorias de investigación destinadas al colectivo del personal docente e investigador en el marco del Paidi; y remitir a la negociación colectiva la definición de carrera profesional del personal de administración y servicio de las universidades para que tenga en cuenta los nuevos roles de una universidad más moderna.

De igual modo, la Cámara pide a la Junta que inste al Gobierno central a adoptar las medidas precisas para poner fin definitivamente a la situación que sufre el profesorado afectado por la impugnación de sus plazas mediante los recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Abogacía del Estado, a instancias del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en 2012.

A la par, reclama que el Ejecutivo del PP revise los criterios de acreditación para el acceso a los cuerpos universitarios de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), y que también establezca un modelo de carrera profesional del PDI universitario que reconozca el mérito y la dedicación del mismo conforme a regla3s adecuadas y objetivas.

En defensa de la iniciativa, la diputada de Podemos Esperanza Gómez ha explicado que esta proposición no de ley busca solucionar problemáticas causadas en el ámbito universitario "debido a las políticas de recortes del Gobierno de la Nación del PP, no amortiguadas por la Junta en su ámbito".

Según ha relatado, la inclusión de la tasa de reposición del diez por ciento para la determinación de plazas de acceso a los cuerpos de funcionarios de las universidades públicas "lesionó los intereses legítimos de un amplio colectivo de profesores de universidades públicas por una doble vía".

Por una parte, se redujo la convocatoria de plazas "dando lugar a una importante lista de espera que no podía promocionar", así como "se perjudicó a un grupo de profesorado mediante los recursos contencioso-administrativos interpuestos por la Abogacía del Estado contra una serie de plazas para el acceso a cuerpos de profesor titular y catedrático de universidad convocadas y celebradas en el año 2012".

"El perjuicio se ha debido a que se ha aplicado tasa de reposición a la promoción, tanto de profesor contratado doctor a titular, como de titular a cátedra, sin tener en cuenta que, en ambos casos, se trata del paso de una categoría a otra de personal que ya estaba al servicio de la institución universitaria", añade Gómez, que advierte que "este hecho hace que un numeroso grupo de profesorado universitario en Andalucía que tienen acreditación de sus méritos curriculares por la Aneca llevan años de incertidumbre".

Además, critica que no reciben la retribución correspondiente a sus quinquenios y sexenios reconocidos, "algo que es un perjuicio de imposible reparación y un grave trato desigual que empeora cada día que pasa".

PSOE-A: LA PNL RECOGE UNA "REIVINDICACIÓN LEGÍTIMA"

En el turno de los grupos, la diputada del PSOE-A Noelia Ruiz ha dicho que esta iniciativa recoge una "reivindicación legítima" del personal docente e investigador "al que este grupo le tiende la mano desde el principio". "Entendemos esta petición, compartimos la necesidad de aportar certidumbre a la universidad y por ello hemos presentado varias enmiendas a la iniciativa", ha señalado la socialista, precisando que las mismas van "más allá" de lo que Podemos pretende.

Por parte del PP-A ha intervenido la diputada Aránzazu Martín, quien ha valorado la iniciativa de Podemos como "muy positiva" en general, y ha defendido que "los universitarios andaluces deben contar con los mejores profesores". Al hilo, ha advertido de que "la Junta se comprometió en 2012 a solucionar la situación de incertidumbre laboral de los contratados doctores temporales y los ayudantes doctores, y a día de hoy ni hay planteamientos de solución ni medidas que hayan obtenido una respuesta" por parte del Gobierno andaluz.

En nombre de Ciudadanos, su diputada Marta Escrivá ha defendido que todos los docentes, no solo los universitarios, tienen que recuperar
sus derechos laborales y salariales; y que además, se tiene que ayudar a que la carrera docente no sea una carrera "de obstáculos, donde haya cambios continuos por las crisis económicas". Ha criticado que los docentes universitarios no estén recuperando sus derechos y la diferencia de condiciones existente entre los docentes investigadores andaluces y los de otras comunidades.

Por parte de IULV-CA, su portavoz adjunta, Elena Cortés, ha asegurado que los trabajadores de las universidades públicas andaluzas viven una situación de "explotación laboral" que requiere de "muchos cambios" por parte del Gobierno andaluz y también del central. "La sobreexplotación no solo se da en el tipo de relación contractual sino en la carga de trabajo que tienen que soportar en materia de gestión, investigación y docencia", ha apuntado Cortés, quien ha urgido a la celebración de una reunión de la mesa de negociación de universidades de la Junta, que lleva un tiempo "considerable" sin reunirse.

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