El Parlamento Europeo visitará Doñana en la segunda mitad del año pero no pedirá paralizar el gasoducto

Antonio Maíllo interviene en el Parlamento Europeo por el gasoducto en Doñ
IULV-CA
Actualizado 21/03/2018 15:10:19 CET

BRUSELAS, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha acogido este miércoles las intervenciones del coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, a cuenta del proyecto de Gas Natural en Doñana, ha confirmado la intención de enviar una misión de investigación al espacio natural para la segunda mitad del año 2018 y remitir cartas al Estado y la Junta de Andalucía para recabar información sobre los posibles riesgos sísmicos de la iniciativa y las medidas que se están implementando en la zona a cuenta de la misma.

   Sin embargo, la Eurocámara no ha considerado oportuno acceder a la petición elevada por IU en el sentido de instar a la paralización cautelar del subproyecto 'Marismas Occidental' al considerar que el órgano adecuado para hacer este requerimiento son los entes judiciales de los Estados miembros.

   En este sentido, el representante del organismo europeo ha especificado que la comisión "tiene la práctica de no hacer investigaciones paralelas", por lo que, habida cuenta de que el caso ya se encuentra 'sub iudice' --la Junta de Andalucía ya ha iniciado el procedimiento para la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la falta de acción estatal para parar el proyecto--, no considera viable intervenir.

   Así, la Comisión Europea se ha mostrado de acuerdo con los peticionarios en el sentido de la "salvaguarda" de Doñana en tanto que espacio protegido, como Parque Nacional y por la inclusión de algunos espacios de su entorno en la Red Natura 2000, recordando la apertura de una investigación de oficio a raíz de las peticiones y la detección de posibles infracciones en las directivas de hábitat y marco de agua.

   En lo tocante a las competencias del Parlamento Europeo en el asunto, éstas se circunscriben a vigilar la correcta aplicación por parte de las autoridades españolas de la normativa medioambiental, razón que ha justificado una investigación de los cuatro subproyectos --'Marismas Occidental', 'Marismas Oriental', 'Saladillo' y 'Aznalcázar'--, en los que se concluye ausencia de infracción al haber sido sometidos a evaluación ambiental conforme a normativa, ya que "no se exige evaluación conjunta".

   Asimismo, la Eurocámara también alude a que todos los proyectos han acabado con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, aun siendo consciente de que la metodología de la misma "ha sido criticada por peticiones e instituciones". Ésta sí ha accedido a realizar la visita --que realizará a invitación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio-- para investigar las condiciones del espacio "muy de cerca", según ha precisado la presidenta de la Comisión de Peticiones, la sueca Cecilia Wikström, que ha añadido que "creo que es lo mejor que podemos hacer en estos momentos".

ACTUAR SEGÚN EL SISTEMA ENSAYO-ERROR, UNA "ABERRACIÓN"

   Con carácter previo, Antonio Maíllo defendió la reclamación, agradeciendo la "sensibilidad" de la Comisión por el hecho de haber mantenido la queja abierta desde su registro en 2013, preguntándose si "Doñana, Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera, es el lugar adecuado para 860 millones de metros cúbicos de gas".

   Los organismos científicos, añade, "avalan de manera contundente que no se han evaluado de manera concluyente los riesgos sísmicos, el impacto sobre el acuífero ni la ideoneidad de la ubicación, sin garantizarse la seguridad de la zona y poniendo en riesgo el agua, sin la cual es imposible la pervivencia del humedal como símbolo de la biodiversidad".

   De esta manera, haciendo hincapié en la ratificación de instancias como el Instituto Geológico y Minero de España o el propio Defensor del Pueblo, que avalan las tesis de la federación de izquierdas, ha recordado que el subsuelo de Doñana "no entiende de límites administrativos o de fragmentación" y ha calificado de "aberración" el actuar "imponiendo el sistema ensayo-error", ya que los daños pueden ser "irreversibles".

   Por todo ello, Maíllo ha invocado el principio de precaución para suspender el proyecto ante la actuación del Gobierno de España, "que defiende los intereses de la empresa aun saltándose la legislación vigente y ocultando el riesgo evidente del proyecto", pidiendo la paralización "inmediata" y la evaluación conjunta de los cuatro proyectos, así como la visita parlamentaria al parque.

   Con posterioridad, el coordinador general de IULV-CA se ha congratulado del "logro" que supone la visita de la Eurocámara al lugar para poder observar 'in situ' los "peligros" que acechan a la zona.

"NO COMPATIBLE" SEGÚN EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

   Por su parte, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha reclamado a las instituciones europeas que impulsen la adopción de las medidas necesarias para que el proyecto de gaseoducto "se suspenda definitivamente en todos sus tramos", dado que "preocupa, muy seriamente, a gran parte de la ciudadanía, al movimiento ecologista, a distintos grupos políticos y a diversos miembros e instituciones de la comunidad científica".

   "Debemos tener muy presente que gran parte del trazado de este proyecto discurre por el Parque Natural de Doñana, otra parte por una zona contigua al Parque Nacional de Doñana y, en todo caso, su ejecución se llevará a cabo en un entorno que es inseparable de estos espacios protegidos", ha detallado, agregando que la ejecución del proyecto "no es compatible, de acuerdo con el principio de precaución, con la necesidad de garantizar la conservación y mantenimiento del Espacio Natural de Doñana".

   Maeztu ha fundamentado este pronunciamiento en que no se ha realizado una evaluación conjunta de los cuatro tramos antes de ejecutar el proyecto, no se identifican ni valoran los riesgos asociados a la inyección de gas en el subsuelo y el emplazamiento de los proyectos podría no ser el idóneo.

   Tras el dictamen, la reacción entre los europarlamentarios ha sido de sorpresa generalizada. Mientras Soledad Cabezón (PSOE) ha instado a la comisión a "no continuar con la dejación de funciones", su compañera de partido, Clara Aguilera, ha recordado que la Junta "se ocupa y preocupa por este problema" y ve crucial el rechazo a "un proyecto absolutamente terrorífico para Doñana".

   Ana Miranda (Verdes) ha criticado con dureza la "excusa" de la Eurocámara para no instar a la paralización, abundando que "es un clásico decir que no hay riesgo en un proyecto, como tampoco lo había en Castor". Por su parte, Florent Marchellesi (Equo) ha expresado su sorpresa por el hecho de que se inste a ir a los tribunales existiendo una investigación por una infracción abierta.

   Para Xabi Benito (Podemos), existe riesgo si se avanza en decisiones "irreversibles" en un espacio "clave socioeconómicamente para una de las regiones con más paro de Europa". Del lado de Paloma López (IU), se ha apuntado a intereses "partidistas" y al hecho de que la propia empresa haya sido invitada a la Cámara a "defender un proyecto especulativo en contra de los intereses generales". Un representante de la Mesa de la Ría de Huelva también ha intervenido para recalcar la necesidad de "poner fin a estos desmanes" para "no ser cómplices de convertir Doñana en una ampliación del complejo petroquímico de Huelva".

   La única intervención a favor de la labor estatal ha sido la de Carlos Iturgáiz (PP), que ha precisado que el Ejecutivo central "siempre mira por el interés general" y que el Ministerio "ha cumplido con su labor" en la tramitación ambiental, teniendo en cuenta los informes favorables de 2008 en los procedimientos de la Junta".