SEVILLA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario Podemos Andalucía ha registrado un total de 79 enmiendas parciales al Proyecto de Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento, actualmente en trámite en la Cámara Autonómica, de las cuales 20 son de adición y las restantes de modificación.
Así lo ha anunciado la portavoz adjunta de esta formación, Carmen Lizárraga, quien considera que la aceptación de estas propuestas permitiría a Andalucía contar con una normativa pionera a nivel estatal, al nivel de las leyes de País Vasco o La Rioja.
Así, entre las aportaciones de Podemos destaca la creación de una red de agentes públicos como principal dinamizadora del Ecosistema del emprendimiento y que incluirá a todas las administraciones que pongan en práctica políticas de este ámbito; la reorganización de los CADEs; y la reestructuración de fondos públicos para su concesión a través el nuevo ente público de crédito previsto en los presupuestos.
También ha mencionado el apoyo a iniciativas empresariales de base tecnológica (pues únicamente se contemplaba la Economía Social y el Mundo Rural como sectores específicos en el texto inicial); la participación de las universidades andaluzas como agentes activos del emprendimiento, o la incorporación de cláusulas sociales y buenas prácticas que incentiven la actividad económica desde el respeto a los derechos humanos, el medio ambiente y unas condiciones laborales dignas.
Lizárraga ha criticado además el "error de enfoque" del proyecto legislativo al centrarse en los individuos en lugar de en el ecosistema emprendedor pues es éste quien determina las condiciones para que las iniciativas empresariales o de autónomos aporten valor, se consoliden y crezcan.
"El gran problema del tejido productivo andaluz es el pequeño tamaño de las empresas", de ahí que las enmiendas de Podemos Andalucía apuesten por la creación de una red de apoyo --compuesta por instituciones, empresarios, universidades y una normativa eficaz-- que favorezca no sólo la creación de proyectos, sino también la consolidación de los ya existentes y su crecimiento en un entorno global muy competitivo.
Finalmente, Lizárraga ha censurado la intención del Gobierno andaluz de equiparar el emprendimiento con un nuevo derecho, alegando que la puesta en marcha de iniciativas empresariales desde una perspectiva legal ya está garantizada por el sistema económico y jurídico, y ha afirmado que este tipo de actividad económica no puede ser una alternativa al desempleo sin más, pues "no se trata de sumar empresas que fracasan en poco tiempo, sino apostar por iniciativas de calidad que a medio plazo se conviertan en determinantes para el cambio de modelo productivo".
