Plantea que la nueva licitación lleva a pensar "la relación estrecha que puede tener el Gobierno andaluz con algunas empresas"
SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El parlamentario y secretario político de Podemos Andalucía, Jesús Rodríguez, ha criticado este viernes que el PSOE-A y el Gobierno de Susana Díaz se muestre "insumiso" al mandato que dio el Parlamento andaluz cuando aprobó una proposición no de ley para que el servicio telefónico de atención de urgencias del 061 y 112 sea prestado directamente por la administración andaluza y no por empresas externas.
En rueda de prensa, acompañado del secretario general de CGT-A, Miguel Montenegro, Rodríguez ha explicado que precisamente este sábado se celebra el Día Europeo del 112 y que, a pesar de que hace casi un año que se aprobó la referida iniciativa en la Cámara andaluza, "en el caso del Parlamento andaluz no hay nada que celebrar".
Que no se haya llevado a la práctica la iniciativa aprobada por el Cámara andaluza demuestra, en opinión de Podemos, que "el PSOE-A y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se muestran insumisos al Parlamento" y "desprecian la voluntad salida del mismo, donde se concentra la voluntad democrática del pueblo andaluz".
"En lugar de hacer caso al mandato del Parlamento, que además del rescate del servicio denunciaba la labor que determinadas empresas han realizado en Andalucía, por haberse llevado millonarios beneficios sin ningún tipo de riesgo, la Junta vuelve a plantear licitaciones a las grandes empresas con las que se ha ido haciendo negocio en años anteriores", ha sostenido Jesús Rodríguez.
En este sentido, ha señalado que en la Consejería de Salud, de la que dependen los servicios del 061 y de Salud Responde, "es un despropósito", toda vez que ha planteado que influya en estas licitaciones "la relación que tiene la Junta con determinadas empresas farmacéuticas y fundaciones".
Y es que, ha proseguido, "ya se ha conocido la relación de altos cargos de la Consejería de Salud y algunas empresas y si lo llevamos a otros sectores, las mismas empresas se benefician de una especie de trato de favor en el que no hay un cumplimiento de la legislación laboral básica", y cuando además hay "sentencias contra dichas empresas, denuncias e informes de la Inspección de Trabajo, lo que tiene que ver con un modelo de fragmentación de lo público para ponerse al servicio del interés privado".
De esta manera, Rodríguez ha hecho hincapié en que la renovación de estas licitaciones lleva a pensar "qué relación puede tener el Gobierno andaluz con determinadas empresas", una relación que le lleva a "declararse insumiso y no cumplir el mandato del Parlamento", ha censurado.
Así, Podemos Andalucía no entiende que empresas que son "sistemáticamente sancionadas por la Inspección o la magistratura pueden mantener los servicios de la Junta", de manera que se plantea "qué relaciones existe" porque "hay un silencio que nos lleva a pensar que la relación es estrecha" entre ambos.
Sobre este asunto, el secretario general de CGT-A, Miguel Montenegro, ha comentado que durante una reunión en la que participó e Málaga a raíz del conflicto del 061, "el exviceconsejero de Salud Martín Blanco nos planteó que no se podía exigir el cumplimiento de la concesión a Ilunion porque esta empresa le sirve como banco para hacer frente a las nóminas", de manera que entiende que éste es un ejemplo de esa "estrecha relación" que ha denunciado Rodríguez.
Así las cosas, Montenegro ha puesto el acento en que esta situación se da también en la Consejería de Justicia, de la que depende el servicio del 112, a la par que ha lamentado que a pesar de la referida proposición no de ley, ahora mismo "estamos en fase de licitación pública" de estos servicios, con unas condiciones que son "espeluznantes".
Según ha explicado, la licitación publicada recoge, entre otros aspectos, que "las empresas van a tener un beneficio neto del 100%" y "reconocen que la plantilla que existe ahora en los centros de trabajo del 112 en toda Andalucía es el 50% de la que prevé la concesión". "Es bochornoso el mal uso del dinero público que se evidencia en el BOJA por estas licitaciones por parte de la Junta", ha sostenido Montenegro, que ha incidido que concurren empresas "con sanciones" y que en los pliegos no están las cláusulas sociales anunciadas por la Junta.
