Podemos pide modificar la ley para garantizar la atención presencial en la Administración pública

Representantes de Podemos en la protesta de CGT en Sevilla
EUROPA PRESS
Publicado 11/07/2017 14:54:36CET

SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha anunciado este martes que va a presentar una proposición de ley que persigue la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, con el objetivo de que se garantice la atención presencial en todas las oficinas de la Administración pública, para garantizar este derecho por ley y evitar que la ciudadanía sea "atendida como si fuera un robot".

Así lo ha manifestado la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, quien, junto a otros representantes de la formación morada, ha respaldado en Sevilla una protesta que organizada por CGT contra la imposición electrónica en la Seguridad Social.

Rodríguez ha explicado que la reclamación que hace CGT es por la implantación de la administración electrónica, la ley 39/2015 que lleva cinco meses de aplicación, y que "supone una limitación para el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos".

Para la dirigente de la formación morada, esto supone "una limitación para la mayoría social en el acceso a un derecho que pagamos con nuestros impuestos, como es que la administración te atienda". "Cuando una persona llega a una oficina de la administración pública tiene derecho a que alguien le pregunte qué necesita, cuáles son sus urgencias", ha sostenido.

Tras recalcar que según el INE, en Andalucía casi tres personas de cada diez no tienen equipos informáticos en casa o que casi cinco personas de cada diez no hacen un uso habitual de internet porque no tienen las capacidades necesarias, Teresa Rodríguez ha defendido que la atención presencial "tiene que ser un derecho" reconocido por ley.

Por eso, Podemos va a plantear una serie de medidas legislativas para garantizar la atención presencial a la ciudadanía en todo el país, "y vamos a estar muy pendientes para que en Andalucía la atención presencial también sea una garantía", ha apostillado.

Y es que, a su juicio, "internet debe ser una opción del ciudadano, una aspiración a futuro para la eficiencia de la administración pública, pero en ningún caso puede ser una imposición porque se convierte en un muro para el acceso a derechos de la ciudadanía".

"Las máquinas en todos lo sitios se están utilizando, no para facilitar la vida de la ciudadanía, sino para entorpecerla", ha lamentado Teresa Rodríguez, quien cree que esta circunstancia "establece diferencias entre quienes sí tienen acceso a esas herramientas y quienes no". También ha criticado que este procedimiento sirve para "engordar los bolsillos de empresas privadas" pues "no se usan softwares libres, sino privativos".

PREGUNTAS Y MOCIONES

Así las cosas, la secretaria de Acción Institucional y senadora andaluza de Podemos, Maribel Mora, ha explicado que para lograr su objetivo, lo primero que hará el partido morado es "hacer ver las dificultades que se encuentran los ciudadanos en situación más precaria con la aplicación de esta norma" y que el Gobierno tenga que contestar una batería de preguntas sobre la aplicación práctica de esta norma.

También tienen previsto plantear una moción en el Congreso y en el Senado para hablar con los demás grupos sobre las posibles soluciones a esta circunstancia, porque "una ley que crea dificultades a las personas no es efectiva".

Con todo, Podemos va a plantear una proposición de ley para defender que la norma reconozca el derecho de los ciudadanos a ser asistidos en su relación con la administración pública de manera presencial.

Por su parte, el portavoz de CGT Isidoro Calderón ha criticado que el nuevo modelo "nos obliga a los ciudadanos a relacionarnos con la administración mediante medios electrónicos" y el Gobierno "no tiene en cuenta en este proceso la brecha tecnológica" cuando ha incidido que, según el INE, actualmente en Andalucía un 26,8 por ciento de los ciudadanos no dispone de un ordenador o un dispositivo electrónico, o que un 46,1 de los andaluces dicen que no usan internet porque no tienen los conocimientos suficientes.

"No estamos contra los avances tecnológicos, solo pedimos que este proceso se realice de manera paulatina, acompasando las necesidades de las personas con la realidad y los avances tecnológicos", ha sostenido el representante del sindicado, que ha defendido que internet "sea una opción, no una imposición".

Rafael Catalá

Rafael Catalá

Ministro de Justicia

28/11/2017

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