PP acusa al alcalde de Maracena de creerse "estar por encima de la ley" tras su imputación por desobediencia

Actualizado 22/10/2012 21:15:39 CET

GRANADA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Granada ha acusado este lunes al alcalde de Maracena (Granada) de creerse "estar por encima de la ley" y "saltársela a la torera" tras su imputación por un posible delito de desobediencia y otro de prevaricación al desoír una orden judicial para que paralizara las obras de un colector de aguas residuales de la llamada UE14 de la localidad, por lo que se enfrenta a una multa de 2.520 euros, y nueve años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público.

La portavoz del PP en Maracena, María Victoria Molina, y la vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal, Ana Vanessa García, han acusado al regidor de aprobar mediante decreto, "las medidas necesarias para hacer su voluntad sin reparar en modos, leyes o formas, con lo que una vez más se cree que está por encima del bien y del mal".

Las dos representantes 'populares' han señalado que, tal y como señala el auto del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, "decidió y dio las debidas instrucciones" para iniciar las obras del colector "sin contar con la autorización de ningún propietario y contra la expresa voluntad manifestada por la junta de compensación". Posteriormente, a pesar de que un juzgado acordó como medida cautelar la paralización de las obras que luego sería ratificada, decidió su continuación "a pesar de tratarse de una evidente y manifiesta vulneración de la medidas judiciales", ha señalado la portavoz del PP en Maracena.

"En resumen", ha señalado Molina, "López realizó las obras de un colector de aguas residuales, a sabiendas de que la justicia le había ordenado en varias ocasiones la paralización de las mismas".

"El colmo de la ineficacia, la prepotencia y el caciquismo de la gestión socialista en Maracena llega a su máximo esplendor cuando el alcalde organiza toda una 'gimkana' en julio de 2011 invitando a numerosos dirigentes socialistas y al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, para inaugurar la residencia de mayores y el centro infantil, ambos sin salida de las aguas residuales" ha aseverado María Victoria Molina.

Por su parte, la vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal, Ana Vanessa García, ha considerado que con la nueva imputación de un cargo público del PSOE, el partido que dirige Teresa Jiménez "suma una nueva figura, la desobediencia, al amplio catálogo de delitos imputados a alcaldes, concejales, diputados y exalcaldes socialistas". En ese sentido, García ha señalado que Jiménez "va camino de batir un récord: el de la secretaria general que fue capaz de amparar en el seno el partido, sin abrir la boca, al mayor número de militantes imputados por el mayor número de delitos diferentes".

Asimismo, ha recordado las declaraciones de la secretaria general del PSOE, que decía "alcalde imputado alcalde cesado" y que además llegó a afirmar en su día que jamás llevaría imputados en sus listas. Por ello García ha instado a Teresa Jiménez "a que dé las explicaciones pertinentes y diga algo al respecto de todos los casos que están viendo la luz durante las últimas semanas de alcaldes imputados y que no siga guardando un 'clamoroso silencio' en torno a los mismos.

En relación con el alcalde de Maracena, García ha señalado que López "gobierna a golpe de decreto por su incapacidad para tramitar legalmente los desarrollos urbanísticos de su municipios, como ha demostrado en este caso al abrir edificios municipales sin contar con el saneamiento de los mismos y sin ponerse de acuerdo con las 50 familias afectadas por esas obras".

LA ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA

Según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, fue en fechas inmediatamente anteriores a los primeros días del mes de octubre de 2011 cuando el alcalde decidió, "y para ello impartió las debidas instrucciones", iniciar materialmente las obras de un colector de aguas residuales sobre terrenos de la llamada Unidad de Ejecución Urbanizable (UEU) 14 en Maracena.

Lo hizo, según el fiscal, sin contar con la autorización de los propietarios del suelo y "contra la expresa voluntad" de la Junta de Compensación, "soslayando" así las competencias legalmente atribuidas a la misma. Frente a esto, los propietarios afectados presentaron recurso contencioso-administrativo el 3 de octubre de 2011, y el Juzgado encargo del asunto, el Contencioso-Administrativo número 5 de Granada acordó como medida cautelar la "completa paralización de las obras".

No obstante, el alcalde, "consciente de su improcedencia", y "a sabiendas de la evidente y manifiesta vulneración" que ello supondría, decidió la continuación de los trabajos, que fueron materializándose ininterrumpidamente en los siguientes días, "supuestamente amparado en una tan ficticia como fraudulenta pero en realidad inexistente legalidad".

De hecho, con anterioridad López había dictado una resolución acordando el cambio de sistema de compensación al de cooperación para así "imponer la ocupación forzosa de los terrenos afectados bajo el paraguas" de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía, que, "aunque aprobado por sesión plenaria de la corporación municipal el 24 de junio de 2011", "ninguna efectividad podía tener en tanto no estuviese definitivamente aprobado el proyecto de reparcelación".

Así, constante y vigente la paralización judicialmente ordenada, el proyecto de reparcelación impulsado por el alcalde fue aprobado en pleno el 8 de noviembre de 2011, con lo que la continuación efectiva de las obras siguió adelante, en "la deliberada y única pretensión" de "soslayar el mandato judicial".

Por ello, la Fiscalía considera a Noel López presunto autor de un delito de desobediencia a resoluciones judiciales y de otro de prevaricación perpetrados por funcionarios público, por el que se enfrenta a multa de 2.520 euros, y nueve años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público. Asimismo, pide la inmediata paralización de las obras y la suspensión de su ejecución, un requerimiento que ha hecho también con posterioridad el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, encargado de la investigación del caso, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press.

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