SEVILLA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
El PP-A ha denunciado este jueves el "silencio cómplice" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en relación con el pago que se realizó de casi 15.000 euros en un "prostíbulo" con una tarjeta de crédito vinculada a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y ha exigido por escrito en el Parlamento información sobre todas las tarjetas de crédito y débito que existen en la administración autonómica y los pagos que se realizan con ellas.
En declaraciones a los periodistas, la portavoz en materia de Empleo del PP-A en el Parlamento, Teresa Ruiz-Sillero, se ha pronunciado así tras exigir al consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, durante su comparecencia este jueves en comisión parlamentaria, explicaciones sobre ese gasto de casi 15.000 euros.
Ruiz-Sillero ha acusado a Carnero de "actitud obstruccionista", porque se sigue "negando a dar información y a contestar en sede parlamentaria a todo lo relativo al gasto de casi 15.000 euros de dinero público en un prostíbulo por parte de miembros de la Faffe y por extensión de la Consejería de Empleo".
Ha agregado además que les preocupa el "silencio cómplice" de la presidenta de la Junta: "Se han gastado 15.000 euros de dinero público en un prostíbulo y todavía no ha dicho nada", cuando se trata de un hecho "deplorable y muy grave".
Para la diputada popular, el consejero tiene que llevar a cabo una investigación interna, "porque tiene que saberse quiénes usaron los 15.000 euros de dinero de los andaluces en un prostíbulo". "Todas esas personas tienen que asumir sus responsabilidades penales y hay que averiguar si siguen siendo altos cargos de la Junta", ha apuntado.
Asimismo, Ruiz-Sillero se ha referido al hecho de que dos días después del pago con esa tarjeta de crédito en el prostíbulo, alguien anuló los cargos supuestamente al depositar 15.000 euros. Por ello, ha exigido al consejero que se averigüe con "qué dinero" se llevó a cabo esa operación, teniendo en cuenta que una testigo trabajadora de la Faffe declaró ante el juzgado que existían 13 cajas de caudales distribuidas en las distintas sedes de la Faffe.
Ruiz-Sillero ha señalado que con esas cajas se manejaba "dinero en metálico" y que el consejero tiene que explicar si los 15.000 euros que se pagaron para anular el cargo en la tarjeta de crédito pudieron salir de esas "cajas", cuyos extractos le ha exigido.
Al hilo de que Carnero haya anunciado este jueves en comisión que la Junta ha pedido al Juzgado de instrucción número 6 de Sevilla una nueva declaración del que fuera director general de la Faffe Fernando Villén Rueda, una vez que ha remitido la documentación solicitada al mismo y podría contener hechos con carácter presuntamente delictivos, como "malversación y/o apropiación indebida",
Ruiz-Sillero ha considerado que el consejero está demostrando "que tiene datos que no los quiere dar".
Por ello, ha señalado que el PP-A está más cargado aún de razones para solicitar la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre el dinero gastado en la Faffe. Asimismo, Ruiz-Sillero, que ha sido la encargada de interpelar este jueves a Carnero en la comisión parlamentaria, ha señalado que no hay precedentes en el Parlamento de que un consejero "amenace con represalias judiciales" a una diputada en el ejercicio de su cargo, y le ha recordado que existe "inviolabilidad parlamentaria" cuando se habla en sede parlamentaria.
AUDITORÍAS
De otro lado, la diputada del PP-A se ha referido a las auditorías realizadas por Deloitte y ATD sobre sendos expedientes de subvenciones de la Faffe, una de ellas por importe de 25 millones de euros, que el director general del Formación Profesional para el Empleo remitió al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
En el informe de auditoría sobre la subvención de 25 millones, según ha expuesto Ruiz-Sillero, se hace constar que "no pueden informar la adecuación de ese dinero porque les falta documentación y se alerta sobre el fraccionamiento de los contratos de servicio en torno a esa subvención".
En cuanto al informe relativo al otro expediente de subvención, se concluye claramente "con un montón de incidencias y tiene más de dos millones de euros que no pueden ser elegibles por esas incidencias, relativas sobre todo a la contratación del personal, que no se adecuan las nóminas y los trabajadores al expediente de subvención en concreto", según ha expuesto.
Ruiz-Sillero ha agregado que existe un tercer informe de auditoría de regularidad realizado sobre la Faffe, correspondiente a los ejercicios 2009, 2010 y 2011, que fue requerido también por el juzgado, pero el director general respondió que esa información debía ser "facilitada por Servicio Andaluz de Empleo (SAE) subrogado en el conjunto de derechos y obligaciones de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo".
Ruiz-Sillero ha acusado a la Junta de no mandar toda la información que el juzgado le ha demandado, poniendo así "palos en las ruedas y trabas" a la investigación judicial "para que no se sepa la verdad y se termine archivando la causa".
