GRANADA, 1 May. (EUROPA PRESS) -
El PP-A ha afirmado que el Gobierno andaluz "da la espalda a los mayores y a los las trabajadoras del sector", después de que PSOE e IU rechazaran en el Parlamento andaluz cambiar la orden que regular la concertación de plazas de los centros residenciales y de estancia diurna en la provincia.
En un comunicado, la parlamentaria y vicesecretaria de Política Social e Igualdad del PP-A, Ana Vanessa García, ha estimado en 180 millones de euros en toda la comunidad autónoma el recorte que supondrá la citada orden por la que la Junta ha decidido "limitar el pago de las plazas concertadas cuando estas estén vacías, lo que, necesariamente va a implicar que se reduzca la oferta".
"Es una absoluta barbaridad que haya plazas concertadas vacías y es una absoluta barbaridad que se reduzca el número de plazas cuando hay 55.000 andaluces con una situación de dependencia reconocida esperando percibir una prestación, y más de 50.000 andaluces esperando ser valorados debido a la paralización de la ley de la Dependencia", ha señalado García quien ha recordado que en Granada "hay más de 5.000 expedientes de Dependencia paralizados".
En ese sentido, la vicesecretaria regional ha censurado que la consejera del Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, no ofreciera en el pleno del Parlamento ni una solución a los problemas planteados por el Partido Popular sobre la situación de los colectivos, ni explicara "por qué ha hecho una orden que recorta hasta en 180 millones de euros la aportación de la Junta de Andalucía a los centros residenciales y a los de estancia diurna".
García ha considerado "incomprensible" que mientras en el resto de las regiones de España el número de beneficiarios de la Ley de Dependencia ha aumentado el dos por ciento, en Andalucía haya bajado hasta el 14 por ciento. "Algo ocurre con esas cifras en Andalucía para que la tendencia sea la contraria a la del resto del país; y ese algo sólo puede ser una mala política y una mala gestión de bipartito en este ámbito", ha añadido.
Y es que, para García, el número tan bajo de perceptores de la Ley de Dependencia en Andalucía "va a suponer el abandono a los más débiles por parte del Bipartito andaluz". "Un Ejecutivo que abandera y defiende de boquilla, pero no con hechos, las políticas sociales, y sin embargo, los que de verdad las defienden y ejercen son los gobiernos del PP", ha aseverado.
Por todo esto, la vicesecretaria regional de Política Social e Igualdad ha culpado al Ejecutivo autonómico de desentenderse por completo de los derechos sociales y que únicamente gracias al compromiso y al sacrificio de las entidades locales, que están asumiendo nuevamente competencias que no les corresponden, "tanto las patronales como los ayuntamientos y diputaciones están afrontando el mantenimiento de los derechos sociales".
En ese sentido, García ha desvelado que "la Junta de Andalucía le adeuda el pago a las residencias desde noviembre y a los consistorios y diputaciones desde enero". "Un montante que supera en Granada los siete millones de euros y que asciende a 60 millones de euros en Andalucía", ha puntualizado.
"Ahora mismo, en Andalucía los servicios a los más desprotegidos sólo se siguen prestando gracias a empresas y corporaciones locales, que lo están haciendo a pulmón", ha aseverado la vicesecretaria regional.
Finalmente, Ana Vanessa García ha reclamado a la administración autonómica que "aparte su permanente actitud de confrontación y de deslealtad institucional, reflexione y deje de ningunear a diputaciones y ayuntamientos y los incluya en las mesas de negociación para gestionar las residencias y centros de estancia diurna, como así lo han reclamado los propios empresarios".
Asimismo, García ha instado también al Gobierno andaluz "a que pague de inmediato la deuda, que se elabore un calendario de pagos consensuado con el objetivo de garantizar el funcionamiento de las residencias y centros de estancia diurna".
