CÓRDOBA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha criticado este jueves el "trato privilegiado del PSOE de la Diputación para con la Fundación Guadalquivir Futuro, una organización afín al PSOE" a la que, "a pesar de haber incumplido los términos del convenio" que suscribió con el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), "le han otorgado una prórroga para justificar la documentación aportada como justificación".
A este respecto y en rueda de prensa, Lorite ha explicado que, "según el acta de la reunión de la comisión de seguimiento del convenio de colaboración entre el IPBS y la Fundación Guadalquivir Futuro celebrada el pasado 1 de febrero, queda claro que los fondos no se han empleado en el objeto de la subvención, por lo que, al incumplir la Ley de Subvenciones", la prórroga "no es valida y solo cabe un expediente de reintegro".
Sin embargo no es eso lo que ha ocurrido, llegando a la conclusión Lorite, quien ha estado acompañado por la portavoz adjunta del PP, María Jesús Botella, de que "nos encontramos con un hecho muy grave, ya que se le da de nuevo una nueva oportunidad para que justifique la justificación del convenio".
Lorite ha recalcado que en el PP tienen "serias dudas de que la Fundación Guadalquivir Futuro esté justificando con documentación que no corresponde con el convenio objeto de la ayuda y que se estén tapando otros contratos de otras personas vinculadas al PSOE", razón por la que ha advertido que los populares van "a llegar hasta el final del asunto y, si hiciera falta", pedirán "explicaciones y responsabilidades políticas y jurídicas".
El portavoz del PP ha recordado que, "desde el primer momento, el Gobierno del PSOE de la Diputación tuvo mucho interés en financiar a esta organización, prueba de ello es que se le otorgó la máxima ayuda que se ha concedido a un colectivo social durante 2016, es decir, 40.000 euros, y se le concedió con anterioridad a que la propia fundación solicitara esta ayuda", a lo que se suma que a esta "organización satélite del PSOE cordobés" se le permitió "la aportación del certificado de alta de la Seguridad Social caducado".
Lorite se ha preguntado si el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, y a la presidenta del IPBS, Felisa Cañete, "van a dar las mismas oportunidades a los ayuntamientos de la provincia cuando no justifiquen las subvenciones" y ha dudado de que "este tipo de hechos siente precedente a partir de ahora".
Por su parte, la portavoz adjunta del PP en la Diputación, María Jesús Botella, ha incidido en la "falta de transparencia, por parte del Gobierno socialista de la Diputación, ya que constantemente" tienen los populares "que estar pidiendo la documentación", porque se les negó "estar presentes en la comisión de seguimiento" y ha calificado de "vergonzoso, el trato a favor a la fundación afín al PSOE de Córdoba, ya que están retorciendo la Ley para justificar lo injustificable".
Botella ha recordado que Guadalquivir Futuro "está en los tribunales por presunto fraude en la Administración de fondos públicos, ha sido objeto de un expediente de inspección por parte de la Junta de Andalucía y ha terminado con una sanción, la obligación de reintegro e inhabilitación para acceder a subvenciones de la Junta de Andalucía durante cinco años".
La portavoz adjunta ha reprochado que "el presidente de la Diputación asegurase en el Pleno del pasado 25 de enero que él no había dicho que se le iba a dar otra oportunidad para justificar la ayuda a la Fundación, cuando, según la documentación a la que hemos tenido acceso, ya habían solicitado la prórroga", aunque "la presidenta del IPBS, Felisa Cañete, pudo omitir esta información al presidente".
A juicio de Botella, "el presidente de la Diputación se contradice cuando dice, según el acta del Pleno, que la comisión de seguimiento sería la encargada de autorizar la prórroga, cuando en virtud del acta de la comisión de seguimiento, corre a cargo del órgano concedete, es decir, la señora Felisa Cañete".
Por último, los portavoces populares han recalcado que "hay una serie de premisas" que les hacen "pensar" que están "ante un hecho políticamente reprobable" y han dicho lamentar que "se utilice el dinero público para fines que no tienen que ver con el objeto del convenio, que es un plan socioeducativo integral para las familias del Barrio del Guadalquivir".
