PP no se opone a la solicitud de Olivo para continuar con las obras en el Centro Comercial Nevada

Actualizado 20/10/2010 21:25:55 CET

GRANADA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Granada ha comunicado al Juzgado de lo Penal 3 de Granada que no se opone, como acusación popular, a la concesión de la autorización solicitada por el promotor del Nevada, Tomás Olivo, para continuar con las obras del centro comercial en los términos en que fueron autorizadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de la capital.

En el escrito remitido al juzgado, que llevó el caso de la tramitación irregular del edificio, el gabinete jurídico del partido entiende que la sentencia dictada al respecto delimita expresamente qué partes del edificio son legales y cuáles no y aclara el destino de estas últimas --su derribo-- con el objeto de que el municipio y sus habitantes recuperen zonas verdes de las que se apropió ilegalmente el promotor.

El Partido Popular dejó muy claro antes, durante y después del juicio su postura sobre el destino de los miles de metros cuadrados construidos: "En virtud del artículo 319.3 del Código Penal, habrá de decretarse la demolición de lo ilegalmente construido", tal y como reflejaba el escrito de acusación del PP, que no entraba a cuantificar si la demolición debía ser total (como pide el fiscal) o parcial.

El candidato a la Alcaldía de Armilla, Antonio Ayllón, considera que "una vez que la sentencia del Juzgado de lo Penal 3 de Granada ha delimitado qué es lo ilegalmente construido y ha decretado su derribo, el Partido Popular entiende que deben ser autorizadas las obras solicitadas por el promotor para propiciar el avance de un proyecto que desde su nacimiento ha sido apoyado por este partido político y que sin duda generará riqueza y empleo en el municipio" y lamenta el "retraso de más de una década que acumula el proyecto por las irregularidades, ya confirmadas en una sentencia, que son exclusivamente atribuidas a los máximos dirigentes del PSOE de Armilla".

En el escrito remitido, el PP incide en qué obras son las que debe autorizar el juez, que no son otras que aquellas para las que el promotor ya contaba con autorización en virtud del auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Granada de fecha 1 de diciembre de 2006, es decir, las relativas a la conclusión de la estructura con soldadura definitiva en todos los elementos metálicos, colocación de elementos de cubrición y evacuación de aguas; cerramiento definitivo de todos los paños de la fachada del edificio, y la colocación de elementos de carpintería y vidrio; conclusión de la instalación de protección contra incendios y domótica.

Para ello, el PP ha solicitado al juzgado que la ejecución de esos trabajos debe estar supervisada por los agentes del Seprona de la Guardia Civil, con el objeto de evitar excesos no contemplados en el auto del juzgado.

"El Partido Popular siempre ha pedido de manera coherente, que la justicia actúe para perseguir y no dejar impune la responsabilidad por la criminal actuación de los representantes del PSOE de Armilla, así como que se corrijan las consecuencias de su gestión, esto es, que se derriben las ilegalidades acreditadas por el juzgado", sostiene Antonio Ayllón.

El pronunciamiento positivo sobre la continuidad parcial de las obras no implica que el Partido Popular esté de acuerdo con la totalidad de la sentencia dictada, de ahí que la misma se encuentre recurrida ante la Audiencia Provincial. Un recurso de apelación en el que no se alude a la "demolición", "derribo" o "exceso", ni sobre el mantenimiento de la paralización cautelar de las obras, puesto que el criterio se mantiene "invariable": El PP solicita que sea la Justicia la que determine qué partes del edificio son legales y qué destino deben tener las que no lo sean consideradas así por el Tribunal.

En lo que sí insiste el Partido Popular es que el fallo judicial deja muchas cuestiones sin resolver, todas relacionadas con las actuaciones políticas de los representantes del PSOE de Armilla, para cuyos dirigentes --ya condenados en primera instancia-- se ha solicitado la responsabilidad que por sus actuaciones dispone el Código Penal, "por todas y cada una de las irregularidades que han cometido".

Francisco de la Torre

Francisco de la Torre

Alcalde de Málaga

01/06/2018
Elías Bendodo

Elías Bendodo

Presidente de la Diputación Provincial de Málaga

01/06/2018
Javier Guillén

Javier Guillén

Director General de la Vuelta a España

01/06/2018

Patrocinado por