PP-A reclama 16 años de cárcel para Guerrero y su chófer por gastar ayudas de los ERE en cocaína

 

PP-A reclama 16 años de cárcel para Guerrero y su chófer por gastar ayudas de los ERE en cocaína

Guerrero, antes de comparecer en la comisión del caso ERE
EUROPA PRESS/PARLAMENTO ANDALUZ
Actualizado 23/04/2017 11:54:15 CET

SEVILLA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La acusación que ejerce el PP-A ha pedido 16 años de cárcel para el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y su exchófer Juan Francisco Trujillo en relación a las cuatro ayudas de los ERE fraudulentos por un montante total de 1.475.028,01 euros que el primero concedió al segundo y parte de las cuales supuestamente habrían ido destinadas a la compra de cocaína, copas y antigüedades.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, en su escrito de acusación, los abogados que ejercen la acusación en nombre del PP-A acusan a ambos de delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación, asociación ilícita y malversación de caudales públicos, por los que les pide 16 años de prisión.

De igual modo, el PP-A reclama ocho años y tres meses de cárcel para el administrador de una de las empresas del exchófer, Isidoro Ruz Espigares, y ocho años de prisión para el que fuera directivo de Vitalia Antonio Albarracín.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, el PP-A pide que, en concepto de responsabilidad civil, los cuatro acusados restituyan a la Junta de Andalucía con la cantidad de 1.475.028,01 euros, correspondiente a la cantidad supuestamente defraudada.

La juez María Núñez Bolaños ha abierto juicio oral por delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y asociación ilícita y ha impuesto una fianza de 1,9 millones a Guerrero y de 2,1 millones a su exchófer.

Asimismo, la instructora ha abierto juicio oral por delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita contra Isidoro Ruz Espigares, al que ha impuesto una fianza de 585.000 euros, y contra Antonio Albarracín, que deberá hacer frente a una fianza de 158.000 euros.

Además, la magistrada ha fijado una fianza de 77.000 euros para la mujer del exchófer, Juana Gallego Rico, como beneficiaria a título lucrativo de las ayudas que recibió su marido.

La magistrada ha dictado este auto una vez han presentado sus respectivos escritos de acusación tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Junta y el PP-A.

El Ministerio Público ha pedido 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros para Guerrero y su exchófer, mientras que ha solicitado seis años y tres meses de cárcel para Isidoro Ruz Espigares y seis años de prisión para Albarracín.

"FALSOS PROYECTOS DE INVERSIÓN"

La Fiscalía relata en su escrito que Guerrero y Trujillo, "personal laboral fijo de la Junta con categoría de conductor, asignado" al primero, a fin de "poder disponer para ellos de parte de los fondos públicos" que tenía a su disposición la Dirección de Trabajo con cargo a la partida 31L, "idearon inicialmente la constitución" de sociedades mercantiles "para que recibieran cantidades para financiar falsos proyectos de inversión".

Al hilo, precisa que estas sociedades son Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena, añadiendo que Guerrero, "sin que conste ninguna solicitud de ayuda" por parte de ambas empresas y "sin la tramitación de expediente administrativo alguno", suscribió el 5 de febrero de 2004 un documento en el que certificaba que se había concedido sendas subvenciones de 450.000 euros a dichas empresas.

En ambos casos, y "para poder allegar" los 900.000 euros de fondos públicos a estas mercantiles, Guerrero suscribió el 16 de febrero de 2004, redactado por él mismo, un convenio de colaboración con el antiguo IFA para encomendarle el pago de la ayuda en el que, "a sabiendas de su falsedad", se recogía que el 5 de febrero de 2004 habían presentado ante la Dirección de Trabajo la solicitud de ayuda, plan de inversiones y de viabilidad, así como que la documentación acreditativa obraba en poder de dicha Dirección General.

Asimismo, asevera que Guerrero y Trujillo, "de común acuerdo y con ánimo de ilícito enriquecimiento, decidieron" que Isidoro Ruz Espigares presentara como promotor ante la Dirección de Trabajo un proyecto, "sin fecha", para el emplazamiento de una granja avícola, "en el cual, como financiación de la inversión, se disponía de una subvención de 450.000 euros".

"SIN COMPETENCIA LEGAL"

De este modo, y "sin la tramitación de expediente administrativo alguno", Guerrero suscribió el 5 de febrero de 2004 un documento en el que certificaba, igualmente, que se había concedido dicha ayuda a la empresa de Isidoro Ruz Espigares, Ave Nueva S.L., para lo cual también suscribió un convenio de colaboración con el IFA.

Anticorrupción afirma que, en la tramitación del pago de estas cantidades como ayudas o subvenciones a las tres sociedades mencionadas, "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, concediéndose por Guerrero sin competencia legal para ello" y "sin la aplicación de los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos para la concesión de subvenciones".

A su juicio, el importe de 450.000 euros de cada una de las "supuestas" ayudas fue fijado "de propósito" por Guerrero "para evitar" que, conforme a la normativa reguladora de las competencias del Consejo Rector del IFA, este órgano las aprobase.

La Fiscalía añade que Trujillo, como persona autorizada en las cuentas bancarias de las tres sociedades, "dispuso" del total de 1.350.000 euros transferidos por IDEA "como si de una caja única se tratara, no ejecutando ninguno de los proyectos de inversión ni contratando el personal que se recogía en las memorias o proyectos que se aportaron para de forma engañosa justificar la concesión de las ayudas".

COMPRA DE FINCAS RÚSTICAS

Todo ello, además, "siendo evidente que en ningún caso las tres sociedades se constituyeron para iniciar una actividad empresarial sino para canalizar para disposición de los encausados fondos públicos de la Junta de Andalucía", asegura la Fiscalía, que agrega que, con estas ayudas, el exchófer de Guerrero "financió compras de inmuebles y fincas rústicas, bien para su uso bien con fines especulativos".

De su lado, y con los fondos transferidos a estas tres empresas por IDEA, Guerrero "recibió entregas de efectivo, antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial, invitaciones en restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína" por parte de su chófer", todo ello "sin que se haya podido cuantificar su importe pero constituyendo éste un porcentaje importante de éstos fondos".

La Fiscalía concluye que el destino que los encausados dieron a los fondos percibidos "supuso no sólo una merma importante en la disponibilidad presupuestaria para atender la finalidad del programa 3.1L --ayudas sociolaborales y a empresas en situación de crisis--, sino también un grave perjuicio a la actividad a desarrollar por la administración de la Junta ante las ciertas, concretas y singulares situaciones de crisis socioeconómica de la comunidad autónoma, privando a empresas andaluzas, en situación real de crisis, de concurrir y acceder a estas cantidades".

En el escrito de acusación, agrega que, en abril de 2007 y "al no disponer de liquidez para poder atender" todos los gastos reflejados anteriormente, Guerrero y Trujillo contactaron con Antonio Albarracín para que, figurando como tomadora la Dirección de Trabajo, se preparara una póliza de seguros en la cual debía de figurar como persona asegurada y beneficiaria de la misma Estrella Blanco, madre de Trujillo.

Así, Trujillo "imitó" la firma de su madre, que recibió en su cuenta bancaria 120.028,01 euros y que, "ajena a todo lo expuesto, hacía reintegros de estas cantidades entregándoselas a su hijo, el cual las empleaba para seguir atendiendo gastos propios y las entregas en efectivo, invitaciones y compra de cocaína" para Guerrero.

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