PP-A señala la "responsabilidad política" de Susana Díaz en sus alegaciones al dictamen de la comisión de formación

 

PP-A señala la "responsabilidad política" de Susana Díaz en sus alegaciones al dictamen de la comisión de formación

Publicado 27/02/2017 17:58:22CET

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP-A señala la "responsabilidad política" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el asunto de los fondos de formación, en sus enmiendas a la propuesta de dictamen de la comisión de investigación del Parlamento sobre las subvenciones otorgadas por la administración autonómica en materia de formación profesional para el empleo (FPE) desde 2002 hasta la actualidad. Indica que, durante sus años como presidenta, "se han perdido 800,3 millones de euros que
se tenían que dedicar a actuaciones en materia de formación
profesional para el empleo".

En el capítulo sobre "responsabilidades en el ámbito político", además de señalar a la presidenta y a sus antecesores en el cargo, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el PP-A también incluye a los actuales consejeros de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, y de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero.

Según indica el PP-A en sus enmiendas, que han sido remitidas este lunes a Europa Press, Susana Díaz, "desde sus responsabilidades orgánicas en el PSOE-A y como presidenta de la Junta tuvo conocimiento desde el primer momento de las irregularidades en materia de formación profesional para el empleo y tiene responsabilidad política por la falta de colaboración de la Junta con los trabajos de la comisión de investigación; por seguir ocultando información fundamental para conocer la totalidad del fraude en la formación para el empleo tanto de la red clientelar del PSOE-A como de la propia administración, principalmente de la Faffe y de la red de consorcios escuelas de formación", o por la "paralización de la formación profesional para el empleo durante los últimos cinco años en Andalucía".

Le reprocha además la "pérdida de 822,3 millones de transferencias de fondos estatales para el desarrollo de las políticas de formación profesional", así como la "pérdida de fondos europeos por las irregularidades en formación, descertificando 46,9 millones y paralizando la Unión Europea otros 468 millones de euros".

Asimismo, la acusa de "inhibirse de sus responsabilidades tras recibir un total de nueve informes de actuación de la Intervención General de la Junta, uno de ellos emitido por menoscabo de fondos públicos", y de "hacer negocio con el dinero de la formación, dejando de pagar a las entidades colaboradoras el 25 por ciento final de la liquidación de las subvenciones.

Para el PP-A, Susana Díaz conocía la "existencia de irregularidades en las subvenciones otorgadas en materia de formación profesional para el empleo y no hacer nada para acabar con el fraude sino lo contrario, ocultarlo" y tuvo una "participación activa en la recepción de fondos de formación profesional para el empleo para el PSOE-A a través de los alquileres de las sedes compartidas con UGT".

Asimismo, considera que "faltó a la verdad ocultando sus relaciones familiares directas relacionadas con los fondos de formación profesional para el empleo que la condicionaba en la toma de decisiones en materia de formación profesional para el empleo, llegando a actuar por interés personal".

El grupo popular también le achaca "permitir que desde el Gobierno andaluz no se actúe de forma diligente para la reclamación y la recuperación del dinero defraudado con las subvenciones de la formación para el empleo, con la consiguiente pérdida de dinero público de todos los andaluces".

TAMBIÉN TUVIERON "CONOCIMIENTO DE IRREGULARIDADES"

Sobre Sánchez Maldonado y Montero, el PP-A afirma que tuvieron "conocimiento de todas las irregularidades en materia de
formación profesional para el empleo" y que, en el caso de la consejera de Hacienda, llegó a ser "advertida por los
órganos fiscalizadores de las mismas".

En sus enmiendas, el PP-A señala que, según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de 2014, el 89% y el 36% de las ayudas de 2009 y 2010 se concedieron utilizando el procedimiento de concurrencia no competitiva y, de hecho, las subvenciones más cuantiosas se daban por este método.

"El mecanismo empleado para la concesión de estas ayudas millonarias fuera del régimen ordinario de concurrencia competitiva era el de las subvenciones excepcionales y las nominativas, y muchas de estas subvenciones eran aprobadas en Consejo de Gobierno debido al importe de las mismas", señala el grupo popular.

En este sentido, según apunta, los grandes perceptores de estas subvenciones han sido los agentes sociales y "la polémicamente extinguida Faffe" y una "gran cantidad de estas subvenciones se encuentran actualmente pendientes de justificación e incluso en riesgo de prescripción, según el informe de 27 de abril de 2016 emitido por la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo".

Además, según señala, se encuentran las cantidades "no justificadas de las subvenciones concedidas a la Faffe
cuyo reintegro no se va a obtener nunca como consecuencia de la
teoría de la confusión de derechos al haberse integrado en el SAE".
"En total, casi 300 millones de euros en subvenciones a agentes
sociales se encuentran pendientes de justificar conforme al citado
informe de la Dirección General de Formación Profesional para el
Empleo".

El grupo popular agrega que otro claro ejemplo de que las subvenciones se hacían "como un traje a medida para determinados beneficiarios se evidencia en los múltiples casos de modificaciones de las condiciones establecidas en la resolución de concesión que se han encontrado en los expedientes recibidos en la comisión".

Señala que es el procedimiento de justificación de las subvenciones donde más "deficiencias se han detectado y que derivan en una relajación de los controles administrativos, una insuficiente fiscalización de la imputación de los fondos públicos al destino para el que se concedieron, una evidente falta de medios humanos y materiales y la culminación del caos a través del sistema de las resoluciones de exceptuación". Además, apunta que el seguimiento de las acciones formativas ha sido prácticamente "nulo".

De otro lado, entiende que "la red clientelar del PSOE ha quedado pendiente de analizar en profundidad en la comisión de investigación". Recuerda que solicitó la comparecencia de Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE-Andalucía, al objeto de que se "aclarara el supuesto beneficio que el PSOE habría obtenido de la formación, al alquilar algunas de sus sedes o Casas del Pueblo a UGT para que impartiera cursos de formación".

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