SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha querido dejar claro este jueves que el conflicto de los estibadores de los puertos "no es un conflicto social, sino de aplicación de una normativa europea", y en esa línea ha aseverado que "la ley hay que cumplirla".
Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas en relación a la huelga anunciada para la próxima semana entre el colectivo de estibadores en los puertos españoles, y en una rueda de prensa en Sevilla para presentar el segundo Informe de competitividad de la economía andaluza, centrado en el análisis de sectores claves.
Preguntado por el daño que la huelga de estibadores puede ocasionar para la economía andaluza, el presidente de los empresarios andaluces ha comentado que "el mero anuncio" de dicho paro "puede significar siempre una repercusión negativa para Andalucía, sobre todo para la actividad económica y productiva".
En todo caso, ha insistido en remarcar que no se trata de una huelga "generada o motivada por un conflicto social", de forma que "no deriva de que haya un bloqueo en un convenio o un desencuentro". "Hablamos de otra cosa, de un conflicto legal, de la aplicación de una normativa que proviene de la UE" que se tiene que trasponer al sistema legislativo español, un paso que no se había realizado hasta ahora "ante la ausencia de un Gobierno" en España durante el pasado año, según ha agregado el presidente de la CEA.
Así las cosas, ahora el Gobierno central actual, "legítimamente o no, pretende mediante un real decreto promulgar una norma que le obliga la Unión Europea", ha comentado González de Lara, que ha añadido ante la reacción de los estibadores a la pretensión del Ejecutivo que "es como si los empresarios nos negamos a aplicar la reforma del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, del impuesto de sociedades que en diciembre nos sorprendió".
"Nosotros cumplimos la ley, nos guste más o menos", ha remachado, para incidir en que "la ley hay que cumplirla", y ello pese a que los empresarios "siempre decimos que queremos menos leyes y mejores, que el legislador sea sensible a la actividad empresarial y productiva".
