Presidente del Parlamento aboga por una reforma constitucional "consensuada, que mire al sur y blinde derechos sociales"

El Parlamento acoge un seminario sobre la reforma social de la Constitución
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Publicado 03/04/2018 15:07:07CET

La Cámara andaluza ha acogido un seminario sobre la reforma social de la Constitución española organizado por la Plataforma del Tercer Sector

SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, ha subrayado este martes que la España de 2018 "no tiene nada que ver con el país que teníamos hace 40 años, cuando se aprobó la Constitución" y ha abogado por una reforma "consensuada, que mire hacia el sur y que blinde derechos sociales" como las pensiones públicas, la protección de la salud y la dependencia, el establecimiento de una renta mínima para la protección social, o proponer la redefinición del derecho a la vivienda para garantizarlo de manera efectiva.

En el Seminario sobre la reforma social de la Constitución Española, organizado por la Plataforma del Tercer Sector, Durán, que ha estado acompañado por el presidente de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, Manuel Sánchez y el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, Carlos Susías, ha recordado que este año se conmemora el 40 aniversario de la Constitución española de 1978 y que el reconocimiento de los derechos sociales en la Carta Magna "no es un capricho de unos cuantos políticos, sino que debe ser una causa de todos, una causa de país".

Según un comunicado, Durán ha afirmado que la Constitución es "la gran columna vertebral" de la vida política, social y económica del Estado, "una norma fundamental bajo la cual España ha logrado el mayor tiempo de paz, democracia, libertad y progreso de toda nuestra historia". Asimismo, ha precisado que en el caso de Andalucía, posibilitó la autonomía, pues se diseñó para que las regiones que lo desearan pudieran autogobernarse en el marco de la indisoluble unidad de España, como dice su artículo segundo.

El presidente ha indicado que, desde que el texto constitucional fue aprobado, la sociedad "ha ido madurando y, con ella, el modelo de convivencia y su estructura territorial". Hay asuntos, ha dicho, que "han quedado obsoletos y deben corregirse".

Así, ha añadido que en el transcurso de estos 40 años "han surgido cambios y nuevas necesidades en nuestro país como las obligaciones contraídas por la ratificación del Estado español de tratados internacionales, la reforma de estatutos de autonomía, la integración de España en la Unión Europea o la reversibilidad de los derechos sociales ante los ajustes derivados de crisis económicas".

El presidente considera "inevitable" revisar y mejorar el modelo planteado en la Constitución y ha apuntado que las nuevas generaciones tienen derecho a hacer otra lectura de nuestro marco constitucional y a exigir cambios institucionales.

Durán ha indicado también que España ha avanzado y es un país más moderno, descentralizado e integrado en la Unión Europea, pero al mismo tiempo su población "es más exigente a la hora de reclamar el funcionamiento eficaz de sus instituciones y el respeto a sus derechos y libertades". Por eso, ha agregado que esta nueva situación "debe tener su reflejo ahora en la Constitución ya que la realidad se ha transformado tan profundamente que hay que extender y garantizar con suficiencia los derechos fundamentales".

"Nuestro objetivo debe ser que consigamos entre todos una sociedad y un Estado con más justicia social y no hay otra manera que empezar por incorporar en la Constitución mecanismos que garanticen el Estado del Bienestar fortaleciendo los derechos sociales. Debemos afrontar la reforma constitucional sin miedo, con ilusión y con esperanza. Y también, y sobre todo, con voluntad de diálogo sincero y acuerdo", ha dicho.

Durán ha indicado que la posible reforma constitucional "debe tener la misma altura de miras y el mismo nivel de consenso que se alcanzó en 1978 pensando qué España queremos para las próximas décadas". En este sentido, ha pedido altura de miras y responsabilidad porque "el consenso es la única garantía de éxito para que todos los españoles se sientan cómodos con su reforma" y ha advertido que el objetivo esencial de una reforma constitucional "no es la distribución territorial del poder" y ha añadido que este debate "no puede tapar la importancia de lo social".

El presidente ha señalado que "mejorar no significa hacer tabla rasa con el pasado, sino preservar lo que es bueno, además de incorporar elementos que fortalezcan los derechos sociales como los que ya se recogen en el Estatuto de Andalucía, como la igualdad de género, la protección contra la violencia machista, el testamento vital y dignidad ante el proceso de muerte, la renta básica o el respeto a la orientación sexual de las personas, entre otros".

Además, ha resaltado que cualquier reforma debe tener en cuenta a Andalucía, pues representa casi la cuarta parte de la población de nuestro país. Y ha agregado que la reforma debe mirar al sur porque Andalucía "es ejemplo en avances legislativos para consolidar derechos sociales: desde la aprobación de la nueva Ley de Servicios Sociales, el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, pasando por el establecimiento de la Renta Mínima de Inserción o las cláusulas sociales y medioambientales que incorporará la Administración andaluza en la contratación".

Por su parte, el presidente de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía ha defendido "el fomento de los derechos fundamentales de las personas en el contexto de desigualdad actual, que requiere del Gobierno y los grupos políticos un compromiso serio para acometer una reforma social de la Constitución".

Sánchez ha expuesto algunas de las reivindicaciones de la Mesa del Tercer Sector de Andalucía, haciendo hincapié en que los derechos sociales han de ser formulados como fundamentales de acuerdo a los acuerdos y tratados internacionales. Asimismo, ha demandado "una participación real de la ciudadanía y las organizaciones del Tercer Sector en la vida política".

Igualmente, ha expresado la necesidad de atender las necesidades y los derechos de las personas más vulnerables. "El Estado debe estar legitimado, a través de la Carta Magna, para desarrollar actuaciones que redunden de forma positiva en el ámbito de lo social, de forma que se logre un mayor equilibrio y cohesión", ha señalado.