av2" class="NormalTextoNoticia" itemprop="articleBody">
CÓRDOBA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional ha detenido a dos hombres, de 48 y 40 años de edad, que ya han ingresado en prisión por orden judicial, como presuntos autores de un delito de amenazas graves acusados de haber exigido el pago de 10.000 euros a un empresario, al que amenazaron con causar daños físicos a su familia si no pagaba, alegando los extorsionadores que dicha cantidad correspondía a una deuda impagada.
Según informa la Comisaría Provincial, la consiguiente operación policial, bautizada con el nombre de 'Manolos', tuvo su origen en la denuncia interpuesta, el pasado 9 de julio, por un empresario cordobés, el cual manifestaba ser víctima de una extorsión, vía telefónica, por parte de personas desconocidas, las cuales le reclamaban el pago de 10.000 euros.
Los extorsionadores alegaban que dicha cantidad era el resto de una deuda adquirida hacía unos años por la compra de unas naves en el extrarradio de Córdoba y por las que el empresario ya había abonado 30.000 euros en el mes de mayo, llegando dichas personas a amenazar con causarle un mal mayor a sus familiares directos, haciendo alusión directa en las llamadas a un hijo suyo.
Ante la gravedad de los hechos, los agentes encargados de la investigación de los delitos contra las personas en lo relativo a extorsiones y amenazas graves condicionales, se pusieron de inmediato en contacto con el denunciante, a fin de tratar de comprobar los hechos denunciados y lograr así obtener una mayor información de todo lo relativo a las amenazas, todo ello con el objeto de tratar de identificar y detener a las personas implicadas en las mismas.
Se establecío un dispositivo policial, que culminó la mañana del pasado día 17 de julio con la detención de dos hombres, con domicilio en Jaén, y con antecedentes policiales por extorsión, en las inmediaciones de la barriada de San Rafael de la Albaida, siéndoles intervenidos en ese momento un arma blanca, una libreta de anotaciones de pagos y más de 300 euros en efectivo.
Una vez puestos los detenidos a disposición judicial, el titular del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia decretó su ingreso en prisión.
