SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía ha superado este miércoles el debate de totalidad en el Parlamento andaluz, dado que no se ha presentado ninguna enmienda a la totalidad del texto. Esta norma, que comienza ahora su trámite en comisión parlamentaria, afectará a más de 700.000 personas en la Comunidad autónoma y cuenta con una memoria económica de 1.300 millones anuales.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha señalado durante su intervención ante el Pleno que la nueva Ley mejorará la calidad de vida de más de 700.000 personas y sus familias, "con especial atención a las más vulnerables y promoverá una sociedad más inclusiva y accesible".
Sánchez Rubio ha resaltado que en la elaboración del texto se ha contado con la participación de las entidades pertenecientes al Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad y organizaciones y asociaciones relacionadas con esta materia, además de someterlo a información pública. Además, ha indicado que el proyecto se adecua a las exigencias de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Una de las novedades de la ley es que regula en el Titulo I el derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, obligando a las administraciones públicas de Andalucía, dentro de su ámbito de competencias, a adoptar medidas de acción positiva para promocionar este derecho. Además, a diferencia de la Ley 1/1999, se reconoce que dentro de la discapacidad hay personas en especial situación de vulnerabilidad como las que tienen pluridiscapacidad, o necesidades de apoyo para la toma de decisiones.
En el ámbito formativo y del empleo se establece la reserva de un 3% del número de plazas para personas con discapacidad en los cursos de formación, organizados por la Junta, de manera que como mínimo deberá garantizarse una plaza para personas con discapacidad independientemente del número de plazas convocadas. También se recoge como aspecto innovador expresamente la reserva de cupo en las bolsas de trabajo temporal de empleo público. Asimismo, se reservará al menos el 5% de plazas para personas con discapacidad en el conjunto del programa de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo.
En el área laboral, obliga a mantener en vigor un Plan de Empleabilidad de Personas con Discapacidad, mientras que en el ámbito sanitario destaca la atención temprana para menores de seis años, haciendo hincapié en la atención integral a través de la coordinación de los servicios sociales, sanitarios y educativos.
En el área educativa, es novedosa la prohibición expresa a los centros docentes públicos o privados de denegar el acceso a sus servicios y actividades por motivo de discapacidad al alumnado o demás miembros de la comunidad educativa. También como avance, respecto a la Ley 1/1999, se prevé una relación detallada de medidas que deberán adoptarse por el sistema educativo público de Andalucía. Las universidades deberán elaborar un censo del alumnado con discapacidad y aprobar un plan especial de accesibilidad.
Respecto a los servicios sociales, la nueva norma define los criterios que deberán orientar las prestaciones de servicios sociales destinadas a las personas con discapacidad, de forma que se atiendan sus necesidades personales e inclusión. Asimismo, se mantiene, frente a otras comunidades, la posibilidad de otorgar prestaciones económicas complementarias a las estatales para las personas en situación de necesidad, así como de otorgar subvenciones individuales que favorezcan su inclusión social.
En el texto también se reconoce específicamente el derecho de las personas con discapacidad en situación de dependencia a la asistencia personal para llevar una vida independiente. De otro lado, en materia de comunicación, imagen y publicidad, el Consejo Audiovisual de Andalucía deberá elaborar anualmente un informe sobre el tratamiento de la imagen de las personas con discapacidad.
Así las cosas, la ley tipifica las infracciones en leves, graves y muy graves y las sanciones correspondientes del régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Las multas van desde 301 euros a 1.000.000 de euros dependiendo de la calificación de la infracción, considerándose muy grave toda conducta de acoso o generar deliberadamente situaciones de riesgo o daño grave para la integridad física o psíquica o la salud de las personas con discapacidad.
PP-A: "LAS MISMAS RECETAS ARTIFICIALES"
Por el PP-A, Rafael Vicente Valero Rodríguez ha valorado la necesidad de esta norma si bien ha cuestionado que aprobarla haga modificar las políticas de "abandono y desidia" de la Junta frente a las personas con discapacidad. "Tras 35 años no vale decir que queda mucho por hacer", ha lamentado el diputado antes de reprochar al Gobierno andaluz que "tras alzarse como apóstoles de lo social, han abandonado al sector de la discapacidad, el más vulnerable".
Ha criticado que el Gobierno andaluz lleva con esta norma "las mismas recetas artificiales que nos han llevado a la nada" y cree que esto se debe a que "no creen ni apuestan por la discapacidad". Valero Rodríguez ha señalado que "la discapacidad no existe de por sí, sino que es el entorno el discapacitante", a la par que ha considerado que este proyecto de ley "no puede alcanzar ese proyecto propio de vida" que necesita el colectivo porque "está basado en una ambigüedad calculada, basado en un brindis al sol y recogiendo elementos que vulneran derechos fundamentales".
La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Podemos, Esperanza Gómez, ha explicado que su formación acogió "muy bien" la presentación de este proyecto de ley "en un primer momento" pero que, posteriormente, una vez que ha analizado el texto, ha advertido de que "a poco que se profundiza en el mismo afloran los problemas". Así, según ha destacado, se trata de una norma "ambigua, que no crea derechos y que parece una declaración de intenciones". "Es una norma programa más que jurídica con una redacción generalista, lo que la convierte a este ley en una farsa", ha sostenido.
La diputada de C's Marta Escrivá ha dicho que su grupo comparte la necesidad de que se elabore una nueva normativa para este colectivo, pero cree que el actual proyecto de ley necesita "muchas mejoras", por lo que presentarán enmiendas durante el trámite parlamentario. En su opinión, no solo hay que favorecer la libertad e igualdad real de estas personas, sino que hay que "atar mucho más" el deber de la administración para prestarles una atención "especializada". Se requiere también, según ha señalado, un seguimiento de la eficacia de las políticas recogidas en esta ley.
Por IU, Elena Cortés, que ha criticado que no se haya hecho una memoria y evaluación de la ley del 99 para poder seguir avanzando, ha confiado en que durante el trámite parlamentario y con las enmiendas parciales se puedan innovar más aspectos de la norma, al tiempo que ha alertado de que el colectivo al que se dirige "también están costreñidas por el desempleo, el empleo precario, por bajos salarios o por las listas de espera en la dependencia".
Por último, la diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha calificado de "ceniza" las intervenciones previas de los diputados de PP-A y Podemos y ha garantizado que esta legislatura va a ser la de los derechos sociales. Ha reclamado el compromiso de todos los grupos para "dar los pasos adelante" necesarios para que se respete la diferencia y se reconozca la diversidad. "Queda mucho camino por hacer, pero hay que hacerlo juntos", ha señalado Pérez, quien ha considerado "ambicioso" el nuevo proyecto de ley, que viene a sustituir a una normativa "desfasada".
