SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PSOE-A defenderá el jueves ante el Pleno del Parlamento una proposición no de Ley en la que se insta al Ejecutivo andaluz a que demande al Gobierno central que cuantifique y transfiera, en el seno de la comisión bilateral Junta-Estado, la dotación derivada de la no ejecución de cursos de formación para el empleo en la comunidad, desde los años 2012 a 2016, con el objeto de poner en marcha un Plan Especial de Formación Profesional para el Empleo que implemente las cantidades, que en los próximos cinco ejercicios presupuestarios, correspondieran a Andalucía para el desarrollo de esas políticas de formación.
En la iniciativa, el PSOE-A señala que con esa demanda al Gobierno central se trata de cumplir la disposición adicional octava de la Ley del sistema de Formación Profesional para el Empleo, que fija que los remanentes de crédito destinados a dicho sistema que pudieran producirse al final de cada ejercicio en la reserva de crédito del servicio público de empleo estatal se incorporarán a los créditos correspondientes al siguiente ejercicio, conforme a lo que se disponga en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En la exposición de motivos de la iniciativa, el PSOE-A señala que la judicialización por la vía penal de la gestión de la formación profesional para el empleo en Andalucía "ha causado un enorme daño a estas políticas". Añade que Andalucía es la única comunidad en la que las investigaciones policiales versaron sobre el proceder de la administración pública responsable, "en lugar de sobre los beneficiarios de las subvenciones que presuntamente pudieran haber cometido fraude".
Según el PSOE-A, el Gobierno andaluz, ante la enorme alarma social y mediática que se generó con este asunto, adoptó la "prudente decisión de suspender la convocatoria de subvenciones para cursos de formación, iniciando una estricta colaboración con la justicia para el esclarecimiento de los hechos investigados, así como una diligente gestión de los expedientes administrativos en proceso de justificación para garantizar el control sobre el correcto proceder de las entidades beneficiarias".
Hoy la justicia, según el PSOE-A, se ha ido pronunciando caso tras caso, concluyendo que "no existe el presunto fraude masivo en la formación que algunas fuerzas políticas alentaban, absolviendo de cualquier responsabilidad a altos cargos y funcionarios públicos de la Junta", con lo que ahora es el momento de "restablecer la normalidad administrativa que nunca debió ponerse en cuestión, reactivando la formación para el empleo como política pública como está haciendo el Gobierno andaluz".
Para el PSOE-A, todo el esfuerzo que está llevando a cabo la Junta para dar carta de normalidad al proceso de formación de los desempleados, tiene que ser correspondido ahora por el Gobierno central.
Ha recordado que cuando una comunidad se ve en la tesitura de no haber aplicado todo el dinero presupuestado a formación, el Ministerio de Empleo le descuenta en la transferencia del siguiente ejercicio presupuestario las cantidades no comprometidas, actuando con ello "de manera desigual" entre comunidades.
Es por ello, que el PSOE-A exige en su iniciativa que el dinero no ejecutado durante estos años debería asignarse a Andalucía para un Plan Especial de Empleo, que impulse las políticas de formación como parte clave y sustancial de las políticas activas de empleo, y que las centrales sindicales cifran en torno a 1.000 millones de euros.
