SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los grupos parlamentarios de PSOE-A, Podemos Andalucía e IULV-CA ha acordado este jueves un documento sobre los principios del nuevo modelo de financiación autonómica y la defensa de los intereses de Andalucía, con vistas a la reunión de este viernes del grupo de trabajo sobre financiación creado en el Parlamento.
Según han informado a Europa Press fuentes de la negociación, el documento de acuerdo será presentado este viernes y se dará cuenta de su contenido, donde se pone de manifiesto la infrafinanciación que ha sufrido Andalucía con la aplicación del actual sistema de financiación y la necesidad de que esta comunidad cuente con más recursos en el nuevo modelo para financiar los servicios públicos fundamentales.
Las mismas fuentes han indicado que, en este momento, han sido esas tres formaciones las que han acordado el documento, sin descartarse la posibilidad de que pudieran sumarse los otros dos grupos parlamentarios PP-A y Ciudadanos (Cs).
Lo que está previsto este viernes es que el grupo de trabajo sobre financiación autonómica del Parlamento someta a votación el documento síntesis de propuestas que se ha elaborado desde los servicios de letrados una vez que los cinco grupos parlamentarios presentaron sus conclusiones. La sesión del grupo de trabajo se desarrollará a partir de las 10,30 horas en la sede de la Cámara.
El acuerdo entre esas tres formaciones se produce tras la nueva ronda de contactos que el PSOE-A ha desarrollado con los otros grupos para tratar de cerrar un acuerdo. Desde hace varios días, los socialistas ha mantenido que ya había un amplio margen de acuerdo entre las tres formaciones de izquierdas y confiaba en que los otros dos partidos también pudieran sumarse a un acuerdo global, aunque lo veía más complicado en el caso del PP-A si no asumía que Andalucía había estado infrafinanciada y que se necesitan más recursos.
En cuanto al contenido del acuerdo, fuentes de las negociaciones han informado a Europa Press de que contempla que la reforma del sistema de financiación debe atender prioritariamente a la suficiencia financiera, a la equidad y a la lealtad institucional. Y en particular, señala que el principio de equidad ha de constituirse en el eje vertebrador de todos ellos. Todo para que los ciudadanos, con independencia de donde viva, disponga de los mismos recursos financieros dadas sus necesidades de gasto.
Así, apuestan por un esquema de nivelación total que iguale la cobertura financiera de todos los servicios públicos con independencia de la capacidad fiscal de los territorios, a la par que rechazan el criterio de ordinalidad. Del mismo modo, abogan por incrementar los porcentajes de cesión del IVA y de los impuestos especiales hasta, al menos, un 70 por ciento, y mantener el 50 por ciento del IRPF; además de una armonización que termine con el dumping fiscal.
Entre otras cosas, también rechazan los copagos y reclaman más transparencia en el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra.
Los tres partidos quieren salvaguardar la cobertura financiera del Estado de Bienestar y crear un Fondo de Sostenibilidad que se constituiría con excedentes de años de mayor bonanza económica para blindar los servicios públicos, y otro fondo a repartir entre las comunidades según la población de derecho, que se dotaría con la recaudación normativa de tributos cedidos y una aportación estatal procedente de los recursos dedicados al Fondo de Suficiencia Global, Fondo de Competitividad y Fondo de Cooperación, que desaparecerían.
Además, coinciden en la necesaria corrección del desequilibrio vertical a través de la reasignación de los recursos tributarios y de los esfuerzos de consolidación fiscal entre los diferentes niveles de gobierno; y también en que hay que aproximar el importe de la suficiencia global estimando las necesidades de gasto en servicios públicos fundamentales.
Asimismo, además de acordar la eliminación del 'statu quo', "que arrastra privilegios acumulados procedentes de anteriores sistemas de financiación"; piden un calendario ordenado, viable y realista de retirada de los mecanismos adicionales de financiación, al objeto de recuperar la autonomía financiera de las comunidades y explorar posibilidades de salida a los mercados.
Y también defienden que hay que potenciar los Fondos de Compensación Interterritorial, incrementando significativamente sus cuantías y estableciendo una base de cálculo que les otorgue estabilidad, o que hay que reforma el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que permita una mayor corresponsabilidad fiscal entre Estado y Comunidades.
