Redune se personará como acusación popular en el caso de los curas denunciados por abusos

Actualizado 29/11/2014 12:13:02 CET

GRANADA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de Debilidad (Redune) pretende personarse en el caso de los tres sacerdotes y el profesor de Religión de la Archidiócesis de Granada, una vez que el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investiga el asunto, levante el secreto de sumario decretado.

   Así lo ha señalado a Europa Press el abogado que representa a este colectivo, Jorge Luis Sánchez Medina, quien ha indicado que ya ha manifestado al titular del Juzgado, el magistrado Antonio Moreno, su intención de personarse una vez que los plazos procesales se lo permitan.

   Por su parte, el presidente de Redune, Juantxo Domínguez, ha dicho a Europa Press que el objetivo es que el grupo llamado de 'Los Romanes' o 'Los Romanones' se considere como un "grupo coercitivo", en tanto que presuntamente habrían utilizado su posición de "poder" y "control" como sacerdotes y profesor sobre menores de edad, para manipularles y conseguir fines ilícitos, en este caso supuestos abusos sexuales, "aprovechándose de su debilidad".

   De hecho, Domínguez ha reivindicado que en este caso se tenga en cuenta el artículo 515 del Código Penal, que se refiere a las asociaciones ilícitas y que, en su apartado tercero, señala que tendrán esta consideración "las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución".

   En ello entrarían, según Redune, videntes, sanadores, centros terapéuticos o de desarrollo personal, diversos gurús, grupos religiosos que actúan de forma paralela a las leyes aunque estén legalmente constituidos, grupos políticos extremistas, maras, o bandas juveniles, entre otros.

   En España, según ha lamentado el presidente de esta entidad, este artículo no se tiene "casi nunca en cuenta", cuando en otros países europeos, como en Bélgica, sí se aplican los llamados delitos de abuso de debilidad, que se enmarca en "el abuso fraudulento del estado de ignorancia o debilidad sobre un menor o una persona con especial vulnerabilidad, ya fuere debido a sus edad, enfermedad o discapacidad física o mental, aparente o conocida por el autor, o bien sobre personas que han quedado en un estado de sometimiento psicológico o físico resultante del ejercicio de presiones graves o reiteradas".

   Así, en este caso "claramente" se podría hablar de un grupo que se "aprovecha" de la "debilidad" de unos menores, y que, incluso, está en "entredicho" por una supuesta herencia que una mujer les habría dejado al morir. "A veces la manipulación también se produce en personas adultas, y podemos seguir hablando de grupos coercitivos. Pero el problema aquí, en este país, es que la justicia mira para otro lado en estos casos", ha censurado.

   En lo que se refiere a los menores, Domínguez ha considerado que este tipo de grupos "coercitivos" van "moldeando su forma de ser" a la manera del propio colectivo, teniendo en cuenta además la "vulnerabilidad" de sus víctimas. "En el caso de los sacerdotes podemos decir que tienen un gran poder sobre un menor de edad", ha señalado Domínguez, que considera que "ya ha llegado la hora" de que la "sociedad civil" pueda opinar al respecto, por lo que ha confiado en que finalmente el Juzgado de Instrucción 4 de Granada les deje personarse en este asunto.

   Fue el pasado miércoles cuando el Juzgado, del que es titular el magistrado Antonio Moreno, dejó en libertad con cargos al profesor y a dos de los sacerdotes denunciados y decretó prisión eludible bajo fianza de 10.000 euros para el cuarto, el considerado líder del grupo, el padre R.M.V.C., que abonó y que por ello también quedó en libertad.

   Además, se les impuso a los cuatro medidas de alejamiento y de prohibición de comunicación con respecto a los dos denunciantes, y tendrán que comparecer en sede judicial cada 15 días.

Rafael Catalá

Rafael Catalá

Ministro de Justicia

28/11/2017

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