SEVILLA, 30 May. (EUROPA PRESS) -
La VI Reunión de Estados Partes de la Convención de Patrimonio Cultural Subacuático, reunida este martes en París, ha aprobado la inclusión del proyecto 'Protección jurídica del patrimonio arqueológico subacuático en Andalucía' en el Registro de Buenas Prácticas en materia de protección, conservación y difusión del Patrimonio Cultural Subacuático.
Este proyecto ha sido presentado por el Gobierno español, tras la aprobación por parte de la Comisión Científica del Plan Nacional y del Consejo de Patrimonio Histórico, según han informado en una nota desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Junto a él han sido aprobados otros tres proyectos españoles como son 'Un naufragio romano para la sociedad, el pecio de Bou Ferrer' (Villajoyosa, Alicante); 'Prospección y excavación arqueológica del pecio Deltebre I' (Cataluña), e 'Investigación arqueológica en los pecios Cala Cativa I/ Cap del Vol (Port de la Selva)', de Cataluña.
Los cuatro proyectos --junto con dos de México y un proyecto presentado por Portugal-- constituyen la primera inclusión que la Convención realiza en este nuevo Registro, tras la aprobación en 2015 de un nuevo procedimiento por el que invitaba a los Estados parte a proporcionar ejemplos de buenas prácticas en este campo, con el fin de fomentar la sensibilización y la difusión del patrimonio cultural subacuático.
Con el respaldo a estos cuatro proyectos, España "sigue demostrando su compromiso permanente con la defensa, estudio y valoración del Patrimonio Cultural Subacuático que asumió en 2005, tras la ratificación de la Convención de la Unesco para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001", según subrayan desde el Gobierno.
'PROTECCIÓN JURÍDICA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO SUBACUÁTICO EN ANDALUCÍA'
Desde el Ministerio remarcan que el patrimonio arqueológico subacuático se encuentra amenazado no sólo por actividades ilícitas sino también, como se refleja en la Convención Unesco, por actividades legítimas que pueden llegar a afectarle de manera negativa como son, entre otras, las grandes obras de infraestructura que, en la actualidad, se realizan en el medio marino y que pueden llegar a provocar, si no se establecen mecanismos de control, la pérdida paulatina de este patrimonio.
Por otro lado, estos proyectos son, "en muchos casos, necesarios para el desarrollo económico y social de una zona y, por tanto, es imprescindible hallar un equilibrio estableciendo medidas que hagan compatible la ejecución de las mismas con su protección".
En este sentido, y para dar respuesta a esa preocupación, desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía se consideró necesario y prioritario ejecutar un proyecto que dotase a este patrimonio del máximo nivel de protección que establecía la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, a través de la aplicación de las figuras de protección recogidas en la misma.
En concreto, dichas figuras son las de Zonas Arqueológicas --aquellos espacios claramente delimitados en los que se ha comprobado la existencia de restos arqueológicos de interés relevante--, y Zonas de Servidumbre Arqueológicas, relativas a aquellos espacios claramente determinados en los que se presuma, fundadamente, la existencia de restos arqueológicos y se considere necesario adoptar medidas precautorias.
El plan de 'Protección jurídica del patrimonio arqueológico subacuático andaluz' constituye "un ejemplo magnífico de regulación y control de las aguas territoriales y de sus zonas arqueológicas", concluyen desde el Gobierno.
