Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 21/02/2010 17:30
La Asociación 'Salvemos Mojácar' consideró hoy que las Administraciones públicas, --estatal, autonómica y local--, no han hecho nada "significativo" en los cuatro años que lleva paralizado el Hotel Algarrobico, ubicado en el término municipal de Carboneras (Almería), para contribuir a su demolición, sino que, muy al contrario, han trabajado en su defensa, "en unos casos abierta y descaradamente, como el Ayuntamiento, y en otros subterfugiamente, como en el de la Junta de Andalucía".
En un comunicado, la asociación recordó que en estos cuatro años se han dado al menos nueve sentencias contrarias al hotel, añadiendo que la promotora y el Ayuntamiento se han dedicado a recurrir "todo lo recurrible" para demorar la sentencia firme que conduzca a la revisión de la licencia y la demolición del hotel. Todo ello, con el objetivo de "negociar indemnizaciones inaceptables de más de 100 millones de euros".
En esta sentido, el colectivo consideró que la Junta de Andalucía lleva años haciendo una "inaceptable farsa mediática", diciendo que quiere tirar el hotel mientras que en los tribunales trabaja para legalizarlo, "como demuestran de forma clarísima las actuaciones de la Consejería de Obras Públicas en los tribunales y el grosero intento de recalificación y desprotección ilegal de los terrenos del hotel, por parte de la Consejería de Medio Ambiente, cuya consejera obvió la ley y el estado derecho al decir que la sentencia del juez Rivero era literatura".
En esta línea, 'Salvamos Mojácar' aseguró que la demolición del Algarrobico llegará "antes o después", pero que hay que impedir que, mientras tanto, se negocien "turbias e inaceptables" indemnizaciones a una promotora que fue siempre perfecta conocedora de la ilegalidad perpetrada". "Tenemos que luchara para que la Junta de Andalucía no siga enturbiando el proceso y engañando a la opinión pública, mientras se silencian los otros mil Algarrobicos de la costa andaluza", agregó.
Por todo ello, la asociación reclamó la dimisión de la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, y de las delegadas de Obras Públicas en Almería y Sevilla, Alejandra Rueda y Salud Santana, respectivamente.