Los Verdes pide cárcel para los once imputados en el 'caso Nevada'

Actualizado 24/02/2009 20:06:56 CET

Aboga además por la demolición de lo ilegalmente construido

GRANADA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Verdes de Andalucía (LV), personado como acusación particular en el 'caso Nevada', ha solicitado en su escrito de conclusiones provisionales cárcel para los once imputados por la supuesta tramitación irregular del Parque Comercial de Armilla (Granada), entre ellos el ex alcalde de la localidad, José Antonio Morales Cara, el ex edil de Urbanismo, Gabriel Cañavate y el promotor de la construcción, Tomás Olivo.

La formación ecologista considera a Morales Cara y Cañavate presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística y otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos, para los que pide una pena de cuatro años de prisión y seis de inhabilitación.

Para el promotor solicita tres años de cárcel y otros tres de inhabilitación por la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio y otro contra el orden público, desobediencia grave a la autoridad judicial, según consta en el escrito de fecha 29 de enero, al que tuvo acceso Europa Press.

LV ve además a los cuatro concejales que formaron parte de la Junta de Gobierno Local que otorgó licencia al Nevada como supuestos autores de un delito contra la ordenación del territorio, con una pena de dos años de prisión, que es la misma que pide para los dos arquitectos, un abogado y una letrada de Diputación, por el delito de prevaricación urbanística, al que le añade tres de inhabilitación.

En su escrito, LV cree que la existencia de diferentes informes que apreciaban irregularidades en la tramitación del Nevada imposibilitaban el otorgamiento de la licencia de obras a la empresa General de Galerías Comerciales S.A., por lo que ésta se concedió siendo los miembros de la Junta de Gobierno Local "conocedores" de la "ilegalidad" de la misma.

Para la formación, el resultado de la instrucción y de las pruebas periciales practicadas hasta el momento concluyen que en la tramitación se incurrieron en varias irregularidades urbanísticas, por la "indiciaria" ocupación de zonas verdes, construcción en suelo no urbanizable, "indiciario" exceso del volumen de edificabilidad permitido e "innegable perturbación" urbanística.

La situación, en opinión de LV, sólo podría solucionarse mediante la demolición de lo ilegalmente construido para restaurar el estado de los terrenos anterior a las obras.