El TSJA insta a los afectados a formalizar demanda por la nueva comisión de servicios docentes

Actualizado 23/02/2017 15:15:14 CET

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado traslado del expediente administrativo a los recurrentes contra el 'concursillo' docente de traslados que la administración regional promovió mutándola en comisión de servicios, contra lo que este grupo de trabajadores de la administración educativa andaluza inició proceso de demanda contencioso-administrativa solicitando su paralización al entender que en sus términos actuales el procedimiento incurre en "fraude de ley" y "discriminación".

Fuentes del caso han explicado a Europa Press que, tras requerir a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para que remitiera el expediente de tramitación, los actuantes tienen ahora un plazo de 20 días para formalizar la demanda, ante lo cual ahora pueden registrarla oficialmente o solicitar que se suspenda este plazo si consideran que falta alguna información de relevancia.

En el caso, el colectivo demandante considera que, "de forma fraudulenta", el Ejecutivo regional publica la modificación de una normativa que discrimina a los docentes al crear en "fraude de ley" una modalidad de comisión de servicio para conciliar la vida familiar, personal y laboral, "prohibiendo solicitarla a un gran sector del profesorado, de más de 20.000 personas", cifra correspondiente a los provisionales, a los que se sumarían los interinos y en prácticas.

Como quiera que, según los afectados, ello va contra la ley al hacer una "discriminación sin justificación alguna" entre funcionarios de carrera, es por ello que se solicitó la paralización del procedimiento.

Si con la anterior fórmula del 'concursillo', histórica reivindicación sindical, la administración podía dar opciones a los profesores que no obtengan el destino deseado en el concurso de traslados de comisiones de servicio en esos destinos de los que han participado, la Junta, en base a los postulados de la Ley de Educación de Andalucía (LEA), habría optado ahora por este modelo "que sólo se dirige a la gente con destino definitivo".

"Cualquier juez ve claramente que es inconstitucional", resume este grupo, que ha promovido escritos presentando su postura ante diputados del Parlamento, el Defensor del Pueblo Andaluz, la propia Consejería de Educación y los sindicatos. Así, pedían suspender el proceso e iniciar nuevas negociaciones para el curso 2017-2018 en las que se tenga en cuenta a todo el personal docente "independientemente de su condición de definitivo, provisional, en prácticas o interino, todo ello bajo el principio constitucional de igualdad".

Y es que, a su juicio, los borradores "no se ajustan a derecho, lesionando gravemente los derechos del colectivo personal funcionario de carrera sin destino definitivo, funcionario en prácticas e interinos".

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