CÓRDOBA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha pedido este jueves a la Junta "duplicar el esfuerzo" tras la petición de refuerzos en los juzgados cordobeses, como en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Peñarroya-Pueblonuevo, que instruye la causa de la 'Operación Rocket', con la comisión de supuestas irregularidades en la gestión de subvenciones por parte del Consistorio de dicho municipio y en la que hay nueve imputados, entre ellos, la exalcaldesa Luisa Ruiz (PSOE).
En declaraciones a los periodistas en Córdoba, el presidente del Alto Tribunal andaluz ha manifestado que "siempre" que reciben peticiones de juzgados sobre "necesidades de refuerzo", desde la sala de gobierno del TSJA se transmiten a las delegaciones territoriales de la Junta y se les insiste en que "sean lo más sensible en esa materia, sobre todo en juzgados como ocurre en la provincia de Córdoba, donde hay unas plantillas de funcionarios muy exiguas", apunta.
"Es lo que le transmitimos e insistimos, y lo que nuevamente estamos haciendo en ese sentido", según detalla Del Río, quien pide que "sean conscientes de que estamos ante unas plantillas muy deficitarias en algunos sitios, que no se ha hecho ningún cambio en muchos años y que en juzgados concretos deben de intentar hacer un esfuerzo presupuestario para poder prestar un mejor servicio".
En definitiva, el presidente del TSJA considera que "la justicia ágil y sólida es una demanda de la sociedad y en temas tan sensibles como estos", respecto a la situación del juzgado de Peñarroya con la 'Operación Rocket', "con más razón hay que duplicar el esfuerzo", ha resaltado.
En concreto, según ha adelantado el diario 'ABC', el citado juzgado ha solicitado refuerzos para llevar este caso, donde el sumario cuentan con más de 15.000 folios con pruebas documentales, informes y declaraciones. La 'Operación Rocket', que trata de esclarecer la comisión de supuestas irregularidades en la gestión de subvenciones por parte del Consistorio peñarriblense, sobre todo, relativas a los fondos Miner en la etapa de 2007 a 2011, llegó al órgano judicial en octubre de 2013, fecha en la que la Guardia Civil detuvo a la exalcaldesa Luisa Ruiz (PSOE), a dos empresarios, e inculpó a otras once personas.
Cabe destacar que del total de inculpados por el Instituto Armado, el juzgado imputa a nueve por delitos contra la administración, fraude y falsedad documental, concretamente son Ruiz y dos industriales que supuestamente idearon la presunta trama, y otros seis que cooperaban para la obtención irregular de las ayudas, de los que dos son de Peñarroya y están vinculados a gabinetes de arquitectura de la localidad del Guadiato y los otros cuatro restantes residen en diferentes provincias y están relacionados con empresas dedicadas a la reparación de vagones.
El objetivo de la investigación es determinar si se cometieron irregularidades en la gestión de proyectos cuya subvención suma 12,5 millones de euros. Están bajo examen judicial casi la mitad de los fondos Miner recibidos por Peñarroya desde el año 2005, que a su vez recibió el 40 por ciento del montante que estaba destinado a reconvertir esta antigua zona minera.
