SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
El exconsejero de Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías ha asegurado este miércoles en el juicio por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que "había regulación y normativa" para la concesión de las mismas.
Zarrías, para quien el Ministerio Fiscal solicita diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, ha señalado que en su etapa en el Gobierno andaluz tenía "clara conciencia" de que había regulación para la concesión de las ayudas, así ha enumerado la Ley de Hacienda, las leyes de presupuestos de la Junta y algunos decretos, así como también existían normas estatales como la órdenes ministeriales de 1994 y de 1995 para ayudas previas a la jubilación y a trabajadores afectados por procesos de reconversión y reestructuración de empresas, respectivamente.
Tras ser preguntado por el fiscal Juan Enrique Egocheaga sobre qué normativa concreta regulaba las ayudas sociolaborales para trabajadores, Zarrías ha respondido que la normativa --anteriormente citada-- regulaba las subvenciones, si bien considera que "subvención es sinónimo de ayuda".
Sobre las órdenes ministeriales, ha afirmado que no las conocía con precisión, pero sí sabía que el Gobierno y la Junta tenían líneas de ayudas de carácter sociolaboral, precisando que cuando había una crisis empresarial, en el Consejo de Gobierno todos los esfuerzos se concentraban en que no cerraran las empresas. "Cuando se planteaba una ayuda sociolaboral se fracasaba en el intento" de reflotar la empresa, ha afirmado.
En la sesión de tarde, Zarrías ha insistido en que las ayudas excepcionales estaban reguladas en diferentes normativas, como el Título VIII de la Ley de Hacienda Pública de Andalucía, que recoge la posibilidad de conceder ayudas sin concurrencia ni publicidad. Además está, según ha indicado, el decreto 254/2001 de 20 de noviembre, elaborado a iniciativa de las consejerías de Hacienda y Justicia y que regula la concesión de subvenciones y ayudas públicas con carácter excepcional y en supuestos especiales, que se pueden dar sin concurrencia.
"Los conflictos surgían cuando surgían", ha afirmado para explicar que la normativa se pusiera en marcha cuando aparecían los problemas sociales, como se activaron las ayudas por el terremoto de Lorca, ha ejemplificado. En este punto ha señalado que "efectivamente" el Título VIII y la Orden Ministerial de 1995 sobre ayudas de carácter excepcional recogen "casi literal" el mismo contenido.
Preguntado por el fiscal si considera que 272 ayudas a empresas con las mismas premisas se pueden calificar de excepcionales, Zarrías ha afirmado que las ayudas que conoce "se ajustaban a esos supuestos" porque afectaban a trabajadores y zonas deprimidas de Andalucía.
NO CONOCÍA EL PROGRAMA 31L
Zarrías, que fue consejero de Presidencia entre los años 1988 y 1990 y, posteriormente, entre 1996 y 2009, presidió durante estos años la Comisión General de viceconsejeros andaluces, conocidos como 'consejillos'. Ha iniciado su declaración ratificando la realizada ante el Tribunal Supremo en abril de 2015, en la que dijo que las modificaciones presupuestarias que se elevaron al Consejo de Gobierno "eran ajustadas a derecho" y contaban con "todos los requisitos que marca la ley". "No eran objeto de debate", ha afirmado este miércoles.
Entre otras cuestiones, ha asegurado que no conocía el programa 31L, por el que se pagaban las ayudas por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) --posteriormente agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)-- en base a las transferencias de financiación desde la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo.
Ha defendido que la existencia de ayudas sociolaborales era "pública y notoria" pues se recogían en los programas electorales, en los discursos de investidura, en los acuerdos de concertación social e, incluso, en las leyes de presupuestos que aprobaba el Parlamento.
Precisamente sobre el convenio marco firmado entre IFA y Empleo, ha señalado que "no lo conoció" ni fue informado, tras ser preguntado por el fiscal si el exviceconsejero de Empleo Antonio Fernández no informó en 'consejillo' sobre el convenio como "él mismo afirmó" en fase de instrucción ante la juez Mercedes Alaya.
"Ningún convenio pasaba por los 'consejillos' y menos aquellos entre dos entes de la misma Consejería", ha subrayado.
RELACIÓN CON LANZAS
Preguntado por la Fiscalía si ha mantenido reuniones con empresarios, sindicatos o trabajadores en las que le solicitaban que influyera en responsables de Empleo sobre su situación laboral, ha señalado que en sus 27 años como parlamentario por Jaén se ha reunido "con casi todo el mundo" en la provincia, pero el objetivo de esos encuentros era "una solución para las empresas", como Hijos de Andrés Molina o Santana. Aunque ha matizado que "nunca me plantearon una respuesta sociolaboral a los trabajadores", tampoco le pidieron que presionara a Empleo a pagar las ayudas comprometidas.
En este contexto, ha ratificado lo dicho ante el Supremo sobre su relación con el conseguidor de los ERE y responsable de UGT, Juan Lanzas, cuando afirmó que lo conoció como interlocutor del sindicato en materia agropecuaria en el contexto de las ayudas a Cárnicas Molina. Este miércoles ha precisado que también participó, como asesor del comité de empresa de Primayor, cuando se planteó entre 2007 y 2008 la opción de que Dhul, del grupo de empresas de la familia Ruiz Mateos, estableciera en Jaén una planta de precocinados y se hiciera cargo de la plantilla.
Posteriormente, Lanzas también participó en las reuniones con los propietarios de Dhul. Al hilo de esto, Zarrías ha reconocido que mantuvo dos reuniones antes y después del verano de 2008 en su despacho con la familia Ruiz Mateos para abordar el proyecto.
La Fiscalía le ha preguntado si recibió instrucciones del presidente de la Junta, Manuel Chaves, o de miembros de su gabinete para atender un conflicto laboral para que no se hiciera visible antes de la visita del presidente a una localidad. Zarrías ha respondido que no.
En este momento, el Ministerio Público ha expuesto una carta de noviembre de 2007 del presidente del comité de empresa de Primayor al director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. En la misma se recoge que el presidente del comité había mantenido una reunión con el delegado del Gobierno de la Junta en Jaén, Francisco Reyes, y éste le había trasladado que Zarrías le había comentado al consejero de Empleo, Antonio Fernández, que había que solucionar los problemas de los trabajadores, como el pago de las nóminas.
"Nunca le he dicho al director general de Trabajo que pague una nómina a nadie", ha asegurado, al tiempo que ha indicado que a veces se "usaba su nombre o el del presidente en vano". "Nunca he despachado con Guerrero", ha añadido, y ha manifestado que no le consta intrusos en los ERE de Santana o Hijos de Andrés Molina, así como tampoco que Antonio Fernández fuera incluido en el ERE de González Byass --pregunta del fiscal que ha motivado la protesta del abogado del exconsejero de Empleo--
Por último, Zarrías ha manifestado que en sus 15 años en el Gobierno andaluz "nunca recibió" informes o informaciones que señalaran que estaban cometiendo un delito en referencia a la tramitación y concesión de las ayudas investigadas en la causa.
La vista oral se retomará el próximo día 26, Lunes Santo, con la declaración de Antonio Fernández, después de que se haya pospuesto en varias ocasiones por su afonía. La Fiscalía solicita ocho años de prisión y 30 de inhabilitación para el exconsejero de Empleo por un delito de prevaricación y otro de malversación.
