SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha citado a declarar este jueves a diez nuevos imputados en la causa, entre ellos al jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo de la Junta, Antonio Lamela, por la ayuda de 5.026.425,51 euros concedida el 17 de noviembre de 2011 a Astilleros de Huelva.
En el auto en el que imputó a Lamela, consultado por Europa Press, la juez asevera que la referida subvención se otorgó el 17 de noviembre de 2011 y "fue pagada inmediatamente el 27 de diciembre siguiente", todo ello "al margen de la orden de fecha 1 de abril de 2011, por la que se establecían las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sociolaborales".
A su juicio, "esta ausencia de aplicación de la referida orden fue objeto de reparo en su momento por la Intervención Delegada exigiendo que al expediente se le diera la tramitación regulada en la misma o que se completara aquel con el informe jurídico que sustentara su inaplicabilidad".
La instructora explica que dicho informe, de 15 de septiembre de 2011, fue realizado por el jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo, Antonio Lamela, "a instancias del viceconsejero Justo Mañas" y "siguiendo indiciariamente las instrucciones políticas de este último, del que dependía jerárquicamente".
Alaya critica que el informe "justifica la inaplicabilidad de la citada orden bajo el peregrino argumento de que las subvenciones de la orden de abril de 2011 sólo pueden solicitarlas los trabajadores, no las empresas, como sucedía en el caso de Astilleros, en el que es la empresa la que obtendría los recursos económicos para financiar las obligaciones indemnizatorias que tiene con sus trabajadores y es la que ha solicitado la subvención excepcional, razón por la que según manifiesta no resultan de aplicación de dichas bases".
A juicio de la juez, "el razonamiento era cuanto menos paradójico, pues resultaba que la Consejería de Empleo había estado más de diez años negando que la beneficiaria de las ayudas fuera la empresa, y ahora se esgrimía ese argumento para negar la aplicación de la normativa reguladora a una subvención, cuando disponía el artículo 2 de la citada orden que será requisito necesario para poder acceder a las ayudas en ella reguladas la superación de una fase preliminar, y que la misma se iniciará a petición conjunta de la empresa y los trabajadores o sus representantes".
"Lo único que hubiera sido necesario es complementar la petición inicial de la empresa y los administradores concursales con la solicitud de los representantes de los trabajadores que figuran en el acta final del periodo de consultas, o reformular la solicitud como además se requirió a la empresa por la Dirección General de Trabajo de acuerdo con lo exigido por la Intervención Delegada", sostiene la juez, que concluye que "se omitió deliberadamente el procedimiento aplicable por la Consejería de Empleo, dictando el consejero Manuel Recio una orden favorable de concesión de fecha 17 de noviembre de 2011 en la que se declara expresamente que de la ayuda serán beneficiarios 'los trabajadores incluidos en el colectivo A, B y D recogidos en los anexos de la presente resolución".
CITADOS CUATRO 'INTRUSOS' DE HITEMASA
La magistrada destaca que en la resolución de esta ayuda "consta que fue aprobada por el Consejo de Gobierno", imputando a Antonio Lamela por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y citándolo a declarar el próximo día 25 de septiembre.
Asimismo, la juez ha citado como imputados este jueves a cuatro 'intrusos' en el ERE de Hitemasa del año 2001, como son Francisco Amores, quien recibió la suma de 30.474,36 euros por su inclusión en este expediente; Felipe Cortés, que cobró 37.487,85 euros; José Gálvez, que recibió 45.036,82, y José Torres, que recibió 30.977,77 euros.
Asimismo, y en cuanto al ERE de Samec, la juez ha citado a declarar al gerente, Marcos Guerra, quien "contactaría" con el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas "a través del entorno de Ruiz-Mateos para la financiación de las prejubilaciones de trabajadores de la empresa en el año 2007 por parte de la Junta", añadiendo que Lanzas "cobraría por su intervención como conseguidor de la referida financiación al menos 487.200 euros".
"El inculpado, conociendo la actuación ilícita de Lanzas y la consecución de fondos públicos de forma arbitraria para Samec, cooperaría con el citado Lanzas en facilitarle el trabajo en la empresa, siendo retribuido por él en la suma de 24.360 euros con cargo a los fondos públicos andaluces", sostiene la instructora, que también cita como imputado este jueves a Rodolfo Verginella, administrador de hecho y apoderado de Samec.
EL ERE DE PRIMAYOR
En cuanto al ERE de Primayor, la juez ha citado a declarar este jueves al jefe de Personal, Luis Sobrino; al director de Recursos Humanos, Felipe Monforte, y al director general, Ramón Portal, los cuales "instaron un ERE para 50 trabajadores que fue financiado en el 91 por ciento por la Junta, con total ausencia de procedimiento".
La juez llama la atención sobre el hecho de que, en el ERE, "estaba incluido el propio Luis Sobrino, percibiendo 2.400 euros mensuales".
