SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha citado a declarar este miércoles como imputado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que no pudo asistir a la comparecencia señalada para la pasada semana debido al fallecimiento de su madre.
Asimismo, y según han indicado a Europa Press fuentes del caso, la magistrada Mercedes Alaya ha citado a declarar a diez personas imputadas en relación a los dos ERE llevados a cabo en los años 2001 y 2004 por la empresa Hilados y Tejidos Malagueños S.A. (Hitemasa).
De este modo, la magistrada Mercedes Alaya ha citado a declarar a Manuel Márquez Sáez, quien como presidente del Consejo de Administración de Hitemasa hasta 2004, solicitó la tramitación del ERE de 2001, en el que se incluyeron a tres personas que no trabajaban en la empresa, concretamente a Félix Claros, Fernando Pérez y Antonio Luque, los cuales también comparecerán ante la juez este miércoles.
La juez considera que, "a sabiendas de su ilegalidad", también se incluyó en la solicitud y póliza correspondiente a Ana Luna, quien también ha sido citada a declarar este miércoles y "que padecía una situación de incapacidad", a fin de "complementar con la póliza la pensión que recibía".
Según la instructora, Félix Claros habría percibido ilegítimamente 39.746,73 euros; Ana Luna 61.588,63 euros; Antonio Luque, 39.766,20 euros, y Fernando Pérez, 47.002,58 euros, todo ello "con cargo a los fondos públicos autonómicos".
"EXTRAS"
Asimismo, Manuel Márquez fue beneficiario de varias pólizas y recibió "un trato especial y diferenciado junto al resto de los miembros del Consejo de Administración de Hitemasa respecto del colectivo de trabajadores de la empresa", ya que, en el listado de las personas beneficiarias de las pólizas, "aparece su nombre dos veces y la palabra 'extra' entre paréntesis como ocurriera con el resto de miembros del Consejo".
En relación al ERE de 2004, la juez cita a declarar tanto a Antonio Moreno, presidente del Consejo de Administración que sucedió al anterior desde el 2004 hasta 2010, como a los consejeros Francisco Naranjo del Río, Juan González, Amparo Alarcón y Guillermo Valderrama, quienes solicitaron el ERE de 2004 para la extinción de 191 trabajadores.
La juez considera que, "a sabiendas de su ilegalidad, se incluyeron en las pólizas de rentas a 195 asegurados, es decir, a cuatro intrusos".
A ello se añade que los referidos miembros del Consejo de Administración figuraban en el listado de las pólizas y sus nombres, además, "aparecían dos veces junto a la mención de la palabra 'extra'", lo que "pondría de manifiesto un trato especial y diferenciado de todos ellos frente al colectivo de trabajadores de Hitemasa, habiendo supuesto estos 'extras' cantidades como 167.398,62 euros".
