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SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares preguntó este martes a José María Ruiz-Mateos Rivero, quinto hijo del empresario jerezano imputado en la causa, si el secretario de Política Municipal del PSOE federal, Gaspar Zarrías, le pidió a su padre que comprara dos fábricas de yogur a cambio de "echarle una mano en el PSOE a ver si se arreglaba el tema de Rumasa".
José María Ruiz-Mateos Rivero compareció este martes ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que le imputó tres delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, según el texto de su declaración, al que ha tenido acceso Europa Press.
La magistrada le preguntó si "es cierto que sobre el año 2006 o 2007" Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia de la Junta, "pidió a su padre que comprara una fábrica de yogur y luego que comprara otra en Jaén" a cambio de que el dirigente socialista "echara una mano en el PSOE a ver si se arreglaba el tema de Rumasa", algo que el imputado dijo "ignorar".
Así, el hijo del empresario jerezano señaló que "sabe que" Gaspar Zarrías "tuvo alguna reunión con su padre" y puso de manifiesto que "habló una vez" con él "actuando como secretario de su padre para concertar una cita" en torno a la inversión que iba a realizar Rumasa en Primayor.
Ruiz-Mateos Rivero subrayó, así, que "habló en una ocasión por teléfono con Gaspar Zarrías para ultimar una reunión que iba a tener dicho señor con su padre", pero aseveró que "no ha estado presente en ninguna reunión" ni con el dirigente socialista ni con ningún otro alto cargo público de la Junta.
UN CUÑADO "ALTO FUNCIONARIO DE LA JUNTA"
Asimismo, negó la afirmación realizada por el exabogado de la familia, Joaquín Yvancos, quien dijo que "en las reuniones con Gaspar Zarrías, además de su padre, siempre estaban" tanto el imputado como su hermano Zoilo.
En otro momento de la comparecencia, la juez Alaya le preguntó por "un cuñado suyo" que "es alto funcionario de la Junta" y que, según Yvancos, solucionaba a los Ruiz-Mateos "muchas cosas a nivel de contactos, ya que cuando tenían un problema acudían a él".
Ruiz-Mateos contestó que el marido de su hermana Nuria se llama Marcos Fernández Halcón, no supo concretar el cargo que ocupaba y señaló que "es funcionario cree que por oposición", no obstante lo cual "jamás han tenido contacto con su cuñado a nivel profesional, ni él ni sus hermanos", por lo que "le parece lamentable que Yvancos manifieste estas cosas".
Yvancos "es un farsante", llegó a afirmar el hijo del dueño de Rumasa, quien agregó que el exabogado de la familia "tiene una enemistad manifiesta respecto de él y sus hermanos" desde el momento en que se le retiró de la dirección de los concursos de las empresas del grupo, tras lo que "pretendió chantajear a la familia exigiendo el pago de tres millones de euros y que en caso de no hacerlo iba a ir a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y otros juzgados a declarar en contra de la familia aunque fueran falsedades", todo ello "por el mero hecho de hacer daño".
La juez imputa a Ruiz-Mateos Rivero que, como consejero delegado del grupo Nueva Rumasa, fue "partícipe y conocedor junto con sus hermanos ya imputados y su padre de las irregularidades" en los ERE de varias empresas del grupo, "conociendo y siendo partícipe igualmente del presunto tráfico de influencias a favor del grupo ejercido ante la Junta" por el 'conseguidor' Juan Lanzas "para la financiación de las prejubilaciones de los diversos ERE", así como "de los pagos efectuados a Lanzas, a razón de 100 millones de pesetas por cada ERE".
'INTRUSOS'
Asimismo, la juez le achaca haber sido conocedor de la inclusión de dos 'intrusos' en el ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) y de otros cinco 'intrusos' en el ERE de Dhul, así como de los pagos realizados al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero "por su actuación favorable al grupo Nueva Rumasa", refiriéndose en este sentido al pago de 6.950 euros realizado por Dhul a través de una factura falsa emitida el 1 de junio de 2004 por el exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo.
El imputado afirmó que "creía que los ERE eran absolutamente legales" y que "no supo de la existencia de 'intrusos' ni tampoco de la intervención en los ERE" de Juan Lanzas, a quien se lo presentó su padre en las oficinas "como una persona que tenía información y negocios sobre empresas en crisis por sus conocimientos a través de los sindicatos", aunque "no tuvo conocimiento de que Lanzas tuviera relación con la Junta".
Sobre los presuntos pagos realizados a Lanzas, el imputado dijo que "ignora a qué pudieran obedecer, e incluso que se produjeran".
