Almería.- PP solicita al Gobierno el expediente de la UE contra El Algarrobico y la "subvención tramitada" por la Junta

Actualizado 03/06/2006 13:56:11 CET

SEVILLA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP Rafael Hernando ha solicitado al Gobierno central el expediente abierto por la Unión Europea contra la administración nacional por la construcción del hotel de El Algarrobico, en el Cabo de Gata-Níjar, y sobre la "subvención tramitada" en su día por la Junta de Andalucía para la promoción de ese proyecto.

En concreto, la primera de las solicitudes del PP, a la que tuvo acceso Europa Press, registrada en el Congreso el pasado 22 de mayo y dirigida al Ministerio de Medio Ambiente, se refiere al "expediente abierto por la Unión Europea contra el Gobierno de España y justificación en la construcción de un hotel de 21 plantas en el municipio de Carboneras, dentro del Parque Natural del Cabo de Gata, en el paraje conocido como el Algarrobico".

La segunda de las solicitudes se refiere al expediente completo de la "concesión de una subvención tramitada por la Junta de Andalucía, con cargo a los fondos estructurales concedido por el Ministerio de Hacienda con un importe de 2,8 millones de euros, para la promoción del proyecto de construcción" del citado complejo hotelero, en el año 2002.

Hernando ha manifestado en varias ocasiones que "los grandes perjudicados" por este caso serán "los carboneros que han visto frustradas sus expectativas de desarrollo y creación de empleo, así como mermados los ingresos a los que tiene derecho su Ayuntamiento", y los andaluces "que vamos a tener que pagar todo este tremendo desastre". Por tanto, consideró que "hay que investigar todo lo que ha pasado y por qué ahora la Junta quiere tirar un hotel que ellos han permitido construir".

Ha desvelado que el PP valora en más de 60 millones de euros todo el dinero público que supondrá derribar el hotel ya que a los 2,3 millones del derecho de retracto, sumó los 40 millones que costó construirlo, los diez millones de los daños y perjuicios que pedirá la empresa, más el coste de la demolición y de la restauración y los 4,6 millones "de las subvenciones obtenidas por el ayuntamiento promovidas por la Junta".

A su juicio, "hay que hablar de responsabilidades políticas" que atribuyó a "quienes han sido responsables de todo esto" y que "están creando un grave perjuicio a Carboneras y a Almería, generando inseguridad jurídica para cualquier inversor por pura negligencia e incompetencia o por oportunismo".