Se inició queja de oficio por el derecho de acceso aun cuando no se pueda acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33%
SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía ha señalado, en el marco de una respuesta a una queja iniciada por el Defensor del Pueblo Andaluz, que en próximos acuerdos que rijan la admisión a los estudios universitarios de Grado recogerá la forma de acreditar la situación de aquellas personas con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.
Ello, según la documentación de la Oficina del Defensor del Pueblo recogida por Europa Press, a fin de hacer efectiva la posibilidad de optar por las plazas reservadas a solicitantes con discapacidad.
El organismo que dirige Jesús Maeztu abrió queja de oficio en relación con el derecho de cualquier persona con estas necesidades a acceder por este cupo de reserva de plazas, aun cuando no pueda acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
En este sentido, la Defensoría se dirigió a la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía, así como a las distintas universidades públicas de Andalucía, con objeto de conocer la incidencia que tienen las solicitudes de acceso por el cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad por presentar necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad y la respuesta que se hubiera ofrecido en cada caso.
En la información recibida se puso de manifiesto que, hasta la fecha, las personas que han solicitado acogerse a esta vía "no han podido acreditar tener una discapacidad que originase las medidas educativas especiales permanentes, habiéndose incluso facilitado un plazo adicional para que pudiesen ser valoradas en la preceptiva discapacidad por el órgano competente".
Por otra parte, en relación con la posible solución al asunto expuesto se destacan las "dificultades" que entraña la falta de un marco legislativo superior que permita avanzar de manera coordinada a las comunidades autónomas en relación con el desarrollo de medidas educativas especiales asociadas a condiciones de discapacidad.
"Dado que en el proceso de admisión a los estudios universitarios participan personas de toda España, se sostiene, con buen criterio, que los mecanismos deberían ser comparables", subraya el Defensor, que, sin embargo, informa de que en el próximo Acuerdo de Distrito Único que regirá la admisión al curso 2015-2016 se recogerá la presentación de aquellos documentos que sean más apropiados para acreditar, al menos en el entorno andaluz, la condición de las personas con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, por lo que la queja se da por concluida.
Sin perjuicio de ello, la Oficina también se ha dirigido a la Defensora del Pueblo al objeto de someter a su consideración la posibilidad de intervenir en este asunto ante todo el territorio español a fin de evitar que puedan producirse situaciones de "desventaja" para el alumnado procedente de otras comunidades autónomas.
