Anticorrupción pide a la juez de los ERE que imponga una fianza de 265.000 euros a la suegra de Guerrero

Actualizado 24/11/2011 21:41:04 CET

SEVILLA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este jueves a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que imponga una fianza de 265.000 euros a Victorina Madrid Pisabarro, suegra del exdirector de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero e imputada dentro de la investigación por la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE).

Además, ha pedido requerir a Generali para que detenga los pagos aún pendientes derivados de la póliza que la imputada tiene contratada y que ascienden a 15.803,30 euros; Junta, PP y UGT se han adherido a la petición, mientras que el abogado de la imputada se ha opuesto por entender que "no se ha percibido cantidad alguna de fondos públicos de manera ilícita, no habiendo aún determinado la Junta la legalidad o no por la percepción de dichas cantidades".

Según consta en el acta, a la que ha tenido acceso Europa Press, la suegra de Guerrero, imputada por tráfico de influencias, obtención indebida de ayudas de la Administración Pública, malversación y prevaricación, ha ratificado su declaración policial y se ha acogido a su derecho a no declarar después de que la juez le haya preguntado sobre si "es cierto que Guerrero Benítez es su yerno", y antes de eso ha reconocido que las firmas estampadas en sendas pólizas son de su "puño y letra".

La juez Alaya considera que la suegra de Guerrero, "aprovechándose de esta relación familiar y a sabiendas de que no tenía derecho alguno", consiguió que la Junta le financiara dos pólizas, "vigentes en su mayor parte al mismo tiempo" y por las que recibiría, entre ambas, una renta mensual de unos 2.000 euros y, en principio, un total de 219.514,03 euros. De este modo, relata que el 22 de marzo de 2004 suscribió una póliza de seguro colectivo con Vitalicio ascendente a 124.455,57 euros, "calculada para la póliza de los trabajadores prejubilados de SOS Cuétara" y que fue abonada por la empresa y la Junta.

Tras remarcar que la imputada "nunca trabajó" para SOS Cuétara, la magistrada señala que, por esta póliza, la suegra de Guerrero recibiría entre 2004 y 2012 un total de 133.900,05 euros, de los que finalmente ha recibido 119.699,98 euros. Añade que, nueve meses después, suscribió la segunda póliza financiada por la Junta. De este modo, se trataba de una póliza de rentas de supervivencia por la que la Junta abonaría el mismo día de su firma la prima única de 75.324,63 euros, y por la que recibiría unas rentas mensuales desde 2004 hasta 2012, ascendiendo el total a 85.613,38 euros. La suma total de lo recibido por ambas pólizas ha ascendido a 198.876,85 euros.

INCIDENTE ENTRE LA JUEZ Y UN LETRADO

En el despacho de la juez se han vivido este jueves momentos de tensión con motivo de la comparecencia de José Antonio Gómez Romón, exfutbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid que habría percibido una póliza de 491.424,43 euros y a quien la juez imputa tráfico de influencias, obtención indebida de ayudas de la Administración Pública, malversación y prevaricación.

Así, la magistrada le requirió para que explicara "por qué aparece como titular en nueve cuentas bancarias en los ejercicios 2008 y 2009, y como autorizado en otras ocho", a lo que el imputado contestó que "maneja tres o cuatro cuentas personales, y el resto corresponden a empresas con las que trabaja", punto en el que la juez le preguntó "con cuantas empresas actúa o trabaja".

En ese momento, el letrado del exfutbolista comenzó a hacer "continuos gestos" a su defendido, por lo que la juez le recriminó "para que deje de hacerlo" --incluso le llegó a decir "tranquilo en la silla"--, a lo que el abogado respondió que "le está indicando con estos gestos a su defendido que se acoja a su derecho constitucional a no declarar", a pesar de que el imputado "acaba de manifestar a todos los presentes que no tiene ningún inconveniente en seguir declarando".

AL COLEGIO DE ABOGADOS

A continuación, el letrado "sigue haciendo gestos desoyendo las órdenes" de la magistrada, quien también comunicó al abogado que "debía de haber instruido a su cliente antes de entrar en la declaración si quería que se acogiera a su derecho a no declarar", a lo que Calero respondió que "creía que ésta iba a ser una declaración normal, ya que se le están preguntando por sus cuentas bancarias".

La juez le informó de que "puede entrevistarse con su cliente antes y después de la declaración, pero no en medio", no obstante lo cual el abogado "sigue haciendo gestos" y, tras ello, abandonó la sala "pues considera que no está en condiciones de seguir asistiendo al cliente", un hecho que la juez ha anunciado que comunicará al Colegio de Abogados.

Tras la salida del letrado, el imputado decidió acogerse a su derecho a no declarar, pero como la juez manifestó su intención de formular las preguntas para que quedara constancia en el acta, el letrado de otro de los imputados asumió la defensa del exfutbolista, a quien la magistrada imputa que, por mediación del que fuera su jefe hasta 2005 en la empresa Cenforpre, con el que Empleo había mantenido "determinadas relaciones", logró suscribir como asegurado el 1 de agosto de 2007 una póliza de rentas de supervivencia y nueve pólizas de capital diferido, de las que fue tomadora la Consejería de Empleo.

HASTA 491.424,43 EUROS

Según la juez, el imputado percibiría, "a sabiendas que ningún derecho tenía a recibir tales rentas", 491.424,43 euros desde el 1 de septiembre de 2007 hasta el 31 de agosto de 2008, que se ingresaron en su cuenta corriente y que "cobró íntegramente". Con el importe de tales rentas, y según reconoció el propio imputado en la Policía, fue abonando las cuotas de amortización de un préstamo de 500.000 euros.

De su lado, Antonio González Pérez, extrabajador de 'Muebles de Madera Promi' y prejubilado con cargo a un ERE promovido en 2007 por 'Saldauto', pese a que jamás ha trabajado en ella, ha declarado que nunca solicitó reunirse con el exdirector general de Trabajo. No obstante, ha reconocido que estuvo "totalmente de acuerdo" cuando Guerrero "planteó que tenía derecho a la prejubilación", aunque él siempre consideró que la documentación firmada a tal efecto correspondía a su inclusión en el ERE impulsado en 2007 por Promi pese a que él había sido despedido en 2005.

La instrucción refleja que González Pérez, imputado por los mismos delitos que los anteriores, habría percibido 327.157,3 euros "a sabiendas de que no le correspondían legítimamente" al no haber trabajado jamás para la empresa que promovió el ERE en el que fue incluida su prejubilación.

LOS ERE DE PROMI Y SALDAUTO

Ha relatado que en marzo de 2005 fue despedido de 'Promi' y, a partir de entonces, y junto al también extrabajador de esta empresa y también imputado Rafael Rodríguez Fuentes, se interesó por un ERE que estaba impulsado esta compañía y que no vería la luz hasta 2007. A tal efecto, ha reconocido que junto a este compañero se reunió con Guerrero, aunque ha precisado que no partió de él la celebración de este encuentro.

De cualquier modo, ha señalado que fue Guerrero quien "planteó que tenían derecho a esa prejubilación" y él mismo "estaba totalmente de acuerdo". Sin embargo, ha manifestado que cuando firmó la documentación relativa a su prejubilación, pensaba "que con dicha firma quedaba incluido en el ERE de Promi", porque "no consintió" su prejubilación con cargo al mencionado ERE de 'Saldauto'. Por eso, ha defendido no tener "la culpa de que la Junta o los cargos le hayan metido en un ERE que no es el suyo".

La Fiscalía ha reclamado para este imputado una fianza de 110.000 euros, mientras que la Junta la ha elevado a 440.000 euros, aspecto al que se ha adherido la representación jurídica del PP. La defensa del imputado, no obstante, se ha opuesto atribuyendo la "culpabilidad" de los hechos a la Administración autonómica y a "los cargos que la ocupan".