Según el colectivo, obedece a "un intento de descrédito a su persona y a la institución que representa por intereses puramente políticos"
SEVILLA, 23 May. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha expuesto que lamenta "enormemente" el cese, en aras del acuerdo alcanzado por los grupos políticos representados en el Parlamento andaluz, del aún Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, considerando el colectivo que instituciones como ésta son "esenciales para preservar el funcionamiento de la democracia".
En el caso concreto de Andalucía, Chamizo ha ejercido su cargo "con independencia y responsabilidad hacia la ciudadanía, defendiendo los derechos de los colectivos más vulnerables y sacando a la luz una realidad a menudo invisibilizada", ha señalado en una nota APDH-A.
Destaca el colectivo su "implicación" en la defensa del reconocimiento de la participación política de los residentes extranjeros y en un concepto de ciudadanía "inclusiva" en el que tengan cabida las personas extranjeras, en el apoyo a las personas en situación documental irregular, en el intento de resolución de casos como el de la 'Corrala Utopía', aún en proceso, y en la defensa de la igualdad en la asistencia sanitaria de las personas presas o asistencia de los Servicios de Asistencia y Orientación Jurídico Penitenciaria, entre muchos otros aspectos.
Para la asociación, tras el cese de Chamizo se esconde "un intento de descrédito a su persona y a la institución que representa por motivos que nada tienen que ver con su capacidad, eficiencia o trabajo, sino por intereses puramente políticos". Por ello, añade APDH-A, la Oficina del Defensor "debe continuar actuando con independencia política, denunciando las situaciones injustas que tienen lugar en Andalucía y a las que la administración no está dando respuesta".
Asimismo, reconoce el "ingente trabajo" llevado a cabo por José Chamizo durante estos años, su "disponibilidad" para atender a los colectivos más desfavorecidos, su capacidad de escucha a las organizaciones sociales y su implicación en multitud de denuncias para las que, en ocasiones, se ha encontrado solución.
Por todo ello, APDH-A pide que se revoque esta decisión y se mantenga al actual Defensor del Pueblo, instando además a los parlamentarios a reforzar la oficina para dar respuesta a la población en los casos en los que la administración no cumpla su función y viole los derechos de los ciudadanos, humanos y sociales.
