Aprobado aclarar norma a edificios de doble régimen y hacer residencial suelo donde iba un CEIP hace 35 años

Publicado 04/04/2018 13:13:10CET

SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado provisionalmente la "clarificación" del articulado del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) relativo a edificios y usos fuera de ordenación; así como la modificación puntual de calificación de educativo a residencial de la finca ubicada en las calles Arrayán y Divina Pastora, que supone el acatamiento de una sentencia después de que se haya tenido que devolver al propietario el terreno que le fue expropiado hace 35 años para hacer un colegio y que finalmente no se ha ejecutado.

Ambas propuestas han salido adelante con idéntica votación, ya que han contado con el apoyo de PSOE, PP y Cs y el rechazo de Participa Sevilla e IU.

Respecto al primero de estos asuntos, el concejal delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz (PSOE), ha explicado que la "clarificación" de la normativa era algo necesario, a la par que se corrige que haya diferentes regímenes jurídicos para una misma edificación de acuerdo a la planta en la que se ejecutara la actuación, lo que era "un galimatías y podía llevar a problemas de rehabilitación". Explica que esa "incertidumbre" puede afectar a unos 500 edificios en la ciudad.

La edil del PP María del Mar Sánchez Estrella indica que "no hay que tener miedo a que la ciudad crezca y tenga un mayor desarrollo económico" y señala que esta modificación afecta a toda la ciudad e "impide que se aboque a la ruina a un edificio". "Se actúa ante una indefensión jurídica y social para muchas personas mayores que no podrían tener un ascensor porque hubo un PGOU votado por PSOE e IU que dijo que eso iba a ser así. Menos mal que ahora se esclarece la situación", recalca.

El portavoz de Cs, Javier Millán, pide descartar el "fantasma de la especulación" y desarrollar una modificación "necesaria" y que "flexibiliza" el PGOU, "adaptándolo a las múltiples realidades ante un problema que puede afectar a cualquier tipo de población y evitando que se condene a los edificios al abandono".

De su lado, la portavoz de Participa, Susana Serrano, entiende que sí hay que modificar el articulado, pero advierte de que, tal como se pretende hacer, se ha pasado a una "simplificación absoluta" que puede suponer "un auténtico coladero", apuntando a que se crea una nueva "burbuja inmobiliaria ligada al turismo" y a posibles consecuencias negativas.

Igualmente, el portavoz de IU, Daniel González Rojas, considera que era necesario eliminar ese doble régimen jurídico, aunque recuerda que el expediente señala que es para aliviar incertidumbre de "inversores dispuestos a iniciar la rehabilitación de edificios para su destino a actividades comerciales, de restauración u hospedaje", lo que supone para el portavoz de IU "seguir convirtiendo el centro de la ciudad en un parque turístico".

CRÍTICAS A LA JUNTA POR LA FALTA DE EJECUCIÓN DE COLEGIOS

De otro lado, el Pleno ha aprobado la modificación relativa a la finca ubicada en las calles Arrayán y Divina Pastora, un punto que Participa había pedido que fuera retirado del orden del día ya que "no se incluye el informe sobre el compensamiento de ese equipamiento" y ha criticado el modo de acatamiento de la sentencia, generando una "chapuza monumental de la Junta andaluza y del Ayuntamiento". "No queremos seguir judicializando esto", recalca la edil Cristina Honorato.

Esa retirada ha sido rechazada al estar sólo apoyada por Participa e IU, tras lo que Muñoz ha argumentado que la "incertidumbre que plantea Participa no se solventa con la retirada" y recuerda que se trata de un acatamiento de sentencia que no es recurrible actualmente al haber transcurrido el plazo fijado para ello.

El proceso revierte a sus propietarios una parcela de más de 2.000 metros cuadrados tras habérsele expropiado hace 35 años para un equipamiento educativo que la Junta de Andalucía no se ha hecho, aunque Muñoz considera que el déficit de plazas escolares en esa zona queda cubierto con el nuevo centro que se ha anunciado para el Valle.

Ante ello, Sánchez Estrella ha criticado que la Junta no haya hecho el centro en 30 años y defiende que el propietario del terreno pueda hacer con él ahora lo que "legítimamente crea pertinente".

Mientras, el concejal de Cs Javier Moyano ha considerado que, si "una administración va a hacer una dejación permanente de funciones, lo lógico es que tras más de 30 años devuelva el bien ya que no ha construido el colegio y que lo haga con la misma calificación que tenía para no aumentar el perjuicio que ese propietario ya ha tenido".

Rojas señala que el casco histórico va a perder otro espacio para equipamiento educativo, advirtiendo que ya van dos. Incide en que "no se sabe si la Junta va a construir el colegio, algo que lleva prometiendo desde hace más de 30 años, pero sí que el solar del Valle se ha convertido en un aparcamiento".

PROTECCIÓN PATRIMONIAL

También, se ha dado luz verde por unanimidad inicialmente a la modificación puntual 38 del PGOU para otorgar un nivel de protección integral 'A' al Molino de la Torre Blanca, uno de los últimos exponentes de arquitectura defensiva del territorio del Concejo de Sevilla, y los dos tramos de los caños de Carmona, en sus tramos Alcantarilla de las Madejas y Los Pajaritos.

En este marco, Muñoz entiende que se trata de incrementar los elementos a conservar en la ciudad vinculados al patrimonio sevillano. "Son elementos no muy conocidos, pero también hay que tener la vista puesta en las zonas periféricas de la ciudad", añade.

UNAS 230 VIVIENDAS EN SEVILLA ESTE

Paralelamente, se ha aprobado el estudio de detalle correspondiente a la manzana 4-C del número 19 de la avenida de las Ciencias, que permite homogeniezar la altura de tres edificios sin aumentar la edificabilidad. Así, se autorizan en torno a 228 viviendas, promovidas por Gitaldi Investments, con este estudio detalle.

Por último, el Pleno ha impulsado inicialmente la modificación puntual 26 del texto refundido del PGOU relativo al centro comercial Nervión Plaza, que supone volver a la calificación y situación urbanística establecida por el plan de 1987, restituyendo el uso de gran superficie comercial y del espacio libre de uso público previsto.

Muñoz indica que la propuesta supone una "defensa del interés general" y refleja en el PGOU la "realidad existente, no propiciando un incremento de la edificabilidad".

De su lado, Serrano recuerda que actualmente está fuera de ordenación porque "no respetó el plan en su momento", mientras que González Rojas plantea dudas sobre que se gane un espacio de dominio público, recordando que la plaza central de Nervión Plaza es usada por el propio centro comercial.