Arquitectos de Sevilla promueven el debate sobre el futuro de su profesión y su adaptación a las nuevas necesidades

 

Arquitectos de Sevilla promueven el debate sobre el futuro de su profesión y su adaptación a las nuevas necesidades

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Publicado 20/03/2017 18:03:30CET

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) ha promovido la celebración de un debate entre los arquitectos andaluces sobre el futuro de la profesión y su adaptación a las necesidades de la sociedad actual.

Con este objetivo se ha reunido este lunes el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (Cacoa), que ha analizado las conclusiones del I Encuentro 'Por una arquitectura desde y para la sociedad'. En este foro, organizado por la Fundación Fidas, del Colegio de Sevilla, el pasado mes de febrero, se dieron cita arquitectos y representantes de colectivos sociales para hacer propuestas que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el ámbito residencial y en los entornos urbanos.

En ese sentido, el presidente del Cacoa, Luis Cano, ha explicado que la organización andaluza acometerá la búsqueda de soluciones a los problemas planteados, y trasladará al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos los asuntos que afectan al ámbito estatal. La reunión celebrada este lunes ha abordado asuntos como la situación actual de la profesión, las retribuciones de los arquitectos, los costes de producción, o los concursos y licitaciones públicas.

Por su parte, el decano del COAS, Ángel Díaz del Río, ha defendido la elaboración de un plan integral basado en todas las sugerencias realizadas para que se actúe globalmente en el diseño de los nuevos modelos de vivienda y de ciudad que exige la sociedad, y que en esta política los arquitectos lideren la defensa del derecho constitucional a la vivienda.

Entre las once reflexiones y propuestas del I Encuentro 'Por una arquitectura desde y para la sociedad", se aprobó la redacción de un cuerpo legislativo que garantice y regule específicamente el derecho constitucional de todos los ciudadanos a una vivienda digna. En este sentido, los arquitectos y los colectivos sociales defienden que es necesario "desarrollar propuestas que, con la intervención y regulación pública, permita el uso del parque residencial existente en stock o vacío". El documento exige que se legisle para distinguir el valor de uso de una vivienda del valor de inversión, y que se institucionalice "la función social de la vivienda y del suelo".

También se acordó reclamar que las políticas de vivienda "tengan un alto componente de adecuación a cada territorio y a las circunstancias", y promover la participación ciudadana como el mejor medio para una acertada configuración. Los profesionales de la Arquitectura también sugiere "el fomento efectivo de la rehabilitación y mejora de las viviendas de las capas sociales menos favorecidas" para que se cumplan los estándares mínimos de salubridad y confort.

Asimismo, para luchar contra la segregación y la desigualdad crecientes en las ciudades "es necesario fomentar un modelo de crecimiento y transformación urbana que nos lleve a la ciudad de las personas y no a la ciudad del consumo". En este sentido, los arquitectos sostienen que el transporte público intermodal tiene un papel fundamental para conseguir una movilidad "que permita romper la segregación urbana y social".

Respecto al trazado urbano se apuesta por el uso compartido para diferentes usuarios, con preferencia para el peatón y las bicicletas, de modo que se construyan ciudades para las personas, y no para el consumo. Los espacios públicos y zonas verdes deben ser diseñados para "favorecer la convivencia de los distintos tipos de ciudadanos", y se insta a invertir en investigación "para avanzar hacia el modelo de la ciudad limpia, sostenible y ecoeficiente".

Los participantes en este encuentro coincidieron en que "en la sociedad actual se ha diluido la percepción de la utilidad social de la arquitectura", por lo que creen necesaria "la divulgación pública de los servicios que los arquitectos prestan a la sociedad, y la singular preparación de los arquitectos españoles respecto a otros países". El documento de conclusiones añade que la intervención de un arquitecto es "una garantía social", al responder exclusivamente a criterios profesionales y no a intereses particulares, económicos o políticos.

Finalmente, los arquitectos y entidades sociales critican la actual regulación de los concursos públicos, que consideran un "desprecio" a los profesionales de la Arquitectura, y sugieren que se realice un manual de buenas prácticas para estas convocatorias. Además, se califica de "insostenible" la oferta de servicios de arquitectura por debajo de costes de producción.

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Juan Pablo Durán
Presidente del Parlamento de Andalucía
21/04/2017 
 
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