Asaja se movilizará el 10 de junio y recurrirá a la justicia ordinaria si la Junta no arbitra soluciones sobre el CAP

Ricardo Serra, en rueda de prensa.
EUROPA PRESS/ASAJA-A
Publicado 28/05/2015 14:54:52CET

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja-A ha anunciado este jueves que se movilizará el próximo 10 de junio ante San Telmo y recurrirán a la justicia ordinaria si la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural no arbitra una solución ante "la perdida de 790.000 hectáreas" al aplicar el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP),

Así lo ha señalado el presidente de Asaja-Andalucía, Ricardo Serra, quien ha pedido que se articule una solución que refleje la superficie pastable real de las explotaciones y que se revise el coeficiente de pastos de los 10.200 ganaderos que han sufrido una reducción "artificial e injustificada" de sus explotaciones.

Además, ha recordado que la organización agraria ya presentó el 13 de abril un recurso de alzada que abre la puerta a la vía judicial en defensa de los ganaderos afectados.

Así, a doce días hábiles para que se cierre el plazo de declaraciones de la Política Agraria Común (PAC), "los ganaderos siguen sin una solución clara". La aplicación del nuevo CAP reduce de forma "brutal" el terreno considerado como pastable, "eliminando más de la mitad de superficie de pastos tradicionales de Andalucía".

Según ha detallado, ha sido a partir del pasado 1 de marzo, cuando se abrió el periodo de declaración de la PAC, cuando los agricultores y los ganaderos han empezado a ser conscientes del problema que les genera la aplicación de este coeficiente.

Tras las 13 reuniones que Asaja ha mantenido con responsables del Ministerio de Agricultura y de la Consejería andaluza de Agricultura en los últimos dos meses, el problema sigue "enquistado" y de la última reunión a tres bandas --Ministerio, Consejería y ganaderos-- celebrada en Sevilla el pasado viernes "tan sólo queda claro un asunto, que la comunidad autónoma andaluza es competente para corregir de oficio el coeficiente de pastos de Andalucía".

Asaja-A ha detallado que si el coeficiente de pastos no se corrige los ganaderos sufrirán una doble reducción de las ayudas. Por un lado derivada de la convergencia de los derechos de pago base y, por otro, por la reducción del montante de ayudas ecológicas, puesto que la ayuda a la ganadería ecológica va directamente ligada a la superficie elegible de la explotación. "Este importante daño económico se ve agravado por la pérdida patrimonial que sufre el ganadero con la reducción de superficie elegible", ha señalado.

Además, Serra ha apuntado que "la mayoría de la normativa aún no está publicada" de cara a la declaración de la PAC, de manera que los ganaderos piden "a ciegas" la PAC. Este Gobierno en lugar de "en funciones" está en "dejación de funciones", ha añadido Serra.

Entre la normativa retrasada y no publicada citó las ayudas agroambientales y clima, y las ayudas ecológicas, que solicitan más de 85.000 agricultores y ganaderos, y que aún no se han publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); por lo que no pueden aún presentar su solicitud; la Orden Sigpac (con fuerte y directa vinculación al problema del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos), las ayudas a la primera instalación o incorporación de jóvenes agricultores (los jóvenes ya no van a poder optar a la Reserva Nacional) el Decreto de Registro de Explotaciones Agrícolas y Ganaderas, o la Orden de Condicionalidad de las ayudas, que como ha destacado Serra, es "importantísima para el desarrollo de la actividad de los agricultores y ganaderos, puesto que resuelve dudas sobre las labores ordinarias prohibidas o permitidas en la explotación".

SANCIÓN A ESPAÑA

Por su parte, el secretario general de Asaja-Sevilla, Eduardo Martín, ha llamado la atención sobre la situación que se ha creado "una vez que se ha propuesto una sanción a España desde Bruselas de 295 millones" la declaración del CAP en años anteriores. "Esta propuesta de sanción ha disparatado la situación aquí", ha subrayado.

Según ha explicado a Europa Press, tras esta propuesta el Gobierno central se comprometió a crear un automatismo junto con controles de calidad para declarar la superficie de pastos en España. Un sistema que se ha ido implantando paulativamente desde 2013.

"El 2013 se introdujo el factor de las pendientes y la pedregosidad en los pastos. En 2014, se incluyó el matorral y ya hubo problemas, pero en 2015 se ha dado un mazazo brutal con el coeficiente de arboleda", ha subrayado.

De esta manera, el 2014 el CAP era el 80 por ciento del total, unas 1,7 millones de hectáreas, pero "para 2015 se ha reducido a 910.000, un 54 por ciento".

PENALIZACIONES

Asimismo, Martín ha explicado que el ganadero tiene derecho a alegar por el CAP aplicado, pero se expone a una serie de penalizaciones. "Si la diferencia entre lo que declara el ganadero y lo que se le asigna por la Junta supera el tres por ciento, ya es penalizado. Pero es que si la diferencia es del 20 por ciento, la ayuda pasa a ser cero", ha indicado.

Ante esta situación, Asaja reclama a la Junta una revisión de oficio que incluya los usos tradicionales, es decir, la carga ganadera que soporta la explotación y el plus de pastabilidad para las dehesas.

A esto, según ha confirmado, "la Junta dice que sí, pero es un acto de fe". "Los ganaderos hacen la declaración de la PAC a ciegas y necesita más que buenas palabras por parte de la Consejería, quiere tener la certeza de que finalmente se reflejará la realidad", ha advertido.

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