Ávila dice que no firmó exoneraciones ni dio trato de favor y niega que la norma sea laxa

El exconsejero Antonio Ávila antes de comparecer en la comisión de investigación
EUROPA PRESS
Actualizado 20/05/2016 16:57:10 CET

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

   El exconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Antonio Ávila ha defendido este viernes durante su comparecencia ante la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre las subvenciones a la formación profesional para el empleo que cuando estuvo al frente del cargo no firmó exoneraciones ni dio trato de favor, al tiempo que ha negado que la normativa referida a esta materia sea "laxa, sino todo lo contrario, es exigente y singular, respecto a otras comunidades".

   En su intervención inicial ante este órgano, Ávila ha explicado que no tuvo las competencias para la formación profesional para el empleo, ubicadas en la Consejería de Educación, y que las resoluciones de exceptuación que pudo firmar como presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) son "plenamente legales, válidas y justificadas en virtud de nuestra legislación, alejadas de cualquier sombra de irregularidad".

   "Cumplieron todos los requisitos previstos, estaban debidamente motivadas y se justificaron sobradamente, fueron iniciadas administrativamente de oficio por los servicios competentes tras comprobarse que tales entidades habían presentado la documentación justificativa, pero la administración no había tenido la posibilidad de analizarla en su totalidad", ha explicado.

   Durante su comparecencia, Ávila ha defendido la fórmula legal de las resoluciones de exceptuación y ha querido dejar claro que las mismas "no eximen ni dispensan" del cumplimiento de ninguna obligación pendiente". "En ningún caso perdonan, las subvenciones tienen que ser justificadas por parte del beneficiario y, llegado el caso, si no se ha cumplido, deben reintegrarse", ha asegurado.

   Tras señalar la diferencia entre exonerar y exceptuar y negar que él haya firmado exoneraciones, el compareciente ha detallado que no se exceptuaba para dar nuevas subvenciones sino para poder dar el adelanto del pago del 75 por ciento de las subvenciones ya aprobadas a las entidades. "Si el documento J no está grabado, no hay continuidad del procedimiento", ha apuntado, a la par que ha señalado que se podía dar el caso de encontrar una subvención ya justificada por la entidad, pero pendiente de justificación por el órgano competente ante Intervención" y, por tanto, "aquí tiene sentido la exceptuación".

   Así, en el caso de la resolución de exceptuación que él firmó a finales de 2012, ha precisado que "no se realizó para todas las subvenciones sino para determinados expedientes y el beneficiario había cumplido con la justificación". "Una prueba contundente de que exceptuar no exonera de obligación de justificación de fondos percibidos es que se han iniciado expedientes de reintegro", ha señalado.

POR INTERÉS SOCIAL

   A preguntas del diputado de IULV-CA José Antonio Castro sobre un posible "perjuicio" a las entidades que fueron exceptuadas en el proceso, Ávila lo ha negado y ha señalado que "si acaso es neutral" porque "solo servía para recibir el anticipo del pago de nuevas subvenciones aprobadas".

   Además, ha insistido en que la exceptuación es una "decisión interna" de la Administración, que no exime de la obligación de justificar a las entidades que recibían las subvenciones, y, además, estaba motivada, como ordena la Ley de Hacienda Pública, en función del interés social. "El interés social estaba especificado en la resolución de exceptuación y si se daba el supuesto considerado, se debía apreciar para todos los que tenían ese supuesto".

   Preguntado por la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet sobre la elevada cifra de entidades exceptuadas en este ámbito, el exconsejero ha indicado que cuando la administración toma la decisión de realizar exceptuaciones por interés social es "razonable pensar, por un mínimo criterio de igualdad, que el conjunto de entidades que tienen el mismo caso tienen que ser exceptuadas". De igual manera, Ávila ha señalado que "las exceptuaciones no inciden en que haya o no reintegro de las subvenciones concedidas".

   El exconsejero ha precisado que en el caso de las resoluciones de exceptuación que el firmó a finales de 2012, estas estaban "motivadas y con un informe justificativo de los servicios competentes".

   A preguntas del diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe sobre que la norma exceptuaba al sujeto destinatario de la subvención y no a la Junta, Ávila ha precisado que la forma que tiene la administración de saber que el ciudadano ha cumplido o no es a través del documento J. "No vale con decir esto ya está bien. Ahora hay que elevarlo a la Intervención, fiscalizarlo y contabilizarlo", ha advertido.

   "El ciudadano había presentado la documentación, esto estaba identificado en las que yo firmé, pero ¿cómo tiene la administración conocimiento de esto? Cuando está grabado el expediente", ha explicado.

   Ante preguntas del diputado del PP-A Miguel Ángel Torrico Pozuelo sobre las empresas que fueron exceptuadas, algunas incluidas en la actualidad en procesos judiciales, el compareciente ha señalado que la resolución de exceptuación "llegó a la mesa del consejero siguiendo los cauces normales y no la escribe el consejero, aunque las leí, claro, y si se lee completamente se ve que hace referencia a un listado anexo, donde vienen todas las entidades exceptuadas".

   "Si se produce la causa para ser exceptuadas, por un principio de igualdad, todos aquellos que incurran en esa causa, deben ser beneficiarios de la exceptuación", ha insistido. Además, ante la afirmación del PP-A de que faltan 540 millones por justificar, el exconsejero ha precisado que "la exceptuación no significa exonerar, no perdona de ninguna obligación".

   Asimismo, cuestionado sobre el destino de los 386 millones finalistas que, a juicio del PP, no se han pagado de las subvenciones, ya que se pagó el adelanto del 75 por ciento, pero no el 25 por ciento restante, Ávila señalado que, "en el funcionamiento de la administración, hay un presupuesto de la Junta, que se liquida y los créditos que no se han ejecutado, se incorporan al siguiente presupuesto".

   En este sentido, a preguntas de la diputada socialista María Luisa Bustinduy, ha detallado que "la financiación finalista dentro de un presupuesto aparece en ingresos con un destino específico y luego hay que justificarlos ante un tercero". "Si hay recursos que no se han gastado, esos créditos se incorporan al presupuesto siguiente. Hay un encabalgamiento, toda una secuencia y, además, tiene una codificación específica para saber de qué ejercicio era", ha subrayado.

TRASPASO DE COMPETENCIAS

   Por otra parte, el diputado de IULV-CA ha preguntado sobre el proceso que se siguió para traspasar las competencias de formación profesional de Empleo a Educación y Ávila ha precisado que se hizo así para unir las dos formaciones, la reglada y la de empleo, y, aunque siempre se producen "fricciones" para ceder competencias, pidió que se facilitará el proceso.

   Cuestionado por Podemos sobre si personal de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) tenían acceso al programa de gestión presupuestaria, el exconsejero ha dicho que no tenía noticia al respecto. "Para el consejero, estará la persona que tiene que estar en una administración ordenada como es la de Andalucía. Doy por supuesto que estos temas funcionan y están bien organizados", ha subrayado.

   Por último, en su última intervención, Ávila ha dicho no entender "los malabares retóricos que algunos hacen para transformar resoluciones de la Junta, ancladas normativamente en un precepto muy severo, y confundirlas con prebenda o perdones de obligaciones". "Espero que la verdad prevalezca en el plano judicial y también políticamente", ha cerrado.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies