El Ayuntamiento de Tomares atribuye a la Fiscalía "irregularidades, errores" y "sesgo" legal

Actualizado 27/06/2014 13:18:13 CET

Los ediles populares dicen ser víctimas de una "persecución" y solicitarán "amparo" a la Audiencia Provincial

TOMARES (SEVILLA), 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tomares, gobernado por José Luis Sanz (PP), ha advertido este viernes de que la Fiscalía de Sevilla, en la investigación de las retribuciones pagadas en el anterior mandato al actual concejal del PP Juan Campos con cargo a las arcas municipales, ha incurrido en "graves irregularidades, errores, inexactitudes e interpretaciones sesgadas de la Ley". Avisando de una "persecución" y una situación de "indefensión", los concejales del PP afectados por la causa solicitarán "amparo" a la Audiencia Provincial.

Hablamos de la investigación judicial relativa a la contratación del edil popular de Tomares Juan Campos, para la elaboración de informes cuando no ostentaba aún el cargo de edil, dado que su contratación a manos del Consistorio se remonta al pasado mandato.

Las oposición denunciaba que los informes constan de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados 'a posteriori' para justificar el dinero abonado a Campos, así como una supuesta vulneración de las normativas de contratación, dado que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los pagos se habrían prolongado hasta 2009.

Después de que las fuerzas de oposición elevasen el caso a la Fiscalía, ésta denunció los hechos a los juzgados, tras lo cual el Juzgado de Instrucción número ocho imputó al concejal de Presidencia, Eloy Carmona; la concejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes; y el propio Juan Campos. Después, la juez instructora imputó además a la concejal de Urbanismo, Pilar Domínguez (PP), el propio vicesecretario interventor del Ayuntamiento de Tomares y dos representantes de la sociedad limitada 'Guerra 21'.

AL SUPREMO

Finalmente, el Juzgado de Instrucción número ocho, a través de un auto fechado el 30 de abril y recogido por Europa Press, señala la "condición de aforado" del alcalde, José Luis Sanz, al ostentar un acta de senador por Andalucía, porque "procede estimar la incompetencia de este juzgado para continuar la instrucción y dirigir en su caso la imputación frente al mismo, por lo que procede acordar la remisión al Tribunal Supremo". Para la juez, "los informes aportados por Campos han sido elaborados en el año 2013 con el fin de intentar justificar el cobro de las facturas".

Frente a este auto fueron formulados seis recursos, pero la Fiscalía ha opuesto a todos porque las imputaciones "obedecen al resultado de la investigación practicada, resultando indicios más que suficientes de la participación en los hechos de cada uno de los imputados". "El auto expresa los indicios razonables de participación de los imputados en los hechos y de la persona aforada que determina la inhibición al Supremo", dice la Fiscalía en referencia al alcalde.

Tras este posicionamiento de la Fiscalía, el Ayuntamiento de Tomares ha emitido un comunicado en el que avisa de que "llama la atención que (el Ministerio Público) resuelva en sólo 14 líneas sus alegaciones a los seis recursos, máxime cuando la propia Fiscalía ha estado ausente en la mayoría de las diligencias de instrucción y reconoce de manera literal 'la complejidad derivada de las propias características de los hechos'". "La Fiscalía despacha el escrito en apenas media cuartilla, aspecto que resulta sorprendente, máxime cuando en algunas de las actuaciones no ha estado presente".

Para el Consistorio, es "absolutamente escandaloso" que la Fiscalía hable de "indicios razonables" pero no motive "esa expresión tan inconcreta", sobre todo cuando "en el recurso formulado por la defensa, queda acreditado de manera indubitada la multitud de errores cometidos en la investigación de los hechos y en las diligencias de instrucción, plagadas de contradicciones lamentables, como las que el mismo auto contiene".

"GRAVES IRREGULARIDADES" DE LA FISCALÍA

"La investigación dirigida por la Fiscalía contiene graves irregularidades, a pesar de la colaboración que en todo momento ha prestado el Ayuntamiento", asevera incluso el Consistorio, según el cual la denuncia penal firmada por la Fiscal Jefe, María José Segarra, "está basada en las denuncias falsas de rivales políticos y en una investigación plagada de errores, inexactitudes e interpretaciones sesgadas de la Ley".

"En el colmo del despropósito, se ha llegado a afirmar la ausencia de un contrato que ha sido aportado en reiteradas ocasiones por el Consistorio", toda vez que "la supuesta incautación de ordenadores, que el Ayuntamiento puso de forma inmediata a disposición de la Policía Judicial, fue conocida a través de los medios de comunicación, que publicaron que la visita de la comisión judicial se iba a producir antes de que llegase la comitiva encabezada por el secretario judicial".

En cuanto al auto de inhibición a favor del Supremo dictado por la juez titular del Juzgado de Instrucción número ocho, el Ayuntamiento avisa de que la juez "no sólo ignora de forma inexplicable las pruebas aportadas por las partes, sino que también ignora una parte sustancial de la instrucción". Así, el comunicado expone la "indefensión permanente" que sufren los concejales del PP a cuenta de la Fiscalía y "la actitud gamberra del principal denunciante, el concejal del Partido Andalucista que siempre conoció los hechos", pues "no se puede ignorar que Alberto Mercado era el primer teniente de alcalde y número dos del Ayuntamiento de Tomares en la fecha en que se produjeron unos hechos que conocía a la perfección y en los que participó".

"PERSECUCIÓN"

"Nos sentimos atacados en nuestros derechos porque se están vulnerando principios esenciales del Estado de Derecho, desde el momento en que parece que hay un interés especial en demostrar nuestra culpabilidad sin que tengamos derecho a la presunción inocencia. Por eso, manifestamos que desde el primer momento venimos padeciendo una persecución impropia en un Estado de Derecho".

"Todo ello nos lleva a concluir que la línea de trabajo que sigue en este caso el Ministerio Público no es objetiva y puede vulnerar los derechos fundamentales de unas personas que en todo momento han colaborado con la Justicia. A pesar de ello seguimos manteniendo un profundo respeto al sistema judicial y pediremos amparo a la Audiencia Provincial", concluye el comunicado del Ayuntamiento.