Recibe quejas, principalmente de Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia, en relación al cierre de colegios ubicados en pequeños núcleos rurales
MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha urgido a las administraciones a simplificar y reducir la duración de las actuaciones dirigidas a la construcción de edificios escolares para evitar el uso continuado de "instalaciones precarias" que "no cumplen las condiciones mínimas necesarias" y pide "restringir al mínimo imprescindible la utilización de este tipo de soluciones".
En el informe anual de la Institución, Becerril ha destacado la importancia de poner "todos los esfuerzos posibles" para "anticipar, de forma más precisa, el volumen y ubicación de la demanda de plazas escolares" y ha denunciado que "el proceso de sustitución previsto se ha visto ralentizado como resultado de los recortes experimentados por las inversiones en el ámbito educativo".
De la misma forma, ha recordado que este tema fue objeto de una intervención de oficio por parte del Defensor del Pueblo ante las administraciones educativas autonómicas y el Ministerio de Educación en 2010 y 2011, e insiste en que la Institución debe hacer notar "la inadecuación" de este tipo de instalaciones a las condiciones mínimas requeridas.
En este sentido, Becerril ha alertado de que uno de lo motivos "más frecuentes" de quejas en materia de escolarización es "la insuficiente oferta de plazas educativas, causada por el retraso con que, en ocasiones, se aborda la construcción de nuevos centros o la ampliación de los existentes".
Asimismo, el Informe recoge una serie de quejas recibidas por la Institución --principalmente en Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia-- en relación al cierre de pequeños colegios ubicados en pequeños núcleos rurales, así como la escolarización de su alumnado en centros de localidades o municipios próximos. En este punto, hace referencia a los buenos resultados de la fórmula de escolarización suprimida y a "los inconvenientes y peligrosidad del transporte escolar", a los que se van a ver sometidos.
El Informe también acusa a la administración educativa madrileña de llevar a cabo una "desigualdad de trato por razones económicas" al "conceder mejores perspectivas de obtención de la plaza a alumnos cuyas familias puedan permitirse pagar la escolarización de sus hijos en plazas no concertadas ni gratuitas, frente a aquellos pertenecientes a familias con menor poder adquisitivo", que no lograrían la asignación de la repetida puntuación a sus hermanos.
QUEJAS POR EL AUMENTO DEL PRECIO DE MATRICULAS UNIVERSITARIAS
Por otra parte, el texto apunta que la Institución ha recibido "un elevadísimo número de quejas" relacionadas con el incremento del precio de las matrículas en las universidades públicas, así como en la demora de la adjudicación de las becas, a las que la Defensora ha respondido pidiendo la aplicación adecuada de "un sistema de exenciones, basada en la capacidad económica del estudiante, que propicie la igualdad de oportunidades ante la enseñanza universitaria".
Así, ha afirmado que "los poderes públicos han de orientar su actuación a procurar que todos los ciudadanos que no dispongan de capacidad suficiente puedan acceder a los estudios de nivel superior en condiciones de igualdad y sin discriminación por razones económicas, sociales o de otra índole".
Becerril ha señalado que la Institución "es consciente de que la actual coyuntura económica hace necesario introducir elementos de austeridad" para cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero pide que se "salvaguarde" el contenido esencial del derecho a la educación. En este punto, valora "positivamente" que se siga manteniendo el apoyo a las becas Erasmus en el ejercicio 2013.
Sin embargo, ha lamentado que, en este contexto, haya sido "muy significativa" la reducción del número de ayudas para becas y contratos de Formación de Profesorado Universitario inicialmente previsto en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. En este sentido, pide que las medidas de contención del gasto público "no interrumpan las actuaciones ya emprendidas" de planificación estratégica de las universidades.
En el Informe también se ha demandado a las administraciones educativas "un mayor esfuerzo encaminado a la plena gratuidad de los libros de texto de niveles obligatorios", en todos los ámbitos territoriales y para todos los cursos comprendidos en los referidos niveles, "aun admitiendo que las limitaciones presupuestarias ya existentes constituían un obstáculo para la consecución del referido objetivo".
RETRASOS EN LA SUSTITUCIÓN DEL PROFESORADO COMO "PRÁCTICA HABITUAL"
En el epígrafe en el que se aborda la cobertura de las bajas docentes, el Informe asegura que "el retraso en la sustitución del profesorado ha sido práctica usual en determinadas comunidades autónomas, casi siempre por razones relacionadas con la limitación de los medios económicos disponibles".
Así, en las quejas planteadas, relativas en la mayor parte de los casos a Castilla-La Mancha y, en menor medida, a la comunidad valenciana y Madrid, se denuncia que la cobertura de las bajas del personal docente por las administraciones educativas "se produce una vez sobrepasado el límite temporal establecido".
Al respecto, Becerril insiste en que son "indudables las consecuencias negativas" y, en ocasiones, "difícilmente reparables", que pueden derivarse para los alumnos de esta práctica. "La aplicación de las mencionadas modificaciones legales debería producirse de manera que no dé lugar a perjuicios adicionales a los que su aplicación puede suponer para los alumnos", ha apostillado.
Además, la Defensora se ha mostrado "preocupada" por el hecho de que la Educación Especial haya experimentado las consecuencias de la actual crisis económica, "especialmente en aspectos relacionados con la dotación de medios personales", al entender que la aportación que realiza el profesorado y el resto del personal que atiende a estos alumnos es de "especial trascendencia".
EL INFORME DENUNCIA LA VIGENCIA DE UNA NORMA PRECONSTITUCIONAL
Otro de los temas que aborda el texto es el de las quejas que hacen referencia a la tramitación de los expedientes disciplinarios incoados por las universidades a sus alumnos y que se regulan por un Decreto de 1954. En concreto, explica que debido a este desfase temporal "se tipifican como faltas graves y a las que corresponde sancionar con la expulsión de la universidad, las manifestaciones contra la moral católica, entre otras.
La Defensora explica que llevan desde la creación de la Institución reclamando su actualización, sin embargo, denuncia que "permanece vigente una norma preconstitucional, cuya aplicación suscita gran polémica y rechazo en el seno de la comunidad universitaria".
En cualquier caso, explica que el calendario normativo de la Dirección General de Política Universitaria "incluye la previsión de impulso de un proyecto de ley de convivencia y disciplina académica", una vez quede definida la reforma de la propia Ley Orgánica de Universidades. Por ello, advierten de que van a "permanecer a la espera de que tal previsión sea hecha efectiva", antes de emprender otras acciones.
Por último, han señalado que desde hace años vienen detectando "demoras e incumplimiento de plazos" en la tramitación administrativa de los expedientes de homologación de determinados títulos universitarios extranjeros.
Por todo ello, Becerril ha reclamado a los políticos que colaboren para alcanzar "los imprescindibles acuerdos mínimos, que han de plasmarse en las leyes educativas y constituir su armazón básico". "Pese a las dificultades de la crisis, la futura ley debe incluir las previsiones y medidas de financiación adecuadas para que su puesta en marcha y su desarrollo estén garantizados", ha concluido.
