Beltrán Pérez defiende su "rebaja fiscal"
PP AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Publicado: miércoles, 21 febrero 2018 15:24

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha manifestado este miércoles que las "rebajas fiscales" incluidas en el acuerdo alcanzado entre su formación y el Gobierno local del socialista Juan Espadas para que los populares se abstuviesen en la votación del proyecto presupuestario de 2018, aprobado gracias a tal extremo, se traducirán en 2019 en un ahorro de "ocho millones de euros" para los contribuyentes, seis de los cuales corresponden a la anunciada bajada del IBI.

En rueda de prensa, Beltrán Pérez ha recordado que el mencionado acuerdo entre el PP y el Gobierno local del PSOE incluye, de cara al año 2019, una reducción del cinco por ciento en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) correspondiente a los inmuebles de uso residencial, toda vez que los socialistas y Ciudadanos tenían ya pactada para ese año una rebaja del tres por ciento.

Igualmente, el acuerdo entre el PP y el Gobierno municipal contiene una reducción del uno por ciento en el tipo impositivo del IBI correspondientes a los inmuebles de uso no residencial, así como un alza hasta el 90 por ciento en la bonificación dispuesta en el IBI para los inmuebles objeto de actividad económica por urbanización, construcción o promoción inmobiliaria o una rebaja del 0,25 por ciento en el tipo impositivo del impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO).

Todas estas medidas, según ha asegurado Beltrán Pérez, se traducirán en 2019 en un ahorro de aproximadamente ocho millones de euros "para el bolsillo de los sevillanos". Especialmente, ha expuesto que la rebaja del cinco por ciento acordada para el IBI residencial de cara a 2019 tendrá efecto sobre "más de 300.000 propietarios" de vivienda y un impacto global de "seis millones de euros", que copa el grueso del citado ahorro global de "ocho millones" que según Beltrán Pérez disfrutarán los contribuyentes gracias al mencionado pacto.

A tal efecto, ha rememorado que cuando el Gobierno local del PSOE y Ciudadanos pactaron una rebaja del tres por ciento en el IBI residencial para el año en curso, el PP veía "exigua" dicha rebaja y abogaba por que alcanzase el diez por ciento. Y es que con la rebaja del tres por ciento acometida este año y la del cinco por ciento pactada entre el PP y el PSOE para 2019, según señala Beltrán Pérez, el descenso del IBI alcanzará el ocho por ciento en dos años y se aproximará a las pretensiones del Grupo popular.

Así, ha expuesto que por ejemplo, una vivienda del distrito Nervión ubicada en la calle Moncayo y con valor catastral de 35.000 euros pasará de pagar un IBI de 256,7 euros en 2016, a 236,14 euros en 2019, --dadas las rebajas del tres por ciento en 2018 y del cinco por ciento en 2019--, mientras una vivienda de Triana ubicada en la calle Alfarería y con un valor catastral de 100.000 euros pasará de pagar un IBI de 733 euros en 2016, a 674 euros en 2019.

Con esta reducción del IBI, según Beltrán Pérez, la ciudad avanza así en medidas de "consolidación" de su población, pues la revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2017 contabilizaba 689.434 personas empadronadas en Sevilla capital, 1.132 menos que la actualización anual de 2016 y lejos de las 704.198 personas empadronadas a comienzos de 2010.

Además, Beltrán Pérez ha defendido que gracias a estas medidas, Sevilla "reduce sus diferencias respecto a los principales municipios del área metropolitana, en los que sigue siendo más barato el IBI". En ese sentido, ha precisado que una vez consumado el descenso del IBI pactado para 2019, la ciudad hispalense pasará de encabezar un listado de siete municipios metropolitanos con el IBI más caro, a pasar al segundo puesto por detrás de Camas.

Finalmente, ha expuesto que gracias a la rebaja del IBI prevista para 2019, Sevilla caerá al puesto número 28 en la relación de capitales de provincia con el IBI más elevado, después de haber escalado varios puestos como consecuencia de la "subida" del IBI acometida en 2016 por el Gobierno local de Juan Espadas, especialmente en los edificios de uso no residencial.

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