SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado una serie de saldos pendientes de coro de la Junta de Andalucía a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) por importes "significativos", de más de 60 millones de euros.
Según el informe de 'Fiscalización de regularidad de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía', correspondiente al ejercicio 2012,
dentro del área económico-financiera, de la revisión de la conciliación de saldos pendientes de cobro de operaciones con la Junta y de las pruebas efectuadas por la propia Cámara de Cuentas "se deducen unas diferencias significativas, del 70 por ciento, entre los derechos pendientes de cobro registrados por Amaya y los importes que las entidades de la Junta consideran pendientes de pago a esa agencia", lo cual es "una incertidumbre sobre la cobrabilidad de saldos relevantes, que se encuentran pendientes de cobro desde hace varios ejercicios.
Asimismo, ha apuntado que durante 2014 se han producido varias reformulaciones de las cuentas anuales de 2013 "que han supuesto la depuración de saldos pendientes de cobro de la Junta por importes significativos, de más de 60 millones de euros, que ponen de manifiesto los problemas de control interno sobre los saldos pendientes".
El informe apunta que la agencia ha contabilizado "indebidamente" una provisión a corto plazo por importe de 8,3 millones de euros, lo que ha tenido como consecuencia que los resultados del ejercicio "sean de pérdidas superiores a siete millones" y agrega que "de no haberse producido tal operación contable, el resultado habría sido cero".
Además, indica que la agencia ha contabilizado "incorrectamente", unos derechos de cobro como 'Deudores Varios', cuando, a juicio de la Cámara de Cuentas, "no se cumplen los requisitos necesarios para el reconocimiento de los derechos mencionados por importe de 3,5 millones".
De esta forma, la Cámara de Cuentas de Andalucía ha precisado que ha auditado las cuentas anuales de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, que comprenden el balance al 31 de diciembre de 2012, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
Agrega que los administradores "son responsables de la formulación de las cuentas anuales de la sociedad, de acuerdo con el marco normativo, y, en particular, con los principios y criterios contables".
La Cámara de Cuentas de Andalucía indica que no ha podido "obtener evidencia" de auditoría que proporcione "una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría", por lo que no expresa una opinión sobre las cuentas anuales del ejercicio 2012.
Asimismo, agrega que en el desarrollo de los trabajos se han detectado "incorrecciones", que afectan a las cuentas anuales, y ha añadido que se han producido "incumplimientos" de la normativa aplicable.
RETRASOS
Por otro lado, el ente fiscalizador ha reseñado la "demora" con que se ha facilitado la documentación solicitada, lo que ha conllevado retrasos en la ejecución de la fiscalización, de manera que el promedio del tiempo transcurrido entre la solicitud por escrito de la documentación y su recepción ha sido de 23 días.
En materia de recursos humanos, el informe apunta que el control interno ejercido sobre el área de personal "no es adecuado", dadas las "deficiencias" detectadas por la dispersión de la información, la existencia de "problemas de comunicación" entre departamentos, o la existencia de "múltiples archivos de personal con ausencia de documentación en los mismos", unos hechos que "se ven agravados por la inexistencia de un expediente de personal informatizado, el tamaño de la plantilla y la alta movilidad de la misma".
Asimismo, ha apuntado que la agencia ha facilitado listados de contratación "con diferente composición y número de expedientes, sin que dichas diferencias hayan sido conciliadas", por lo que se puede, a juicio del ente fiscalizador, el control que ejerce sobre su actividad contractual es "mejorable".
RECURSOS HUMANOS
El informe ha indicado que en general, en los expedientes de encomiendas de gestión "no consta documentación relativa al seguimiento presupuestario por parte de los órganos gestores dependientes de las entidades encomendantes, esto es, direcciones generales de las consejerías, principalmente.
Por otro lado, se constata que la agencia "no dispone de funcionarios adscritos que puedan desarrollar las potestades administrativas derivadas de su actuación", de manera que las tareas vinculadas a potestades administrativas, como ejercicio de autoridad, fe pública, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización o gestión económico-financiera, "se están desarrollando, a pesar de no estar contempladas en los estatutos de la entidad ni disponer del personal funcionario adscrito de la Consejería".
Asimismo, se han creado ocho categorías laborales distintas a las existentes en los respectivos convenios colectivos y añade que no consta que se hayan cumplido los requisitos que las leyes del presupuesto de la Comunidad han establecido para ello en los últimos ejercicios.
La Amaya ha satisfecho a la Seguridad Social recargos por ingreso fuera de plazo por liquidaciones correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 2012, por un total de 527.833,20 euros, debido al retraso en la percepción de fondos desde la Junta.
CONTRATACIÓN PÚBLICA
El informe ha apuntado la "similitud" de los objetos de numerosos expedientes tramitados como contrato menor, lo que podría suponer "la conculcación de los principios de publicidad y concurrencia establecidos por la legislación de contratos públicos", puesto que "podrían ser constitutivos de fraccionamiento del objeto de los contratos".
Además, en una proporción significativa de expedientes adjudicados mediante procedimiento abierto, esto es, en 15 de 16 examinados, la puntuación para la valoración técnica de los criterios de adjudicación "no está definida de forma detallada en los pliegos".
El ente fiscalizador apunta que la entidad encomendataria "debe contar con medios personales y materiales que posibiliten la asunción del encargo y así se declara por la entidad encomendante en la respectiva orden o resolución". Ha añadido que el hecho de que la entidad subcontrate con terceros una proporción significativa del importe del presupuesto del encargo, "podría ser indicativo de que la utilización de la figura de la encomienda de gestión no se debe a los medios propios con que cuenta la entidad encomendataria".
A juicio del ente fiscalizador, en los supuestos en los que se da una escasa participación de medios propios, "no parece razonable la aplicación de un sistema de tarifas para la valoración de los presupuestos y posterior facturación de las actuaciones".
Ha agregado que la Consejería de Medio Ambiente "no ha aprobado unas tarifas propias basadas en los costes reales de dicha Agencia, lo que supone un incumplimiento de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía".
De las similitudes entre las figuras de encomienda de gestión y 'atribución', se podría deducir que las denominadas 'atribuciones' "no son otra cosa que encomiendas de gestión".
El informe agrega que "sólo tres de 16 expedientes de gasto de las respectivas Consejerías en el ejercicio fiscalizado están destinados a la financiación de la entidad, mientras que los 13 restantes (98 por ciento del importe total) financian indebidamente actividades específicas de la entidad".
Según indica la memoria de las cuentas anuales, dos importes (116.371.987 euros y 3.513.149 euros) se corresponden con transferencias de capital "a pesar de estar destinados a la 'Financiación del presupuesto de explotación' de la entidad, lo que supone un incumplimiento de la normativa presupuestaria".
