SEVILLA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las federaciones de servicios públicos de CCOO-A y UGT-A han expresado su temor de que tras las elecciones autonómicas del 25 de marzo el Gobierno central "reforme el Estatuto Básico del Empleado Público y empiece a despedir a funcionarios empleados públicos", de forma que "no va a tardar mucho tiempo en reformar este Estatuto y empezar a despedir gente".
En rueda de prensa tanto el secretario general de FSP UGT-A, Antonio Tirado, como el secretario general de FSC CCOO-A, Felipe Falcó, han criticado la reforma laboral y su afectación al empleo público y han expresado su defensa de los servicios públicos y el Estado del Bienestar.
Los sindicatos han recordado que el personal laboral "puede ser legalmente despedido ahora en el caso de administraciones que aleguen insuficiencia presupuestaria o cambios organizativos, como externalizaciones", mientras que el personal estatutario "puede verse afectado y despedido igualmente por estos motivos al imponerse la realización de trabajos comunitarios por aquellas personas que estén recibiendo la prestación por desempleo" y sobre el personal funcionario, ambas centrales apuntan que "nadie quita que no salga alguna nueva ley o decreto, como ya hemos visto en países tan cercanos como Grecia o Portugal, que permita su despido".
CCOO y UGT estarán "siempre en desacuerdo si se reducen plantillas, se despiden a personas y se recortan derechos sociales, con el efecto de "una excesiva carga de trabajo para aquellas personas que continúan en plantilla".
Frente a la necesidad de "defender servicios públicos y de calidad para toda la ciudadanía, servicios universales y accesibles por lo que seguiremos luchando", los sindicatos han rechazado "los retrocesos sociales que pretenden imponer quienes gobiernan actualmente en nuestro país".
Han recordado los "recortes sociales en servicios públicos" que se están aplicando en algunas comunidades autónomas, lo que "lleva igualmente al retroceso del Estado del Bienestar Social, aumentando la desigualdad social de forma alarmante".
Por ello han asegurado que esta reforma laboral "conlleva la implantación de un sistema de repago sanitario, se favorece la enseñanza privada en lugar de la pública, se externalizan y privatizan servicios públicos". Advierten ambas centrales de que "si se reduce el número de profesionales disponibles para atender al público se ofrecerá a la ciudadanía servicios de peor calidad y por los que tendrán que pagar cuando antes no lo hacían".
Apunta que actualmente el copago que se implantará en Cataluña "es solo el primer paso para la privatización de sanidad, que se vive en otros países como Estados Unidos".
"La reforma laboral apoya las ideas del nuevo Gobierno para abrir paso, dar facilidades, y hacer legítimo la destrucción de empleo público y por ende servicios públicos, lo que nos afecta a todos, no sólo al empleado que pasa a ser despedido, sino que supone el recorte de servicios para toda la sociedad y a la calidad del mismo, como es el caso manifiesto ya en sanidad, donde el recorte de recursos materiales y humanos afecta a los usuarios negativamente", agrega.
Por ello, insisten en defender el empleo público y unas condiciones de trabajo "dignas", frente al hecho de que los gobiernos central, autonómico y locales "están recortando la inversión en servicios públicos esenciales, eliminando derechos laborales, amortizando puestos de trabajo, destruyendo empleo en las administraciones y reduciendo los salarios de los empleados públicos".
LLAMAMIENTO A LA HUELGA
Ante esta situación, los sindicatos mayoritarios de Andalucía han hecho un llamamiento a los empleados públicos para que se movilicen el próximo 29 de marzo, día de la huelga general, ya que "la reforma laboral abre paso, da facilidades y hace legítima la destrucción de empleo público, y por ende los servicios públicos".
"Esto nos afecta a todos, no sólo al empleado que pasa a ser despedido, sino que supone el recorte de servicios para toda la sociedad", ha aseverado Antonio Tirado, quien apunta que "el patrimonio común, como es la sanidad y educación pública universal y los servicios sociales, están en juego y los empleados públicos debemos reaccionar".
SITUACIÓN EN ANDALUCÍA
UGT-A ha apuntado que "de los 771 municipios andaluces, existe en la actualidad 28 ayuntamientos que no pagan las nóminas a los empleados públicos, alrededor de 8.850 afectados y 615 despidos", ha asegurado Antonio Tirado, quien apunta que en la Junta de Andalucía "no se ha producido despidos como tal, pero sí que la tasa de reposición es cero", es decir, no se cubren las plazas de la jubilaciones o prejubilaciones, por lo que desde el inicio de la crisis el número de empleados públicos se ha reducido un 15 por ciento".
Tirado apunta que "con la reforma laboral ya no se contempla un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) sino directamente un ERE" y asegura que se trata de "una crisis diseñada, en la que no hay dinero para los servicios públicos pero sí para pagar dinero a los bancos". Asimismo, critica que el Gobierno "pretende separar a la sociedad en dos bandos al dar marcha atrás en los derechos adquiridos".
Por su parte, Falcó ha insistido en que CCOO y UGT "siempre defenderán servicios públicos y de calidad para toda la ciudadanía, estos servicios universales y accesibles deben ser la base del Estado de Bienestar propio de una sociedad democrática y avanzada como era la nuestra, y por la que lucharemos para que así siga siendo".
Ha reiterado que "se ofrecerá a la ciudadanía servicios de peor calidad y por los que tendrán que pagar cuando antes no lo hacían".
