La CEA ve "intervencionista" la Ley de Movilidad Sostenible y lamenta la falta de diálogo de la Junta con los sectores

Actualizado: jueves, 2 julio 2015 6:48

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) considera "intervencionista" el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Andalucía, actualmente en fase de información pública, y ha lamentado la "falta de diálogo" de la Consejería de Fomento y Vivienda con los sectores empresariales afectados.

Fuentes de la CEA han indicado a Europa Press que este pasado viernes terminó el plazo de información pública del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Andalucía que está promoviendo la Consejería de Fomento y Vivienda y que está recogida en el Acuerdo de Gobierno entre el PSOE e IU.

La CEA ha presentado un informe de alegaciones que ha tenido una amplia participación de las organizaciones sectoriales, esto es, comercio, alimentación, transportes por carreteras, transportes de viajeros en autobús, construcción, promoción inmobiliaria, sector industrial, parques empresariales.

Las fuentes han indicado que el principal objetivo del anteproyecto es "promover un modo de transportes en las ciudades basado en la bicicleta y la movilidad peatonal y transportes públicos frente al transporte motorizado (coches)".*Para ello, según explican, "obliga a los ayuntamientos a elaborar planes de movilidad que reduzcan a movilidad de vehículos a los cascos urbanos, reduzca la reserva de los aparcamientos".

Según la CEA, el anteproyecto contempla que "a los centros generadores de movilidad --que se asemejan a los centros de producción, hospitales, centros educativos y de ocio-- que cuenten con un umbral de trabajadores y visitantes que se definirá reglamentariamente, pero apuntan a que estará cercano a los 200 personas, lo afecta a la inmensa mayoría de instalaciones empresariales, esto es, centros comerciales, ocio, cultura, edificios de oficinas y polígonos industriales, que se les va a obligar a elaborar planes de movilidad en los centros de trabajos con una serie de requisitos y contenidos".

Entre dichos requisitos, según la CEA, se apuntan que el plan "estará sometido a informe vinculante del ayuntamiento; deberán prever aparcamientos bicicletas en instalaciones; se fomenta el uso del vehículo compartido y medidas disuasorias para el uso de aparcamiento; se establecen medidas de bonificación de tiempo de trabajo para las personas que opten por desplazarse al puesto de trabajo a pie, en bicicleta o en transporte público".

Asimismo, la CEA indica que en cuanto a la financiación, el anteproyecto apunta que la política de movilidad "se va a nutrir de las aportaciones de las administraciones a través de fondos públicos y también de fondos privados provenientes de repercutir costes a los promotores en las construcción de nuevas urbanizaciones, y de las aportaciones de las empresas como consecuencia de los estudios de impacto de la movilidad".

Además, a juicio de la CEA, "abre la puerta al establecimiento de nuevos impuestos y recargo por la Junta y los ayuntamientos para financiar las políticas de movilidad".

Ante esta situación, la CEA considera que este anteproyecto "no sólo afectará a la regulación en sí de los sectores productivos del transporte, sino con diversa intensidad a otras muchas actividades productivas y empresariales".

Por ello lamenta que la Consejería de Fomento "no haya abierto previamente un periodo de diálogo con las organizaciones empresariales, como es habitual en los proyectos normativos que elaboran otras consejerías, y que no se nos haya solicitado trámite de audiencia como organización interesada limitando nuestra participación a la fase de información pública".

Asimismo, alertan de que el anteproyecto "ha suscitado preocupación y rechazo en muchos sectores empresariales por su clara vocación intervencionista, por el establecimiento de nuevos trámites (informe de movilidad), trabas (autorizaciones vinculadas a informes favorables), y costes (gestor movilidad en las empresas, cofinanciación de las infraestructuras, nuevos impuestos) para las empresas, en un momento en el que hacen falta estímulos y sobran trabas y medidas intervencionistas que se traducen en una mayor inseguridad jurídica, y costes añadidos que finalmente se tienen que trasladar a los consumidores".

Considera que es un anteproyecto "más programático que realista con la situación en la que vivimos", toda vez que, a juicio de los empresarios, "no se apuesta por un reparto equilibrado de los modos de transportes interurbano, sino que se hace una apuesta por unos modos de transporte frente a otros sin atender a estrictos criterios de eficiencia, en detrimento, por ejemplo, de la carretera frente al ferrocarril, y cuando en los últimos años las inversiones en infraestructuras ferroviarias han descendido drásticamente".

Agrega asimismo que en los entornos metropolitanos y urbanos, "plantea fines de difícil realización como convertir los desplazamientos a pie o en bicicleta en la piedra angular para la movilidad de las personas, cuando hoy representan un pequeño porcentaje, e incluso para la distribución de mercancías y bienes de consumo".

COLISIÓN DE COMPETENCIAS

Consideran que este anteproyecto "puede colisionar con competencias de otras administraciones, como son los ayuntamientos, porque los planes de movilidad establece contenidos que son competencia municipal, igual que los procedimientos de aprobación de estos planes" y apuntan que "quiebra el camino que ha empezado a recorrer, y que queda mucho por hacer, la Junta de Andalucía de agilizar y reducir trámites burocráticos, que no aportan nada y que distraen tiempo y recursos a las empresas".

Asimismo, consideran que este anteproyecto "pretende jerarquizar, incluso, las propias competencias que tiene atribuida la Junta de Andalucía, primando la movilidad sobre otras políticas como la territorial, la económica, o de desarrollo sectorial, cuando lo que debería buscarse sería la coordinación y sinergias entre las mismas".

Además, "establece nuevas obligaciones las empresas, como la realización de los planes de movilidad, que la ley ya apunta que se fijará a los centros de trabajo que alcancen 200 accesos --entre trabajadores y clientes--, convirtiendo en obligatorio aspectos regulatorios que en el ordenamiento actual aparecen como procesos voluntarios".

Agrega que existen otras cuestiones que "entran de lleno en el ámbito de la libertad de empresa y la gestión empresarial, como la cofinanciación de los servicios públicos de transportes, buscando que las empresas asuman ciertas actuaciones que no les competen, sobre las que no poseen capacidad de decisión e influencia, y en cuya financiación, además, ya participan suficientemente a través del funcionamiento del sistema tributario establecido".

La CEA indica que para la financiación del sistema de transporte en Andalucía "subyace un filosofía que apuesta por ejercer una mayor presión fiscal sobre las actividades productivas --que incluso en el articulado se aconseja que sea replicada por los ámbitos municipales-- para poder cubrir los costes públicos administrativos y de servicio que deberían venir cubiertos por la gestión eficiente de los rendimientos que se obtienen a través del sistema tributario general establecido".

De esta forma, lamenta que "se propone actuar antes sobre el ingreso que sobre el control del gasto público, en detrimento de la competitividad y, por tanto, del desarrollo de las actividades empresariales y productivas, la creación de riqueza y la generación de empleo en la comunidad autónoma".

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