Chamizo pide que se definan en la Ley de Aguas las tarifas del suministro domiciliario y se penalicen consumos excesivos

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Actualizado 10/07/2010 12:56:18 CET

SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha pedido incluir en el proyecto de la Ley de Aguas --cuyo debate final en el Parlamento de Andalucía está previsto, en un pleno extraordinario, para el próximo 21 de julio-- varias sugerencias relacionadas con el establecimiento de un "criterio común" que defina las tarifas del suministro domiciliario de agua en toda la comunidad y que penalice los consumos excesivos.

Para Chamizo, el hecho de que el proyecto de Ley de Aguas de Andalucía se encuentre aún en tramitación parlamentaria es una "ocasión única" para incorporar al régimen normativo del sistema tarifario doméstico estas indicaciones que, según afirma en una resolución a la que tuvo acceso Europa Press, servirían para "velar por la utilización racional de los recursos naturales", así como para su aprovechamiento bajo el principio de sostenibilidad.

Así pues, y en primer lugar, el Defensor pide que bien en el desarrollo reglamentario de la futura Ley de Aguas de Andalucía, bien en el reglamento específico de tarifas que la Agencia Andaluza del Agua prevé formular, o bien mediante la modificación del vigente Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua, se realice una "definición clara de la calificación jurídica --tasa o precio público-- que deba darse al servicio de abastecimiento domiciliario de agua y una determinación de unos criterios comunes sobre el procedimiento que deban utilizar todas las entidades suministradoras para fijar sus tarifas".

Sobre todo, explica Chamizo, porque desde 2006 la Defensoría viene insistiendo en la "necesidad de contar con un régimen común que sirva de referente para todos los municipios andaluces" y con el que se evite que cada entidad suministradora de agua pueda establecer un precio distinto.

Además, teniendo en cuenta que los perfiles de consumo no son los mismos en todos los hogares y que éstos varían dependiendo de factores como el número de vecinos de un bloque o de si la finca es residencial o industrial, el Defensor estima que se deben incorporar "elementos que permitan una mayor concreción de los usos y aprovechamientos de agua a fin de particularizar en lo posible los datos de consumo de cada contrato".

Para ello, sería necesaria la inclusión en la Ley de "una modulación de las tarifas en función del número de personas que hacen uso del suministro y una penalización de los consumos excesivos", aclara Chamizo. Una cuestión ésta que, además, viene avalada por la Directiva Marco del Agua que dispone que "los Estados miembros garantizarán, a más tardar en 2010, una política de precios del agua proporcione incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos y, por tanto, contribuyan a los objetivos medioambientales" de la Unión Europea.

PERIODICIDAD MENSUAL O BIMESTRAL

Al hilo de estas sugerencias, Chamizo también apostó porque los sistemas de control y lectura de los consumos domésticos tengan, en lugar de carácter trimestral, una periodicidad "mensual o, al menos, bimestral a fin de profundizar en los instrumentos de seguimiento y verificación de los consumos de agua y aplicar con carácter más inmediato sistemas que ayuden a su mejor aprovechamiento".

No en vano, muchas de las quejas que se han recibido en la Oficina del Defensor, reveló, son referidas "a supuestos en que, habiéndose producido una avería en las instalaciones interiores, ésta no ha sido detectada hasta el momento de la lectura del contador y, mientras más se dilataba ésta en el tiempo, mayores eran los perjuicios económicos causados a la persona abonada".

Por ello, "acortar estos plazos incidiría en un seguimiento más frecuente de la realidad de los suministros, permitiría contextualizar los consumos y ayudaría a reducir los efectos acumulativos de las lecturas cuando se aplican los sistemas de bloques", apuntó.

Con todas estas sugerencias, Chamizo cree que "se facilitaría la consecución de los objetivos encomendados a los poderes públicos" y que están descritos en el Estatuto de Autonomía, tales como "mejorar la calidad de vida de los andaluces mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente y la adecuada gestión del agua" o como "proteger el ciclo integral del agua y promover su uso sostenible, eficiente y responsable de acuerdo con el interés general".

Rafael Catalá

Rafael Catalá

Ministro de Justicia

28/11/2017

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