El comité de Mercasevilla ve "correctas" las tres prejubilaciones denunciadas por la empresa a la juez

Asamblea De Trabajadores De Mercasevilla.
CCOO/EUROPA PRESS
Actualizado 25/01/2012 16:25:57 CET

SEVILLA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, ha defendido como "perfectamente correctas" las tres prejubilaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007 que la directiva de la lonja, presidida por el concejal capitalino Gregorio Serrano (PP), ha denunciado ante la juez Mercedes Alaya al tratarse de empleados que cobraban prestaciones en función de la invalidez permanente que les había sido reconocida. Rafael Domínguez (CCOO), presidente del comité de empresa, ha recordado que este expediente de regulación de empleo fue validado por la autoridad laboral y ha defendido la "compatibilidad" de las rentas por prejubilación con las prestaciones por invalidez.

El sexto teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense y presidente de la sociedad mixta Mercasevilla, Gregorio Serrano (PP), ha elevado al Juzgado de Instrucción números seis, dirigido por Mercedes Alaya, varias "cuestiones" relativas al expediente de regulación de empleo promovido por la empresa en 2007 y de cuya financiación se desliga la Consejería de Empleo. Entre otros aspectos, el escrito del presidente de Mercasevilla expone los casos de tres trabajadores acogidos a este expediente de regulación de empleo e incluidos en las pólizas de seguro de rentas pese a que, según la nueva directiva de la lonja, sus rentas deberían haber sido "excluidas en su totalidad" al tratarse de empleados con invalidez permanente reconocida con sus correspondientes prestaciones. Se trata de Fernando P.M., Antonia H.S. y Carmelo H.

LA AUTORIZACIÓN DEL ERE

Frente a este extremo, el presidente del comité de empresa ha señalado a Europa Press que pese a las incertidumbres que pesan en cuanto a la financiación de este ERE, el procedimiento fue plenamente "refrendado" por la Delegación provincial de la Consejería de Empleo mediante su correspondiente autorización. Las prejubilaciones de Fernando P.M., Antonia H.S. y Carmelo H., según ha defendido, son "perfectamente correctas" y se ajustan "a la legalidad", lo que le ha llevado a esgrimir el convenio colectivo de Mercasevilla para argumentar tal posición.

Rafael Domínguez ha explicado que las rentas asociadas a estas prejubilaciones no son otra cosa que "indemnizaciones por despido", unos ingresos "compatibles" a todos los efectos con las prestaciones percibidas por estas personas por su incapacidad permanente reconocida. "No tiene nada que vez una cosa con la otra", ha defendido el presidente del comité de empresa insistiendo en que ambos ingresos son "compatibles".

EL ERE DE 2007

El expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, tiene un coste de 9.046.976,95 euros y fue aprovechado por 40 empleados de la lonja para acceder a la prejubilación, si bien sus rentas quedaron paralizadas en 2009 al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación del procedimiento pese a figurar en la documentación como la principal fuente de los fondos. Desde entonces, la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense ha cubierto las rentas de estos prejubilados.

Y es que de un lado, entre finales de 2007 y comienzos de 2008, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, dio su "conformidad" en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007. No obstante, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial de que estos actos firmados por Guerrero fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".

LA PREJUBILACIÓN DE GARRIDO SANTOYO

El ERE de 2007, de cualquier modo, figura entre las diligencias incoadas también por la conocida juez a cuenta del posible delito societario perpetrado por los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, ambos imputados en esta línea de investigación y las diligencias correspondientes al presunto intento de petición de comisiones ilegales y las posibles irregularidades en la enajenación de los suelos del mercado central de abastos. Porque en el ERE de 2007, como ya se informó en su momento, fue prejubilado el exmiembro de la Ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, quien jamás ha trabajado en Mercasevilla.

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