SEVILLA, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, ha llevado a cabo este viernes la diligencia de volcado y entrega a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de una copia de los correos de tres altos cargos y 12 funcionarios de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
De este modo, fuentes del caso han informado a Europa Press de que el volcado y entrega a la UCO de dichos correos se ha practicado en la mañana de este viernes "sin incidencias" y por espacio de más de una hora en el Juzgado de Instrucción número 3.
Esta diligencia se ha llevado a cabo después de que la Audiencia Provincial de Sevilla, en un auto del que fue ponente la juez Mercedes Alaya, avalara la decisión de la juez de proceder al volcado y entrega de los correos, que la instructora había tenido que suspender hasta en dos ocasiones anteriores.
Tras ello, y por medio de una providencia dictada el 25 de abril, la magistrada acordó dar "efectivo cumplimiento" a la diligencia acordada y autorizó a la UCO para que, este viernes, obtuviera una copia de los correos, para lo cual deberá "proporcionar el equipo técnico necesario y disco duro con capacidad suficiente", todo ello "cotejando" que la copia expedida "coincida con el contenido que se custodiará" en el Juzgado.
Una vez se emita dicha copia, "se procederá por la fuerza actuante al volcado y estudio, única y exclusivamente, de aquellos pasajes de los correos que encontrándose directamente relacionados con el objeto de la presente investigación, con exclusión por tanto de cualquier comunicación relativa a la defensa jurídica de los implicados en esta causa, resulten relevantes para el avance y completo esclarecimiento de los hechos que aquí se investigan".
El pasado mes de marzo, la juez suspendió por segunda vez el volcado y entrega a la UCO de estos correos en espera de que la Audiencia Provincial de Sevilla resolviera los recursos interpuestos contra esta decisión. "Resulta la decisión más prudente el acceder a la petición de suspender o posponer la diligencia señalada, hasta tanto se resuelva el recurso pendiente", apuntaba.
La Audiencia autorizó finalmente dicho volcado al considerar que "no existe duda alguna, pese a las alegaciones" de los recurrentes, de que la diligencia de investigación acordada "puede adoptarse en el curso de la instrucción de un delito de prevaricación que no está castigado con pena de prisión, pese a ser un delito grave", ya que "no es una diligencia que afecte al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, sino al derecho fundamental a la intimidad".
Asimismo, los recurrentes alegaron que la juez no había dado contestación en el auto recurrido a la vulneración de los principios de necesariedad y proporcionalidad "de la que adolece la medida de investigación", pero la Audiencia no comparte dicho extremo al entender que la instructora ha dado "completa satisfacción a dichos principios rectores".
Y es que, en primer lugar, "parte de que lo que se investiga es un presunto delito de prevaricación, delito de especial gravedad, presuntamente cometido en el seno de la Junta de Andalucía con motivo de la adjudicación del concurso público sobre la mina", mientras que, en segundo lugar, "parte de la apreciación provisoria" por parte de la propia Audiencia "de indicios sólidos de la comisión de este delito, que hacían necesario la reanudación de la instrucción de la causa para la investigación de este delito y de los que pudiera haberse cometido en el curso de dicho procedimiento administrativo".
Asimismo, y según el tribunal, el auto recurrido "ha partido de las insólitas reuniones previas que pudieron producirse según la denunciante una vez publicado el concurso (13 de enero de 2014) entre autoridades de la Junta de Andalucía y la entidad perdedora del concurso, Emerita, y una última que se celebró el 11 de abril de 2014 en la sede de Emerita con la presencia de Mario López Magdaleno, de Minorbis".
DILIGENCIA "ÚTIL" Y "PROPORCIONADA"
Además de todo ello, recuerda que la juez, en el auto recurrido y en su decisión inicial de ordenar el volcado y entrega de los correos, dejó claro que el acceso al contenido de los mensajes de correo electrónico solicitados "se reputa imprescindible y necesario para revelar documentalmente 'si hubiera habido o no algún tipo de apoyo o indicación institucional desde la Administración autonómica, paralelo a las negociaciones previas, y al discurrir posterior del concurso', ciñéndose exclusivamente a los aspectos que puedan ser relevantes" para la causa.
A juicio de la Audiencia, "se trata de una medida útil o idónea para los fines de la investigación y además como diligencia de rastreo es indispensable por no existir un medio menos gravoso para conseguir, si llegara el caso, plasmación documental de esas órdenes o indicaciones institucionales", a lo que se suma que también es una medida "proporcionada" porque "debe quedar reducida exclusivamente a los aspectos que puedan ser relevantes" para la causa.
"Es obvio que deben excluirse todas aquellas cuestiones relativas al concreto ejercicio del derecho de defensa, comunicación letrado-cliente, tanto de los procesos contenciosos-administrativos que ha dado origen el concurso a instancias de Emerita como del presente procedimiento penal", ya que "el sagrado derecho de defensa genera una reserva casi absoluta por el carácter confidencial de las comunicaciones entre abogado y cliente", asegura el tribunal.
"DESPRESTIGIO" PARA LAS INSTITUCIONES Y "GRAVE DAÑO" A LA CIUDADANÍA
"Valorando los intereses contrapuestos, de un lado el derecho a la intimidad documental y de otro la persecución de un delito contra la Administración que genera tanto menoscabo a nuestro Estado de Derecho, tanto desprestigio para las instituciones públicas y causa tan grave daño a la ciudadanía, es más que evidente la proporcionalidad de la medida", asevera el tribunal.
Y todo ello "considerando que el periodo temporal al que se ha circunscrito para los apelantes abarca los actos anteriores, coetáneos y posteriores a la adjudicación del concurso".
Para finalizar, el tribunal rechaza la argumentación de la defensa de la viceconsejera del ramo, María José Asensio, en cuanto a la "extralimitación" de la UCO en la labor investigadora cuyo marco se limitó en el auto de la juez de 31 de octubre de 2016, "pues precisamente dicho auto se dictó como consecuencia del auto de esta Sala de fecha 19 de octubre de 2016 y en cumplimiento del mismo, pues en él se ordenó reaperturar la instrucción indebidamente sobreseída al desprenderse indicios importantes de la comisión" de un delito de prevaricación.
"NI MERAS CONJETURAS NI SUPOSICIONES"
En dicho auto de la juez, se acordó encomendar el desarrollo de la labor de auxilio judicial a la UCO, "y es precisamente en el ejercicio de dicha labor cuando solicita dicha Unidad de la Guardia Civil la diligencia de investigación admitida por el Juzgado y que esta Sala debe confirmar", punto en el que rechaza que la medida tenga un carácter "prospectivo e indiscriminado" o que carezca de "habilitación legal", ya que "los sólidos indicios expuestos por esta Sala desde luego no son ni meras conjeturas ni suposiciones".
Además, la diligencia acordada por la instructora "está limitada a un periodo temporal concreto, excluyéndose todos aquellos correos que no tengan relación con el objeto del concurso, salvaguardando los correos entre abogado y cliente, y por supuesto en cuanto que es una diligencia que afecta al derecho a la intimidad, documental en este caso, que no al secreto de las comunicaciones".
