Concluye este viernes en Sevilla el juicio contra el activista Lagarder Danciu

Publicado 19/01/2017 16:46:35CET

SEVILLA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla prevé concluir este viernes el juicio destinado a resolver los cargos que pesan contra el activista Lagarder Danciu, protagonista de diferentes acciones para las personas sin hogar, por presuntos delitos de atentado a la autoridad y de lesiones leves, en el marco del desmantelamiento del asentamiento ilegal instalado en 2015 en el paseo de Juan Carlos I de la ciudad hispalense.

Durante la primera sesión de la vista oral, según han informado a Europa Press fuentes del caso, declararon este conocido activista, quien después de los hechos sometidos ahora a juicio protagonizó la conocida irrupción en un acto celebrado a finales de mayo de 2016 por el PP en el madrileño parque del Retiro, con la presencia del entonces candidato del PP a la reelección como presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Lagarder Danciu, además, fue recientemente detenido en Málaga, a cuenta de su comportamiento en una protesta a favor del derecho a la vivienda celebrada en uno de los actos programados en la capital de la Costa del Sol con motivo del Día de la Constitución.

También comparecieron en la primera parte de la sesión, pero en calidad de testigos, un médico que ayudaba como voluntario en el mencionado campamento ilegal, así como una persona sin hogar que participaba de esta acción de protesta, uno de los policías locales que redujeron al activista y el médico forense que habría examinado las lesiones padecidas precisamente por este agente, a cuenta presuntamente del comportamiento de Lagarder Danciu.

Dado que a la primera sesión no asistió otro agente de la Policía Local también propuesto por la Fiscalía como testigo, su comparecencia y las conclusiones fueron aplazadas para este viernes a partir de las 09,00 horas.

EL DESALOJO DEL CAMPAMENTO "DIGNIDAD"

Sobre los incidentes acontecidos en Sevilla el 21 de octubre de 2015 durante el desmantelamiento del asentamiento ilegal instalado en el paseo de Juan Carlos I, la Fiscalía expone en un escrito de acusación, recogido por Europa Press, que Lagarder Danciu se habría "opuesto a la actuación" de la Policía Local hispalense, propinando incluso "varias patadas" a uno de los agentes.

En su escrito, la Fiscalía rememora el desmantelamiento de este asentamiento denominado "campamento dignidad" por las personas que allí habitaban, en demanda de un giro en las políticas sociales. Reclamaban, entre otras cosas, "el derecho a un cobijo digno para las más de 800 personas sin hogar de la ciudad que llevan décadas sufriendo el maltrato institucional", según los promotores de la acampada.

El despliegue de la Policía Local para este desalojo, según las hemerotecas, estuvo acompañado de un equipo de los servicios sociales municipales y de la Unidad Municipal de Intervención en Emergencias Sociales (Umies), así como de un dispositivo de limpieza.

"PROBLEMAS DE SEGURIDAD"

El Ayuntamiento defendía la necesidad de desmantelar el asentamiento para prevenir "problemas de seguridad y salubridad", ofreciendo a todos los afectados, un total de 16 personas, alojamiento en el centro municipal de acogida hasta el mes de febrero de 2016. La Plataforma Ciudadana por la Democracia y la Transparencia, promotora de esta denominada "acampada dignidad", denunciaba de su lado que los afectados no fueron avisados del desalojo y sólo se les dio "15 minutos" para recoger sus pertenencias.

El asunto es que durante el desalojo, de cualquier modo, fue detenido el conocido activista Lagarder Danciu, quien según la Fiscalía "se opuso a la actuación policial colocándose en el centro de la calzada, con riesgo de ser atropellado por algún vehículo" e incluso habría "propinado varias patadas" a un gente de la Policía Local que intentaba "disuadirle".

El Ministerio Público, en ese sentido, le atribuye "un delito de atentado a agente de la autoridad y un delito leve de lesiones", reclamando para él un año de cárcel, una multa de 360 euros y una indemnización de 150 euros en favor del agente supuestamente agredido.

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