Condenado a demoler un chalé de 120 m2 en una finca de Marchena donde hay 3.000 casas ilegales

Actualizado 02/02/2013 12:03:13 CET

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juez de lo Penal número 1 de Sevilla ha condenado a un mes y medio de cárcel y 360 euros de multa a un hombre por construir un chalé de 120 metros cuadrados en la finca 'El Alcornocal' de Marchena, donde hay otras 3.000 construcciones similares, edificación que además deberá demoler a su costa pese al decreto aprobado en 2012 por la Junta de Andalucía que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez condena al acusado, L.P.R., a pesar de que en el juicio un perito aseguró que la posible legalización de la edificación conforme a esta norma legal "era algo que tendría que ser estudiado" y que "podría ser" que en el inventario de regularización elaborado por la Diputación "estuviera incluida dicha parcela y su edificación".

No obstante, el juez argumenta que "nada de ello acredita que la construcción sea susceptible de legalización, tratándose por tanto de una mera posibilidad" y "de un hecho futuro e incierto que podría no ocurrir nunca", por lo que "permitir la pervivencia de la edificación realizada supondría mantener y justificar la ilegalidad de la construcción, sin que fuera posible instar en un futuro la demolición de la obra si se verificase que no se había producido realmente dicha legalización".

El acusado adquirió en febrero de 2004 una parcela de 1.109 metros cuadrados, calificada como suelo no urbanizable común e incluida en 'Zona de Restauración. Huertos Familiares' y "no estando dicho suelo destinado a uso residencial", por lo que "no era posible" la construcción en el mismo de ninguna edificación con destino a vivienda.

A pesar de ello, el imputado comenzó a construir una edificación destinada a vivienda, de unos 120 metros cuadrados, con un cuarto para la depuradora de cuatro metros cuadrados y una piscina de 32 metros cuadrados, siendo detectada la obra en septiembre de 2007 por agentes de la Policía Autonómica.

En 2008, un Juzgado de Marchena decretó como medida cautelar la paralización de la obra, el precinto de la edificación, el corte de suministro de energía eléctrica y el precinto del pozo que suministraba agua a la parcela, habiéndose tasado en 11.310 euros el coste de la demolición de la edificación y de la reposición de la parcela a su estado original.

El juez condena al acusado a la demolición de lo construido al entender que "la entidad" de la edificación "es importante" y "supone una alteración grave del estado originario de la finca rústica y de su realidad física".

DILACIONES INDEBIDAS

"Podría argumentarse que son muchas las construcciones similares, y aún mayores, pues incluso el perito refirió que allí puede haber unas 3.000 construcciones", pero ello "no supone ninguna disminución de la gravedad de los hechos, sino todo lo contrario, su mayor gravedad, pues cuanta mayor sea la acumulación de construcciones ilegales en una zona, mayor es el perjuicio total causado".

El juez añade que "la adecuada protección del bien jurídico protegido del uso racional y sostenible del suelo y de sus aprovechamientos obligan a la imposición de la demolición", ya que "ante el fracaso de la actuación administrativa en materia de disciplina urbanística, de la cual la mera existencia de asentamientos como el de 'El Alcornocal' es ejemplo palpable, sólo el derecho penal se configura como el mecanismo más radical de protección de los bienes jurídicos afectados".

Por todo ello, el juez condena al acusado por un delito contra la ordenación del territorio, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a un mes y medio de cárcel, 360 euros de multa y otro mes y medio de inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la construcción, así como a la demolición de lo construido a su costa.

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